Guadalajara, Jalisco, México, 09/10/07. La ubicación geográfica los separa, pero la lucha contra los abusos y la destrucción ecológica provocada en sus territorios por las grandes compañías mineras, así como la “confianza en ser escuchados” y tener el “respaldo moral y ético” del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) unió ayer a los representantes de las comunidades del Valle de Siria, en Honduras, y del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En ambos países los pobladores empezaron sendas batallas contra firmas canadienses que, sin tener los permisos legales, explotan yacimientos, con lo que les disputan el agua, recurso que según varios expertos podría ser causa de una guerra en este nuevo milenio.
Fuente: La Jornada
En el segundo día de la cuarta sesión del TLA en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, los integrantes de ambos movimientos hablaron de las enconadas batallas para que las autoridades ambientales de Honduras y México atiendan las denuncias ciudadanas.
Estrés a la población
Desde su creación, el TLA ha recibido diversos casos sobre daños ambientales provocados por las explotaciones mineras, las cuales llevan consigo “mayor estrés a las poblaciones”, por lo que el experto Robert Moran –quien ha participado en dicho organismo– recomendó a los gobiernos latinoamericanos que “guarden el oro y la plata como si fueran un banco, y cuando exista la tecnología suficiente para extraerlos los utilicen con noción de soberanía”, ya que a la fecha no se ha demostrado técnicamente que es posible la minería sustentable.
Advirtió que la estela de destrucción ambiental y contaminación de los mantos acuíferos, así como de los daños a la salud provocados por la empresa canadiense Gladis Gold Ltd en el Valle de Siria, que abarca los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, en Honduras, fue mostrada por integrantes del Comité Ambientalista del Siria.
El drama empezó en 1995, con la instalación de la Sociedad Minerales, entre Mares de Honduras y la subsidiaria de Gladis Gold Ltd, que aún sin tener los permisos correspondientes taló cientos de árboles, perforó siete pozos para disponer de agua suficiente para la explotación a cielo abierto de la mina de San Martín, pero el recurso resultó insuficiente y empezó a comprarlo a particulares, lo que causó enfrentamientos entre los pobladores, narraron Carlos Camilo Amador, Jorge Laván y Carlos Patiño, asesor legal de dicho comité. Y con el paso de los meses, niños y adultos empezaron a presentar escoriaciones en la piel, caída del cabello y problemas gastrointestinales, ya que 40 mil familias consumen agua contaminada con arsénico, cadmio, mercurio y plomo.
Sin embargo, ante las pruebas de los daños a la salud, de violación a los derechos ambientales, de la explotación irracional y contaminación de acuíferos subterráneos y superficiales del Valle de Siria, presentadas ante las autoridades ambientales, la respuesta ha sido tibia, comentaron Amador, Lavín y Patiño.
Si bien en su página de Internet el consorcio canadiense afirma que cumple las normas internacionales para evitar daños al entorno, en Honduras la historia es diferente, ya que según los denunciantes la empresa no ha cumplido con el plan para prevenir la contaminación de suelos y de descargas de aguas residuales, y el gobierno se limitó a sancionarla con 50 mil dólares por “fallas administrativas graves”.
Los integrantes del Comité Ambientalista del Valle de Siria dijeron que el consorcio minero anunció que en diciembre de este año dejará de operar, y que en tres años más saldrá totalmente de esa zona, pero no ha presentado un plan de reparación de los estragos causados a la población. “No estamos interesados en el dinero, lo que exigimos es que el gobierno de Honduras no finiquite a la empresa sin antes indemnizar a quienes sufren daños en su salud, entregue agua apta para consumo humano, devuelva los títulos de propiedad a los habitantes de la zona, reforeste la región con especies nativas y dé tierras aptas para el cultivo. Pero también confiamos en que este tribunal “sancione ética y moralmente al gobierno de Honduras por su postura omisa”.
La historia del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, en San Luis Potosí, tiene similitudes con el caso hondureño. Mario Martínez Remos, coordinador de la organización, dijo que en 1995 empezó la “lucha enconada” contra la empresa, que obtuvo los permisos para operar, pero fueron impugnados por los habitantes ante autoridades ambientales e incluso judiciales; estas últimas ordenaron la suspensión de las obras, pero la empresa inició las actividades.
Sin prestar atención a las impugnaciones sociales y con el respaldo de los gobiernos federal y estatal, Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense Metallica Sources, empezó a abrir un tajo de 1.5 kilómetros de largo y tres metros de profundidad en el Cerro de San Pedro; a las autoridades “poco les importaron” las advertencias de que la explotación se llevaría a cabo en parte del acuífero del que se abastece la población de la capital de San Luis Potosí y cuatro municipios conurbados, del cual la minera extrae 32 millones de litros al día, que también mezcla diariamente con 16 toneladas de cianuro. Este proceso se llevará a cabo durante los próximos nueve años –tiempo por el cual obtuvo la concesión–, pero además derramará el residuo al acuífero local.
