Más de dos años después de la consulta vecinal sobre el proyecto minero Río Blanco Copper (ex Majaz), las autoridades del Ejecutivo no cumplen aún con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para que la empresa se retire de la serranía piurana.
Fuente: Coordinadora Nacional de Radio CNR
Lima, 29/09/2009. Así lo denunció el alcalde de la provincia cajamarquina de San Ignacio, Carlos Martínez, quien invocó al gobierno central a disponer la salida de Río Blanco Copper S.A de las comunidades campesinas de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba), en Piura.
Martínez, quien es además presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), señaló que no hay interés alguno de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para retomar el diálogo sobre el cierre de operaciones de Río Blanco y que dicha compañía concrete una remediación ambiental.
Por otra parte, el burgomaestre indicó que la ONG “Integrando”, creada -según dijo- para favorecer los intereses de Majaz, y asociada al Grupo Romero, interviene en la zona “sembrando conflicto en zonas como Jaén, Ayabaca y San Ignacio, dividiendo a la población”.
Agregó que las autoridades policiales y de la gobernación local no prestan atención a los reclamos de los dirigentes comuneros “pero sí dan todo el aval a lo que dice la empresa y la ONG Integrando”. Informó que de toda esa problemática se dio cuenta a la Defensoría del Pueblo en la visita que realizaron ayer a dicha institución.
Incremento de concesiones
Por otra parte, denunció que hay mapas que acreditan el incremento de las concesiones mineras de seis mil a 24 mil hectáreas, y superponiéndolas a zonas protegidas, como el caso de la reserva de Tabaconas Namballe, donde se ha dado una concesión a favor de una compañía canadiense.
“Ése es el legado del ex premier Yehude Simon. En esa zona hay páramos únicos en Latinoamérica”, expresó en el programa Diálogo Directo, de CNR.
En el 2007, los distritos piuranos de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa se pronunciaron mayoritariamente en contra del proyecto de la minera Río Blanco, cuyas actividades comprometían cuencas acuíferas en San Ignacio, Jaén (en Cajamarca) y otras localidades.
