Perú – 30/11/07. Un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú revela que el 55% de las seis mil comunidades campesinas con propiedad de tierras en Perú se ven afectadas por la actividad de las empresas mineras y plantea la necesidad de crear una autoridad ambiental independiente y autónoma, que permita “certificar de manera imparcial” cómo afectan a las poblaciones la labor de las mineras.
Un informe elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros en Perú revela que el 55% de las seis mil comunidades campesinas con propiedad de tierras en Perú se ven afectadas por la actividad de las empresas mineras.
José de Echay, miembro de la ONG Cooperación, explicó que “el objetivo es proporcionar una información rigurosa que permita buscar soluciones a los conflictos”, pues se constató un marcado déficit de información “y una tendencia a caricaturizar el conflicto”, argumentó, en alusión a quienes ven en estos problemas una “oportunidad”.
El informe plantea la necesidad de crear una autoridad ambiental independiente y autónoma, que permita “certificar de manera imparcial” cómo afectan a las poblaciones la labor de las mineras. Según Echay, la evaluación ambiental debería ser estructural y tener “una mirada más global”, no sólo de proyectos individuales, lo que permitiría conocer, por ejemplo, “si a Perú le interesa que la zona de Majaz (Piura) se convierta en un distrito minero”.
Dicho informe presenta de manera detallada y sintetizada los casos más emblemáticos en materia de conflictos mineros: el caso más extremo como es el de la empresa Doe Run Perú en La Oroya, hoy catalogada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo; la polémica alrededor de la actividad de la Minera Majaz en Piura; el caso Tintaya en Cusco, la tercera productora de cobre en el Perú. Asimismo, el caso del proyecto Las Bambas en Apurímac, Yanacocha y Miski Mayo en Cajamarca.
Los informe regulares de la Defensoría del Pueblo, confirman que la mayoría de conflictos sociales en el Perú tienen su origen en problemas ambientales y dentro de ellos los conflictos mineros representan algo más del 50% del total. El avance de la minería en varias regiones del país, viene generando un conjunto de impactos: el uso desordenado y no sostenible de recursos naturales, renovables y no renovables, contaminación del aire, suelo y aguas; afectaciones a la salud y alteraciones de diferentes ecosistemas, son algunos ejemplos de los temas en disputa.
Todos estos aspectos motivan hoy en día graves tensiones sociales en las zonas de influencia de la minería y han puesto en debate el tipo de crecimiento ocurrido en estos últimos años.
En Cajamarca, el crecimiento acelerado de la minería, carente de mecanismos de control y provocando graves impactos, se expresa en los diferentes casos de conflictos que se vive en varias provincias.
En Piura, el caso Majaz nuevamente ha puesto en debate el tema del ordenamiento territorial, la zonificación y el derecho a la consulta.
En Junín y de manera más especifica en la localidad de La Oroya, los graves impactos en la salud y la situación de emergencia actual son consecuencia de los incumplimientos de las obligaciones ambientales de una empresa y la debilidad del Estado para fiscalizarla.
En el Cusco, en la provincia de Espinar, los procesos de diálogo y los acuerdos logrados, vienen siendo puestos a prueba día a día y tienen el desafío de mostrar resultados y avances concretos.
Y finalmente en Apurímac, otra nueva zona de expansión minera, un megaproyecto como el de Las Bambas entra a una fase de definiciones y tendrá que abordar una agenda compleja, donde se incluyen temas de reubicación de comunidades.
La especificidad de cada caso presentado en el informe permite al mismo tiempo identificar temas de fondo que están a la base de una agenda global sobre el rol de la minería en el Perú.
El análisis de los conflictos muestra que las poblaciones perciben que la expansión de la minería las afecta: la presencia de esta actividad, incluso desde la etapa de exploración, ejerce una fuerte presión para controlar y manejar recursos que son estratégicos para la vida de estas poblaciones. Las poblaciones también señalan que el marco legal no les brinda los instrumentos para la defensa de sus derechos.
Los diferentes grupos que han venido actuando en torno a los casos en conflicto, han respondido a un claro esquema de defensa de derechos, pero además vienen planteando que se pongan en marcha nuevas reglas de juego que permitan una adecuada gestión ambiental y social en las zonas de influencia de la minería.
Algunos de los temas de la agenda vinculada a la minería son: el de la participación ciudadana, el derecho a la consulta, el del ordenamiento territorial y la zonificación, como recuperar gobernabilidad, por ejemplo, en materia ambiental; la transparencia financiera y el acceso a información sobre las concesiones y los proyectos mineros, etc.
Uno de los mayores méritos de los casos presentados, es haber puesto en evidencia que el desarrollo, con su imprescindible componente de crecimiento económico, debe tener necesariamente una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas, a los principios democráticos. El objetivo es evitar cualquier forma de marginación. Éste sigue siendo el principal reto en la agenda de trabajo en las zonas de influencia de las industrias extractivas.
