La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de Economía (SE) a que remita un informe sobre las concesiones mineras otorgadas a las empresas Compañía Minera de La Natividad y Anexas, Sundance, Continuum Resources y Fausto Calvo Sumano, en tierras comunales de Capulalpan de Méndez. Además, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un informe sobre el derrumbe de las presas de jales porque sus desechos contaminan las aguas del río Capulalpan.
De acuerdo con la propuesta con punto de acuerdo, presentada por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la Compañía Minera de la Natividad y Anexas, situada en Capulalpan de Méndez, ocasiona un gran deterioro de los territorios indígenas, la destrucción del tejido social, la violación de los derechos de los pueblos y explotación irracional de los recursos naturales.
Esa empresa, se asoció con la canadiense Continuum Resources quien posteriormente vendió sus concesiones a otra transnacional de nombre Sundance, que tiene como parte de sus actividades la de explotación minera.
La Compañía Minera de La Natividad y Anexas, perforó túneles que se extendieron por las zonas de bosque y acuíferos, provocando la desaparición de trece manantiales que alimentaban a la comunidad y su entorno, también se adueñaron de tierras comunales de Capulalpam donde depositaron materiales de desecho, contaminando ríos y arroyos, ocasionando un desastre ambiental; aunado a lo anterior.
Entre 2005 y 2007, estas compañías localizaron otras vetas de oro y plata en la última zona acuífera de Capulalpan, prácticamente en la superficie terrestre, por lo que planearon una explotación a tajo abierto para la obtención de los minerales proyecto que pone en riesgo no solo la biodiversidad, la tierra, el medio ambiente y la sobrevivencia de la comunidad sino también los lugares sagrados y sitios de importancia histórica para la comunidad y el estado de Oaxaca.
Según la propuesta con punto de acuerdo, las irregularidades de las actividades mineras han sido documentadas por la propia Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien ha ordenado la clausura temporal de las actividades de la Compañía Minera de La Natividad y Anexas en la zona, ya que después de una inspección, ordenó la suspensión de operaciones y llevar a cabo 17 medidas correctivas para subsanar los daños ambientales y sociales ocasionados por sus actividades y cuyo cumplimiento se desconoce por los afectados.
Además, existe una denuncia interpuesta por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, de la que se desprenden dos averiguaciones previas y cuyos resultados son aún desconocidos por la comunidad afectada, ya que no se han detenido las actividades de las empresas citadas.
Las compañías mineras, han pretendido el reinicio de operaciones aún cuando los daños ambientales que motivaron el cierre temporal no han sido reparados, siendo descubierta la contaminación por arsénico, plomo y diversos depósitos de desechos mineros en terrenos comunales de Capulalpan.
Conforme a la propuesta con punto de acuerdo, el requerimiento a la SE tiene como propósito constatar el debido cumplimiento del artículo segundo de la Constitución que dispone de la facultad de los pueblos indígenas para preservar la integridad de sus tierras, y del segundo párrafo del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación del Estado mexicano a consultar a las poblaciones indígenas antes de otorgar permisos para la exploración o explotación de territorios indígenas y así, en caso de las violaciones a estas garantías, proceda a la revocación de las concesiones mineras.
