Finalmente, llegamos al quinto punto que confirmó la vocación gubernamental de conflictividad en un solo mes: la publicación del Decreto de Urgencia 012-2010, el 18 de febrero pasado, a fin de ordenar y limitar la minería artesanal e informal en la región de Madre de Dios. Decreto no precisamente negativo en sí mismo, pero a contracorriente de las expectativas del gobierno regional de Madre de Dios y la Federación de Mineros Artesanales de Madre de Dios (FEDEMIN), organización minera artesanal hegemónica en la zona. La cual casi de inmediato acordó realizar un paro de rechazo el 4 de abril, que contó con el respaldo de la Federación Nacional de Mineros Artesanales (FENAMARPE), gremio nacional al cual estaba afiliada.
La terca vocación por la conflictividad socioambiental del gobierno (Tercera y última parte).
Primera Parte
Negar la contaminación y desmovilizar
Segunda Parte Desmoviliar o desplazar comunidades
Por Raúl Chacón Pagán
12/04/2010. Precedido por un sicosocial a través de internet (anunciando medio ciento de muertos en Tambopata, entre mineros y policìas), este paro, tras seis lamentables pérdidas humanas durante su primer día, tuvo el 7 de abril un súbito desenlace. Al cuarto día de la protesta indefinida, mineros y gobierno, pese a sus aparentes diferencias irresolubles, dieron inicio al diálogo, sintiéndose ambos actores igual de victoriosos. Ello pese a que la posición de los dos al final no era exactamente la maximalista que tenían al principio del paro, lo cual les significó a ambos abandonar la inflexibilidad manifiesta que generó el conflicto. ¿Buena señal de que están pasando los tiempos de la criminalización de la protesta social, o sólo mero cálculo político del gobierno para evitar exacerbar, en tiempos preelectorales, la normalmente alta conflictividad social del país? Veamos.
Hoy en día, el Perú bien podría ser uno de los países más conflictivos del mundo, con 250 conflictos sociales en promedio al mes, según los datos de la Defensoría del Pueblo. Así que, según el sentido común oficialista, era saludable iniciar un proceso de diálogo más para evitar daños mayores a la gobernanza y el Estado de Derecho. Lo cual no garantiza que los dos bandos en pugna consigan sus objetivos dialogando entre sí. Hay varias razones para eso. En primer lugar, aún está lejos de resolverse el antagonismo con el ministro del ambiente, Antonio Brack Egg, que llevó a los mineros artesanales a su medida de fuerza, sólo han recuperado la esperanza perdida hace unos meses. Segundo, no es buen augurio que el asesor principal de la FEDEMIN, el químico José Luis Quequejana, tildado de asesor de la FENAMARPE, haya sido acusado por el gobierno de organizar a los mineros en Chala, Arequipa, estando él en Madre de Dios. Tercero, el discurso oficial no es congruente con un gobierno dedicado a promover, en un horizonte de diez años, una lluvia de proyectos en una zona tan delicada como la Amazonia (53 petroleros, 52 hidroeléctricos, casi 25,000 derechos mineros titulados, casi 500,000 hectáreas biocombustibles, etc, según Marc Dourojeanni), sin detenerse en consideraciones ambientalistas. Y cuarto, el oficialismo tiene una imagen básicamente negativa de los mineros artesanales, resaltando que operan en condiciones lamentables, humana y ambientalmente (“sin seguridad laboral y contaminando con mercurio los ríos”), como poco transparentes y hasta criminales (“fomentan el trabajo infantil y la trata de mujeres y menores de edad”).
Adicionalmente, cada actor tiene argumentos que suenan coherentes, pero que su interlocutor se niega a aceptar. Por un lado, Brack señala que las nefastas dragas no son minería artesanal, sino mediana minería informal (que sería los dos tercios de la minería informal en la región). Actividad que causa un grave impacto en los suelos aluviales de Madre de Dios, por lo que debería ser erradicada. Además de que sus dragas llegaron a los ríos de Madre de Dios pasando por encima de todas las instancias estatales de control y fiscalización durante años, lo cual configura, a todas luces, un escenario de corrupción de funcionarios públicos. Por su parte, la FEDEMIN sostiene que actualmente sus niveles de contaminación ambiental por mercurio han bajado gracias al uso de retortas, que permiten su recuperación, algo que les interesa a los mineros dado el costo de ese metal. Y atribuyen los actuales niveles de contaminación de los ríos a los impactos generados por la minería artesanal de hace años, algo que también suele ocurrir en el caso de la gran minería formal, que antes de los años 90 operaba con estándares ambientales más laxos.
