Mario Palacios es el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades de Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), que agrupa a diferentes comunidades que practican la agricultura y la ganadería frente a la actividad minera. Asegura que las concesiones administrativas abarcan una superficie de casi 19 millones de hectáreas y que en Perú hay 250.000 intoxicados por la minería.
Fuente: Menorca.info
25/11/2009. Palacios participó el pasado viernes en el Ayuntamiento de Maó en una charla sobre las inversiones mineras de empresas multinacionales en el país sudamericano y su incidencia en las comunidades indígenas.
¿Por qué una actividad económica resulta tan perjudicial para un territorio?
La minería ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 15 o 18 años, debido por la imposición del modelo económico basado en el liberalismo. Los que sufrimos los efectos negativos de la minería decidimos organizarnos para defender nuestros derechos y promover una propuesta alternativa, puesto que para el Gobierno la minería es sinónimo de desarrollo. Es una actividad positiva para el inversionista, porque invierte en condiciones muy favorables, también es cierto que deja algo para el Estado, pero no promueve el desarrollo ni mejora las condiciones de vida las comunidades locales.
¿Cuáles son estos efectos negativos?
Perú exporta actualmente el 64 por ciento de metales, lo que conlleva la excavación de inmensos huecos en el territorio, se perjudica el agua, la tierra y la salud humana. Se acrecienta la pobreza y se perjudica la actividad tradicional en nuestras tierras. Nuestra organización no acoge a todas las comunidades, pero tiene alrededor de 200.000 afiliados, que si contabilizamos a la totalidad de las familias, hablamos de 1,2 millones.
Pero la minería debe emplear a numerosas personas.
No, la minería emplea a menos del uno por ciento de la población activa del Perú. La minería moderna es altamente tecnificada y mueve grandes extensiones de tierra, lo que produce la contaminación del agua. Además, para ser una actividad rentable tiene que hacerse en grandes dimensiones. Yo vengo de una ciudad muy minera, con una actividad mediana y diariamente se mueven 8.000 toneladas. Otras mineras más modernas como en Cajamarca mueven 600.000 toneladas, es algo impresionante porque hoy ves un cerro y mañana ya no existe.
¿Y qué hace el Gobierno para solucionar estos problemas?
El Estado no garantiza nuestros derechos. Promueve la actividad minera de forma que violenta las propias normas internas. La minería en Perú es tremendamente perjudicial, el Estado es incapaz de fiscalizarla y de sancionar los daños que se producen en la salud y en el medio ambiente. Sólo dos ejemplos: La Oroya, que realiza un actividad metalúrgica ligada a la minería desde hace 70 años, es la octava ciudad más contaminada en la Tierra; en Cerro de Pascua, con más de 100 años de minería, ocho de cada 10 niños están intoxicados de metales pesados, por lo que el Gobierno pretende solucionar la contaminación ambiental con el traslado de una población de unos 75 habitantes a un lugar que no sabe donde. El Gobierno no debe priorizar una sola actividad, como es la minera, sino que debe potenciar otras. También hemos pedido que haya una zonificación de la minería, para evitar la agresión a los ecosistemas frágiles
¿Cuál es la incidencia en la salud de las personas?
En Perú hay 250.000 personas intoxicadas por metales pesados producto de la actividad minera. Lo grave es que no hay una política sanitaria, no hay clínicas ni hospitales para atender a los intoxicados. Tampoco hay una política de reparación de los daños, no se indemnizan a los afectados. Por tanto, la minería no se convierte en una posibilidad de desarrollo, sino en una tremenda amenaza para nuestro pueblo.
