La Comunidad campesina de Parobamba, ubicada en el distrito de Yanatile, provincia de Calca, Cusco, es considerada como un pueblo quechua en la clasificación que realizó el Viceministerio de Interculturalidad para definir las zonas en donde, para desarrollar una actividad minera por la empresa canadiense Minera Focus, se debe ejecutar un proceso de Consulta Previa.

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Fuente: La Mula

De hecho, Parobamba no figura todavía en la base oficial del Ministerio de Cultura (Mincu), más bien se conoce la presencia de esta comunidad gracias a una filtración que hizo el portal de investigación OjoPúblico, en donde se incluyen a los pueblos quechuas como sujetos de consulta previa.

Según el documento del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al que LaMula.pe tuvo acceso, la etapa informativa entre la empresa canadiense Minera Focus, que es la que ejecuta el proyecto de mina Aurora, y la comunidad de Parobamba empezó el 8 de setiembre y continuará en los próximos 30 días (calendario).

Este proceso se suma a los 15 que están en la página web especializada del Mincu, 13 de ellos están vinculados a pueblos amazónicos y dos a políticas públicas de alcance nacional.

La noticia de la realización de consulta previa para exploración minera a una comunidad quechua se da después del tire y afloje que significó el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones ante las empresas extractivas que intentaban operar en sus territorios.

En abril de este año, el exviceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, recordaba que las comunidades quechuas no estaban siendo incluidas en la base de datos.

“Ni una sola de las comunidades campesinas de habla quechua está aún considerada. Estas, por sí solas, representan más de la mitad de las comunidades que deberían estar incluidas. Ni una sola consulta se ha realizado en el sector minero”.
De hecho, en marzo de 2013, Marco Sifuentes describía, para La República, cómo eran vistas las comunidades quechuas en el MEM dirigido por Jorge Merino.

“—¿Una comunidad indígena quechua en Apurímac? ¡No me jodas! —le habría espetado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, a Lanegra en diciembre del año pasado (2012)”.
En julio de este año, la investigación de OjoPúblico estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en tierras quechua sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía.

“Corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo”
De hecho, la actual ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, recalcó que en estos 25 casos se realizaría una consulta previa “a destiempo” para prevenir alguna afectación de derechos de las comunidades que habitan las áreas de influencia.

Iván Lanegra, quien actualmente es adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, destacó el proceso de consulta previa para la mina Aurora a una comunidad que aún no figura en una base de datos “oficial” del Ministerio de Cultura.

“Es un precedente clave. La base de datos no es indispensable para exigir consulta. Toda explotación o explotación en condiciones similares podrá exigir lo mismo”.
Sin embargo, sobre el cuestionamiento si este primer proceso de consulta cumplirá con los objetivos establecidos y no será un mero trámite para la empresa, Lanegra sostuvo:

“La consulta es un asunto de buena fe. No es algo que debe basarse en candados y sanciones. No obstante la ley y el reglamento plantean sanciones administrativas por no cumplir con las obligaciones”.
El especialista adelantó que la Defensoría del Pueblo seguirá el caso pero que este es un proceso de aprendizaje.

“No puedes juzgar una política por su primer caso. Es clave sacar lecciones para mejorar también”.
Si bien la comunidad quechua de Parobamba no figura aún en la base de datos oficial, el Mincu ha ofrecido publicar la lista completa en diciembre. El retraso o más bien la lentitud con que avanza esta cartera, según la interpretación de Lanegra, se debe al temor a que la consulta afecte la exploración minera.

Es más, la posición del gremio minero es contraria a este proceso, en tanto retrasa sus inversiones y por temor al veto social de las comunidades.

El propio presidente de Perupetro, Luis Ortigas, dijo que la consulta previa demora los procesos de concesión, aunque destacó que su aplicación evita conflictos sociales alrededor de proyectos extractivos.

En fin, la etapa de diálogo para las operaciones de la mina Aurora durará 10 días y la reunión con la comunidad está fijada entre el 23 y el 25 de octubre próximo.

Si este será el primer ejemplo de consulta previa en minería, es menester que todos los ojos fijen la mirada en el correcto cumplimiento de este procedimiento, por el bien de las comunidades y de las inversiones.