Pese a todo, ambos actores se han sentado a dialogar, sabiendo los mineros que el mismo Brack Egg, anunció reiterativamente (incluso el 6 de abril, a un día de levantarse el paro) que hay tres cosas no negociables: la suspensión de los petitorios mineros desde el 19 de marzo del año pasado, la zona de exclusión minera y el retiro de las famosas 15 dragas, de las cuales una sería propiedad del alcalde del distrito de Tambopata. Medidas precisamente incluidas en el artículo 2do del decreto de urgencia que tanto mortificó a los mineros. Lo cual fue respondido por la FEDEMIN de manera tan rotunda como defensiva desde febrero: “Señor Presidente García, no somos ni narcotraficantes ni delincuentes, y si se piensa dar ingreso a las petroleras y empresas de gas, que tienen casi el 50% de la Amazonia sin importarle las zonas de parques ni áreas naturales protegidas, si se quiere priorizar un proyecto como el Hidroeléctrico de Inambari, que deforestaría más del doble que los mineros han deforestado en 100 años, entonces ese decreto de urgencia es un DECRETO HIPOCRITA. Porque permite eliminar la biodiversidad y dañar el ecosistema, por un lado, y por otro pretende de plano eliminar una actividad que lidera la economía de toda una región”. Vale decir, los mineros destacaron la ya señalada ambivalencia del gobierno: ambientalista frente a unos, pero todo lo contrario frente a otros.
De ahí que el pliego de reclamos del paro de este sector de mineros artesanales haya sido: Destitución del ministro Brack Egg; derogatoria del Decreto de Urgencia N° 012-2010; derogatoria del D.S. N° 019-2009-EM (que suspende los petitorios mineros en Madre de Dios); no a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Inambari; inclusión de Madre de Dios en el Plan Nacional de la Formalización del Pequeño Minero y Minero Artesanal en el Perú; rechazo a las exploraciones de la Petrolera Hunt Oil en Madre de Dios, y creación de la Empresa Electro Madre de Dios. Plataforma dejada de lado en gran parte, por ahora, empezando por el hecho de que Brack sigue en su cargo.
Aunque el entrampamiento mineros artesanales-gobierno, en realidad, sería menos reciente, según los primeros. Aquellos han señalado que después de su paro nacional anterior, en mayo del 2009, se instaló una mesa de diálogo en la Presidencia del Consejo de Ministros, en la cual se alcanzaron acuerdos que hasta hoy no se cumplen y que, por el contrario, se aprobó el DU 012-2010 sin consultárseles. Decreto que también hizo temer una “veda generalizada” de la minería artesanal en todo el país, para favorecer a los grandes intereses económicos. Temor relacionado con la demostrada proclividad del gobierno hacia los inversionistas extranjeros, como las grandes mineras, que todavía reciben beneficios tributarios heredados del gobierno de Fujimori. Algo que no les impidió a los mineros artesanales reclamar, más bien, una política de Estado nacional para regular su actividad.
Por el momento, los mineros artesanales se han contentado con el ofrecimiento del gobierno de revisar, no derogar, el decreto de urgencia, a través de una Comisión de Alto Nivel, así como con la creación de la Comisión Técnica Multisectorial para la elaboración y seguimiento de la implementación del Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal. Ayudaron en ese sentido las recientes disculpas de Velásquez Quésquén por el uso de un adjetivo poco feliz (“salvaje”) por parte del presidente García, señal de la inicial beligerancia oficialista para con los protestantes. Y también el que haya reconocido una precipitación del gobierno al promulgar el decreto de urgencia. Todo lo cual sólo se produjo después del levantamiento social en Madre de Dios y Arequipa, con lo que se ratifica que sin fuerza social no hay diálogo posible con los actuales gobernantes.
En los próximos meses veremos si esta vez el diálogo da mejores resultados en cuanto a la gestión ambiental y ordenamiento de la minería artesanal e informal, o si este es otro de los “problemas” irresolubles del Perú. Sin olvidar que, en realidad, la minería artesanal es una solución para uno de los principales problemas nacionales: El déficit de fuentes de empleo con ingresos mínimamente aceptables. Algo que nos hace recordar que sólo se puede hablar de desarrollo sostenible considerando al mismo tiempo lo social, lo ambiental y lo económico.
