Tres de ellas afectan directamente los recursos naturales del río Tunquimayo. Consejo de Naciones de Qoylloriti interpondrá recurso de nulidad de permiso a mineras. Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), son cinco las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Estas afectarían el área intangible del Santuario de Qoylloriti, ubicado en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi.
Fuente: La República
Se informó que en Ocongate existen tres concesiones mineras superpuestas con el Santuario, mientras que por el lado del distrito de Ccarhuayo existen dos.
Una de las bases del estudio y análisis de los juristas del IDL fue el mapa extraído de la web de Ingemmet, donde advierten que no solo las mineras rodean el Santuario, sino que se superponen en algunos extremos, ya sea en un pequeño porcentaje.
Las empresas propietarias de las concesiones son: Los Apus (Rossana Amparo Montoya Ruiz); Tantacocha (Rober Sánchez Carrasco); Noe 20131 (Noe Olger Turpo Cruz), Kcorimina ( Minera Manecy S.A.C.); Misterosito Uno (Inversión Zerón E.I.R.L.).
Mientras que las comunidades afectadas por las mineras son: Puca Orqo, Checcaspampa, Mahuayani, Pampacancha, Yanacancha y Tayancani.
IDL aseguró que hay tres concesiones que afectan directamente los recursos naturales del río Tunquimayo, recurso indispensable para la subsistencia de las comunidades campesinas.
La entidad legal, así como el Consejo de Naciones de Qoylloriti, que tiene como representante a Nolberto Vega, aseguraron que la delimitación física con hitos, como estaba establecido hace meses, ya no es la solución.
“La siguiente semana interpondremos el recurso de nulidad de las concesiones de estos cinco puntos en conflicto. Además, exigiremos la ampliación de la zona intangible a un polígono de 10 km a la redonda”, aseguró Nolberto Vega.
Se trasgredería Constitución
Con las concesiones superpuestas a la delimitación del área del santuario como Patrimonio Cultural de la Nación, se trasgrede el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación del Estado de protegerla, independientemente de su condición de propiedad “pública o privada”.
De validarse estas concesiones se afectaría también la determinación del Tribunal Constitucional que estipuló la mayor protección necesaria al Patrimonio Cultural.
