Luego de más de tres semanas de protestas, cierre de calles, marchas en contra de la minería a cielo abierto y la aprobación de la Ley 8, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, viajó ayer sorpresivamente a San Félix, Chiriquí, para anunciar que derogaría la ley. Tres horas después el Consejo de Gabinete, en reunión extraordinaria, aprobó derogar la ley. El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto derogatorio.
Fuente: diario La Presna
04/03/2011. “Las encuestas dicen que el 75% de la población panameña no quiere la minería ni entiende la Ley 8, y como Estado tenemos la responsabilidad de echar para atrás cuando sea necesario”, justificó el mandatario, quien llegó a las 9:30 a.m. en un helicóptero, acompañado del obispo de David, José Luis Lacunza; de su vicepresidente, Juan Carlos Varela; del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu; así como del presidente de la Asamblea, José Muñoz.
Martinelli señaló que no puede permitir que las “confusiones por grupos radicales que se aprovechan de la nobleza y la valentía del pueblo Ngäbe Buglé, pongan en peligro la paz del pueblo panameño”.
Su decisión de viajar a San Félix se da cuatro días después de que los grupos indígenas, que rechazan de manera férrea la minería, decretaran una tregua en espera de la derogación de la Ley 8 que ellos consideran lesiva para los recursos naturales y la autonomía de la comarca Ngäbe Buglé.
Fue en esa área de Chiriquí en donde se registró la semana pasada el enfrentamiento entre policías e indígenas, que dejó como saldo 17 heridos con perdigones, más de 20 detenidos y pérdidas en la economía por el bloqueo de la vía Interamericana por cuatro días seguidos.
La reunión entre el mandatario y los indígenas se realizó en el Centro de Capacitación Virgen del Camino, en San Félix.
Durante la reunión, el Presidente aseguró: “no me interesa un comino, un bledo o un guayabo las minas ni los mineros”. Los indígenas, que se mantenían fuera del auditorio del centro parroquial, lo escuchaban atentamente. En la mesa principal solo estaban los líderes de la Coordinadora.
Como mediador de ese encuentro estuvo el obispo de David, José Luis Lacunza. Cuando les correspondió hablar a los indígenas, Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora, le reclamó al mandatario que hace cuatro días se le hizo el llamado de acudir a San Félix, pero no fue hasta ayer que se presentó a dialogar con ellos. Acto seguido, Montezuma elogió la decisión de derogar la polémica Ley 8.
Alberto Montezuma, miembro de la Coordinadora, tomó también la palabra y aprovechó la presencia de Martinelli para exigir que no se levantara la mesa del diálogo hasta que no se elaborara un borrador de un anteproyecto de ley que prohíba la explotación y exploración minera.
Sus palabras incomodaron al mandatario cuyo semblante cambió. El ministro Demetrio Papadimitriu intentó calmar los ánimos, anunciando la creación de la comisión especial. Fue entonces cuando Martinelli tomó el micrófono y respondió: “he traído al presidente de la Asamblea (José Muñoz), a los ministros para anunciar la derogación de la ley… nosotros confiamos en ustedes y ustedes no confían en mí… si es así me retiro inmediatamente”, dijo Martinelli. Pero no lo hizo.
Presentan proyecto
Tres horas después de cerrar el diálogo con los indígenas ngäbes, el Consejo de Gabinete, en reunión extraordinaria, aprobó derogar la ley. Le correspondió al ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto derogatorio.
En esta ocasión, el ministro Henríquez llegó acompañado únicamente de un funcionario de su ministerio. “Sigo pensando que es una ley que incluye regalías y normas ambientales, es una ley que valía la pena haberla leído y estudiado”, dijo Henríquez en un tono sereno.
En su exposición de motivos, el ministro argumentó que la decisión se tomó porque “era obvio que la Ley 8 no gozaba de la simpatía de la mayoría del pueblo”.
“Consideramos que la Ley 8 tiene elementos positivos, pero para nuestro gobierno y el país lo más importante es la tranquilidad social, la estabilidad, y que tengamos un país en paz”, dijo el ministro, tras advertir que la nación se queda con muy pocas herramientas para enfrentar la minería ilegal.
Henríquez dijo que más que un fracaso se trata de una recapacitación que hizo el Gobierno. “Eso requiere mucha más valentía que ponerse terco”, puntualizó.
El proyecto de ley –que consta de dos artículos– será prohijado por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional el próximo lunes 14 de marzo. La iniciativa deberá pasar tres debates y, según fuentes legislativas, se pedirá urgencia notoria para acelerar su discusión y de esta forma cumplir lo pactado con los indígenas.
La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos también acordó con el Gobierno nombrar una comisión especial (en reemplazo de la mesa de diálogo) que será integrada por diputados y asesores para crear una nueva ley que establezca que no habrá exploración y explotación minera en las comarcas y se garantice la protección de los recursos hídricos.
Plantean diálogo en Petaquilla
Los indígenas y campesinos, opuestos a la minería en el distrito de Donoso, provincia de Colón, cumplieron ayer ocho días de mantener bloqueada la carretera que conduce hacia los proyectos mineros de cerro Petaquilla.
Para tratar de resolver la situación, acudieron al lugar el jefe regional de la Defensoría del Pueblo de Coclé, Paúl Bouche, y el gobernador de la provincia de Colón, Pedro Ríos. Las autoridades prometieron la formación de una mesa de diálogo.
Los manifestantes denuncian contaminación y muerte de animales.
Digno Herrera, dirigente campesino, señaló que aunque el presidente, Ricardo Martinelli, anunció la derogación de las reformas al Código Minero, el problema de Donoso es que allí ya hay minería y contaminación. “Reclamamos que las autoridades investiguen”, dijo el dirigente.
Pedro Ríos manifestó que convocarán a la Autoridad Nacional del Ambiente, al Ministerio de Comercio e Industrias y a las universidades estatales para integrar una comisión que investigue las denuncias.
Ayer, directivos de Petaquilla Gold expresaron su preocupación por el cierre de la vía y pidieron la intervención del gobierno para iniciar un diálogo. Leonel Arosemena, director de proyectos sociales de Petaquilla Gold, dijo que las acusaciones contra la minera no tienen sustento.
Los campesinos se reunirán hoy y decidirán si abren o no la vía.
Logro para el ambiente, pero falta
Félix Wing, director del Centro de Incidencia Ambiental, dijo que la derogación de la Ley 8 no conlleva la restauración de las normas del Código de Minerales. Por tanto, es imperante que, en la misma ley que la Asamblea dicte para derogar la Ley 8, se restaure la vigencia de los artículos derogados, especialmente el 4, que prohíbe la inversión de gobiernos extranjeros en minería, dijo Wing. Alida Spadafora, de ANCON, indicó que se debe revisar el código y evaluar las ventajas y desventajas de la minería. Posteriormente la decisión debe someterse a referendo.
