Los comuneros de Las Bambas están encadenados a una banca frente a la Defensoría del Pueblo, mientras los agentes antidisturbios los observan y los representantes de dicha institución escuchan sus testimonios, para intentar establecer una mesa de diálogo con las autoridades. Comenzaron con la huelga de hambre el martes, y no tienen intenciones de levantarla si el gobierno central no atiende sus demandas contra la envenenamiento minero que sufren en sus comunidades.
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Fuente: La Plaza
Tomando agua y mascando coca, los representantes de las comunidades cotabambinas de Fuerabamba, Pumamarca, Sacsahuilca, Charhuahuacho, y otras trece más esperan que se suspendan las actividades del proyecto minero Las Bambas, acaso el más ambicioso en nuestro país, hasta que se dé un verdadero diálogo entre ellos, el gobierno y la empresa estatal china MMG Limited, ejecutora del proyecto. Ayer martes, los policías trataron de desalojarlos a la fuerza del espacio que ocupan en la plazuela San Pedro, pero los funcionarios de la Defensoría intercedieron por ellos.
“Nosotros somos los directamente afectados por este proyecto minero, porque somos propietarios. Hemos venido en marcha de sacrificio a Lima, fuimos recibidos por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroperuanos que dirige la congresista Leyla Chihuán. Nosotros creíamos que la semana pasada ya nos iban a recibir, sentando una mesa de diálogo. Nos han engañado. Es una farsa y denunciamos públicamente que es otro paseo más, en este caso del legislativo, que se compromete y dice que están las cosas hechas cuando en realidad no están. Esto nos molesta demasiado, porque no está permitiendo que sigamos los canales apropiados para desarrollar un trabajo de diálogo” acusa Rommy Cabrera, portavoz de los comuneros.
En la Presidencia del Consejo de Ministros, les dijeron que el tema tienen que tratarlo con la próxima gestión en el Ejecutivo, luego de las elecciones. Mientras tanto, sus animales siguen muriendo por beber las aguas contaminadas del río Challhuahuacho y sus hijos siguen respirando el aire enrarecido de la zona, producto de la planta de molibdeno que MMG ha puesto cerca a sus comunidades desde el año pasado. Sumado a esto, los dirigentes tienen que sufrir el acoso policial de los efectivos que permanecen en la zona.
Cabe recordar que en setiembre del año pasado, los enfrentamientos entre los campesinos de Las Bambas y la Policía dejaron cuatro civiles muertos en solo un par de días, cuando los agricultores salieron a protestar contra las irregulares condiciones en las que se cambió el estudio de impacto ambiental (EIA) de la mina, la cual ya viene operando desde el 2004. A diferencia de otros conflictos como el de Conga, en Cajamarca, o el de Tía María, en Arequipa, aquí la concesión pertenece no a una empresa privada sino a una del Estado chino, país que es el principal destino de las exportaciones peruanas, por lo que habría un mayor recelo por no chocar con dichos intereses.
“Podemos interponer una acción de amparo porque se ha violentado el derecho a la consulta previa de las comunidades campesinas e indígenas, contemplado en el convenio 169 de la OIT. Contra la ocupación policial y militar tendría que haber una demanda de habeas corpus, porque no se puede desplazar a las comunidades. Es un desplazamiento forzado que está vulnerando su derecho a la libertad de tránsito. Ha habido homicidios calificados, cometidos en contra de ellos para abrir paso al negocio extractivo. Estamos pensando en presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” sentencia Wilfredo Robles, abogado de los comuneros.
La indiferencia del Estado no es el mejor recuerdo que se llevarán de nuestra capital, pero sí la solidaridad de los activistas limeños que apoyan su lucha. Rommy y los demás comuneros nos advierten de la eventualidad de un paro indefinido en la provincia de Cotabambas, ante el inminente fracaso de las negociaciones.
