En Tragadero Grande, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco, Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz. “Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya”, dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.
Fuente: El País
El proyecto Conga está administrado por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) y Corporación Financiera Internacional (5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.
Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra. “Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna”. En 2011 ella denunció a Yanacocha ante la fiscalía de Celendín porque quiso arrebatarles por la fuerza su predio Tragadero Grande. “Desde ese año, vivimos intranquilos, como secuestrados entre las montañas, porque la minera nos acosa y controla nuestras entradas y salidas”.
La minera se remite a una hoja informativa en la que asegura que en 1996 compró varios terrenos a la Comunidad de Sorochuco, entre ellos el de Tragadero Grande. “La propiedad de Yanacocha sobre los predios en cuestión está acreditada por los documentos de transferencia que son legalmente válidos, que han sido debidamente inscritos, y por varias actuaciones fiscales y documentos que obran en el proceso judicial”. Además, sostiene que “la venta de los terrenos se realizó con la aprobación de la Asamblea de la Comunidad Campesina de Sorochuco, y los documentos de venta fueron firmados por los representantes de la comunidad y por miembros que actuaron como testigos, incluyendo al señor Samuel Chaupe Rodríguez, padre de Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña”.
Pero Máxima aclara: “En 1996 la minera fue comprando a cada familia sus predios. Nuestros vecinos nos preguntaban por qué no vendíamos. ‘Esta es nuestra tierra y aquí nos quedaremos’, les dijimos”. Ella compró el predio a la Comunidad de Sorochuco en 1994. “Tengo el certificado de posesión donde se reconoce que soy propietaria y comunera. Nos dedicamos a la agricultura y al pastoreo, cultivamos papas y ocas, no hacemos daño a nadie”.
En 2011 Máxima pasó de ser denunciante a denunciada. “Yanacocha nos demandó por usurpación agravada. Ordenaron que nos desalojaran, incluso que fuéramos a la cárcel y que pagáramos una reparación a la minera”. Para entonces, su historia ya era conocida entre las organizaciones de derechos humanos y se había convertido en símbolo de la lucha contra el proyecto Conga. La ONG Grufides asumió la defensa legal y finalmente, en diciembre de 2014 y en segunda instancia, la corte de Cajamarca la declaró inocente del delito de usurpación agravada.
Sin embargo, la minera sostiene que la sentencia a favor de Máxima es en el ámbito penal y no la reconoce como dueña. La opción que queda ahora es ir a un juicio civil para esclarecer el tema de la propiedad de este terreno de 23 hectáreas. De momento, la defensa de Máxima ha denunciado a Yanacocha por usurpación agravada y ha presentado un recurso de habeas corpus para impedir lo que consideran hostigamiento.
#MáximaNoEstáSola
Máxima ya no está sola, su sufrimiento ha despertado la solidaridad de diversas organizaciones y personas, y es una figura internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidieron al Estado Peruano garantizar la vida e integridad de Máxima Acuña y su familia.
Residencia de Máxima Acuña de Chaupe en la Laguna Azul.
La Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca, integrante de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM), red regional de mujeres de origen rural e indígena afectadas por prácticas y políticas mineras, presentaron una denuncia ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ante la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su intervención ante esta grave violación de los derechos humanos.
Melissa Wong Oviedo, representante de ULAM sostiene: “En América Latina es creciente la violencia psicológica, física y ambiental contra las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes por parte de las industrias extractivas. Son despojadas de su territorio, son víctimas de la trata y abusadas sexualmente. La industria extractiva les afecta más que a los hombres, porque se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de agua, son las garantes de la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias y pierden su trabajo al ver sus tierras improductivas. Además, como el caso de Máxima, se exponen a la intimidación y abusos de trabajadores mineros y son criminalizadas por sus gobiernos, por denunciar y protestar”.
Máxima sostiene que el Presidente Ollanta Humala les ha traicionado: “En su campaña electoral nos prometió proteger el medio ambiente y el agua. Ahora no dice nada y calla ante los intereses de la empresa minera. Le pido que se pronuncie y deje de defraudar a la población”.
Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra: “Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna”
Insiste que no se dejará sobornar por la mina, que no venderá su predio porque no busca beneficio personal y suceda lo que suceda continuará con su causa. “Nuestra lucha no sólo es por mi familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las personas y para proteger a la laguna”. Sostiene que en Cajamarca hay poblaciones donde la mayoría tiene cáncer porque tienen plomo en la sangre y nadie dice, ni hace nada. “Yo no voy a callar, sé que vendrán a buscarme y me van a desaparecer. Pero en el campo he nacido y en la tierra moriré”.
“A las hermanas y hermanos de todo el mundo les pido que sigan apoyando nuestra causa, porque su solidaridad nos protege, nos da ánimo y aliento”. Máxima pide ayuda internacional para que se haga justicia: “No es posible que una empresa abuse y hostigue a una familia que no tiene más sustento para vivir que el alimento que le dan la tierra y el agua”.
El 6 de marzo, la Red Latinoamericana de Mujeres ULAM, otorgó a Máxima el premio Defensora del Año 2014. Lina Solano Ortiz, presidenta de esta organización, sostuvo: “Ella es símbolo de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, más aún, cuando se encuentran en situación de riesgo”. Máxima Acuña fue seleccionada para este premio a través de una votación mundial vía internet, entre siete mujeres seleccionadas para obtener este reconocimiento.
El rol policial en el conflicto
Desde que se inició el litigio, Máxima denunció en reiteradas ocasiones ser víctima de agresión policial. Pese haber pedido garantías para ella y su familia, la policía sólo brinda protección a la minera. “Hasta estos momentos la policía y el personal de la minera siguen atacándonos con abusos y atropellos y destrucción de mi propiedad”. Explicó que en una oportunidad una de sus hijas terminó inconsciente debido a los golpes de agentes de la División de Operaciones Especiales (Dinoes).
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú (Idehpucp), en un informe publicado en noviembre del 2013, señala que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes) afirma tener 22 convenios con empresas extractivas, uno de ellos con el Proyecto Conga, los cuales se dan mediante un Plan de Operaciones, donde la Diroes a través de la Dinoes, dispone su personal, armamento y equipamiento operativo para cubrir las necesidades de seguridad de las empresas, las cuales, a su vez, otorgan un beneficio a la policía y al Estado Peruano.
A inicios del 2015 la Minera Yanacocha reanudó las intervenciones policiales. “El 20 de enero, policías y seguridad privada, contratados por la minera, volvieron a hostigarnos e intimidarnos. El 3 de febrero, 200 hombres de la DINOES, personal de seguridad, ingenieros y obreros destruyeron la casa que estábamos construyendo. Y el 5 de febrero colocaron unos cercos al lado de mi terreno y una caseta para vigilarnos a mí y a mi familia.”
