Un grupo de expertos analizó el documento presentado por Southern y encontró graves deficiencias. Además, el gobierno parece no querer que vuelva a ser revisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Fuente: La Mula
Del proyecto Tía María se ha hablado y se habla mucho. En especial de lo más mediático: policías que siembran armas, conversaciones telefónicas que develan sobornos, balazos y ‘huaracazos’. Pero algo más sustancial, como es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que representa el verdadero origen de todo el problema, sigue siendo pasado por alto.
Una investigación de Convoca.pe, difundida hoy por La República, explica que el nuevo EIA presentado por Southern Copper al Ministerio de Energía y Minas (Minem) todavía tiene varias sombras y en el gobierno -comenzando por el presidente Ollanta Humala- parecen estar haciéndose de la vista gorda.
En resumen, son dos temas los que más preocupan:
1. ¿DÓNDE ESTÁ EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD?
En el nuevo EIA que Southern encargó a la consultora Geoservice solo se incluyen diez carillas en las que se explica cómo se construiría la planta desalinizadora destinada a tratar el agua de mar y así no captar el agua del río Tambo, vital para los pobladores de la zona.
Pero especialistas que evaluaron este EIA -consultados por Convoca- aseguran que sí es necesario que se incluya un Estudio de Factibilidad, pues es la única garantía de que luego la minera no usará el agua del río.
Esta no es una omisión cualquiera: es el tema más delicado en este conflicto y uno de los motivos principales por los que se declaró “inadmisible” el primer EIA.
Y a pesar de eso, en su discurso del viernes pasado, Humala dijo que la empresa “ya subsanó todas las observaciones” que se hicieron al proyecto. Mentira rotunda.
2. ¿QUIÉN REVISA EL INFORME?
El segundo Estudio de Impacto Ambiental no ha sido revisado nuevamente por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que en el 2011 presentó 138 observaciones. ¿Por qué?
Según la consultora Geoservice -contratada por Southern para este trabajo-, ellos enviaron el informe a Unops, pero allí les indicaron que solo lo revisarían si el Minem se lo pedía (pues su política implica responder solo al Estado, no a empresas privadas).
Geoservice trasladó entonces el EIA a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, pero el ministerio no hizo nada más. Es decir, encarpetó el documento.
Tanto el entonces ministro Jorge Merino como el viceministro de Minas Guillermo Shinno aseguran que no sabían nada del pedido de Geoservice para que el Minem presente el estudio a Unops.
Pero en el registro de visitas del Minem aparece una reunión de Shinno con funcionarios de Geoservice por esas fechas. ¿Una mentira más?
En medio de todo, Humala se resiste a tomar una acción concreta sobre el proyecto y, en paralelo, Southern le pone una “pausa” de 60 días. ¿Alguien explicará estos vacíos o nuevamente se impondrá el silencio?
