El complejo metalúrgico nunca demostró su viabilidad económico financiera, porque tuvo utilidades al costo de no invertir en el PAMA, no pagar sus impuestos a la Sunat y no invertir en modernizarse. Es decir, obtuvo “ganancias” al costo de la salud de la población de La Oroya y sus trabajadores y de obtener prebendas del Estado Peruano representado por el MEM.
Por: Juan Aste Daffós
269/06/2010. Para empezar, la misma Doe Run Resources que pagó los 121.5 millones de dólares por la compra del complejo en octubre de 1997, se devolvió dicho pago con el préstamo de 125 millones que pocos días después se hizo su subsidiaria dentro de Doe Run Peru ( Doe Run Mining poseía 99% de DRP). En marzo de 1998 esta subsidiaria se prestó 125 millones de dólares del Banco de Crédito Overseas Limited, y en junio del 2001 al fusionarse con DRP le transfirió la deuda. Finalmente, Doe Run Resources pagó la deuda de DRP e hizo firmar a esta un pagaré por 139.1 millones de dólares, con lo cual el dueño pasó a ser el principal acreedor de DRP.
El Estado Peruano, representado por el MEM, le aprobó, sin sustento técnico, tres modificaciones al PAMA para sustentar igual número de postergaciones de plazos dentro del cronograma del mismo, afectando la salud de la población, así como seis modificaciones al Estudio de Factibilidad de la inversión del proyecto de modernización de circuito de cobre; remesó 97 millones de dólares a su Directorio en EEUU entre 1998 y el 2004 bajo la forma de Honorarios y comisiones por ventas (3%); y aplicó la doble depreciación con el anticonstitucional DS 120-94-EF, razón esta última por la que fue acotada por la Sunat.
Asimismo, no hay un informe público de la auditoría sobre el cumplimiento de la inversión de 50 millones de dólares entre 1998 y el 2002 como era su compromiso. Tampoco se pudo hacer una auditoría ambiental porque la legislación señala que esto solo se puede hacer cuando culmine el período de 10 años que se le dio a Doe Run Peru para cumplir con el PAMA.
En resumen, Ira Leon Rennert, un especulador financiero en EEUU, nunca ha estado dispuesto a invertir 174 millones en el complejo metalúrgico y hay grandes dudas sobre la inversión que dice haber realizado.
2. La viabilidad económico financiera del complejo metalúrgico ( la rentabilidad de largo plazo) depende de su integración con empresas mineras que lo abastezcan de concentrados (cobre, plomo-plata y zinc con contenidos de oro y 23 metales menores como bismuto, indio, selenio, telurio y otros), tal como era con Centromín, así como por su competitividad en el procesamiento y la recuperación metalúrgica frente a la mayor competitividad de fundiciones y refinerías modernas con bajo costo que hay en el mercado internacional. Aclarar la situación de la empresa requiere hacer una auditoría económico financiera que hasta hoy el Estado Peruano no hace así como una evaluación económico financiera que determine la solvencia de la misma.
3. Si DRP puede generar excedentes hasta por 30 millones de dólares anuales en el mejor de los casos, pero tiene que invertir más de 200 millones de dólares hasta marzo del 2012 para cumplir con instalar una planta de ácido sulfúrico (PAMA) y modernizar el circuito de cobre, además de pagar 270 millones de dólares a la Sunat y 14 a Osinergmin, 120 millones de dólares a los acreedores no involucrados y más de 150 millones de dólares al dueño de DRP, además de las remuneraciones y devengados a los trabajadores, la conclusión es que DRP no es viable económica y financieramente porque no podría cumplir con el PAMA y pagar a sus acreedores ni a la Sunat.
Cualquier esfuerzo de DRP hasta el 24 de julio del 2010 no resolverá el problema de fondo. Por ello, DRP planteó públicamente el viernes 11 de junio del 2010 que la empresa solo es viable si se modifica el contrato de privatización para no asumir las indemnizaciones por daños a la salud luego de cumplido el plazo del PAMA, si se reducen los estándares ambientales y si no paga a la Sunat ni a Osinergmin.
El problema es ¿algún inversionista minero o un proveedor de concentrados o un consorcio de los mismos podría asumir el complejo en las actuales condiciones?
4. Lo cierto, es que DRP no cumplirá con el PAMA ni pagará a sus acreedores, por lo que definida la situación de la viabilidad de la empresa en el proceso concursal en el Indecopi, en que el Estado (Sunat y Osinergmin) debiera estar adecuadamente representado, conjuntamente con los otros acreedores, y el dueño de DRP, se decidirá el futuro del complejo metalúrgico.
5. Paralelamente, debe evaluarse la resolución del contrato y la cobranza de las deudas al Estado, a los acreedores y a los trabajadores. En cualquier caso, el Estado debe tener una alternativa, con o sin complejo, para la población de La Oroya y sus trabajadores que no son los responsables por lo ocurrido.
