Minas, carreteras, programas turísticos, puentes, planes inmobiliarios, tiendas y agronegocios son sólo algunos de los proyectos nacionales y transnacionales sobre territorios indígenas de México.
Por Marcela Salas, Segio Bibriesca, Joana Moncau, Gloria Muñoz y Spensy Pimentel / Desinformémonos
06/04/2011. México. La constante en los megaproyectos impulsados por empresas nacionales e internacionales, coinciden en entrevistas comuneros y ejidatarios indígenas de Jalisco, Durango, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal y Michoacán, es que se planean o ponen en marcha sin consultar a los pueblos, bajo las consignas del “progreso” y el “desarrollo”, y teniendo como consecuencia inmediata el despojo y la destrucción de sus territorios, es decir, de su cultura, de sus recursos naturales, de sus sitios sagrados y de sus tradiciones. En pocas palabras, la destrucción de la vida.
En el siguiente reportaje se aborda la amenaza de 22 concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense First Majestic Silver, sobre el territorio sagrado del pueblo wixàrika, en el municipio Real de Catorce, San Luis Potosí.
Por otro lado, comuneros del pueblo purhépecha de las comunidades de Nurío y Cherán y del municipio de Uruapan, ofrecen testimonios sobre la invasión de cultivos de aguacate transgénico, además de la invasión de tiendas departamentales como Wal-Mart y Soriana en su región.
De la Costa-Montaña y de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, hablan representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Policía Comunitaria, y denuncian que diversas empresas mineras internacionales tienen ya autorización del gobierno mexicano para exploración y explotación hasta por 50 años en esas áreas.
José Luis Claro Rosales, miembro de la comunidad coca de Mezcala, menciona por su parte la amenaza siempre latente de privatizar el corazón de su pueblo, que es la isla de Mezcala, en el lago de Chapala, el más grande de México.
En el Istmo de Tehuantepec, refiere Carlos Manzo, “se han colocado alrededor de 500 aerogeneradores, como parte del proyecto de producción de energía eólica impulsado desde hace más de 10 años por empresas españolas transnacionales”. Deforestación, pérdida de especies, mortandad de aves, así como la desecación de suelos, contaminación por derrames de aceite y destrucción del paisaje, son tan sólo algunas de las graves consecuencias en que se traduce un megaproyecto energético de este calibre.
Y en Santa María Ostula, Michoacán, los planes contemplan carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras. El proyecto carretero, explican los comuneros de Ostula, es parte del Plan Regional Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad.
Finalmente, en Milpa Alta, Distrito Federal, está contemplada la construcción de una carretera a Metepec, Puebla, que “afectará nuestro territorio nahua, nuestros bosques, nuestra flora y fauna, y dividiría a nuestra comunidad, no sólo geográficamente, sino en la unidad, pues unos estarán en contra o a favor y eso afectará la paz interna”.
La autonomía y la organización colectiva es la respuesta a estos programas, coinciden todos los entrevistados. Los recursos naturales, la vida y el territorio son los que están en juego. Y no están dispuestos a cederlos.
Todas las entrevistas que contempla este reportaje fueron realizadas durante el Congreso Nacional Indígena (CNI), celebrado en la comunidad coca de Mezcala, los días 5 y 6 de febrero de 2011.
Wirikuta, territorio sagrado amenazado por 22 concesiones mineras
El pueblo wixárika, sostiene Santos de la Cruz Carrillo, presidente del comisariado autónomo de bienes comunales de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango, “tiene muchos sitios sagrados, pero los principales están en los cuatro puntos cardinales y uno en el centro. Al oriente, en el Estado de San Luis Potosí, en el municipio Real de Catorce, está Wirikuta, uno de los sitios principales, donde nació el Dios Sol y donde descansa nuestro hermano mayor, el venado. Es por eso que nuestro pueblo lleva a cabo ahí peregrinaciones, porque es un legado que nos dejaron nuestros antepasados. Ahí llevamos nuestros ritos y ceremonias. Ahí está la planta sagrada que es el jícuri (peyote), y los ojos de agua, que son también sagrados”.
Este es precisamente el sitio que hoy está en peligro. Veintidós concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense First Majestic Silver para la explotación de plata ponen en riesgo no sólo la vida de los pobladores del municipio Real de Catorce, sino la vida de todo un pueblo, su cultura y, aseguran, la humanidad misma, “pues ahí nace el sol”.
El daño de las 22 minas sería irreversible para 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada, pertenecientes a seis ejidos de la zona, así como numerosas localidades del Bajío que sufrirían los efectos negativos sobre las fuentes de agua (desecamiento y contaminación), como El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Santa Cruz de Carretas, Los Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado, San Juan de Matanzas, entre otras, sumando aproximadamente 3 mil 500 personas afectadas.
Cada año, desde tiempos inmemoriales, acuden en peregrinación al lugar sagrado de Wirikuta, “recreando una larga ruta que recorrieron nuestros antepasados durante la formación del mundo hasta el lugar donde nació el sol en el semidesierto de Real de Catorce”. En 1999 Wirikuta fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que deben ser protegidos, pero de nada ha valido este status para las autoridades mexicanas, quienes, “por supuesto, ni siquiera nos consultaron”.
Las mineras, advierte Santos de la Cruz, “son una amenaza de exterminio a la cultura wixárika. Nosotros defendemos nuestros sitios sagrados desde tiempos inmemoriales. Con las minas se acabaría con nuestra sabiduría, con nuestra cultura y con nuestras vidas, porque ahí descansan nuestros ancestros”.
Ismael González González, wixárika de la comunidad indígena Tupuarie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, explica por su parte que Wirikuta es “un santuario donde ofrendamos y bendecimos a nuestros animales, y ahora estamos en la lucha porque no queremos que se lleve a cabo ese proyecto” González señala que con las minas se acabará la planta sagrada y toda la naturaleza, pues el proyecto “cada hora se consumiría 250 mil litros y esto acabaría con toda la vegetación que hay en la región del altiplano de San Luis Potosí”.
Además de la cancelación de las concesiones, el pueblo wixárika exige que se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a sus lugares sagrados.
Las autoridades mexicanas ignoraron el hecho de que las concesiones violan el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi 70 por ciento de la concesión minera.
El pueblo wixárika resiste. Las comunidades wixárika no se han quedado con las manos cruzadas.
Juntas están organizando un amplio movimiento social, para lo cual se coordinan con el Frente Tamatsima Wahaa. La resistencia, indica Santos, se está dando en las comunidades de Jalisco, Durango y Nayarit: “nos estamos reuniendo cada dos meses para definir cómo podemos defender nuestro sitio sagrado”.
Por el verdadero oro verde, los montes, en la región purhépecha
Defender sus montes, el agua y el derecho a su territorio garantizado por sus propiedades comunales, es la principal lucha del pueblo purhépecha, en el estado de Michoacán. El desplazamiento, la devastación y el despojo están entre los efectos colaterales de aquello que se conoce comúnmente como progreso, palabra en cuyo nombre se construyen carreteras para facilitar la salida de materia-prima y la entrada de productos extranjeros a México, como monocultivos de aguacate para exportación que estimulan la devastación incontenible que casi no deja vestigios de la mata nativa.
Son los grandes proyectos puestos en marcha bajo el nombre del progreso y del desarrollo, palabras que para Juan de Dios Alonso Rodríguez, de la comunidad purhépecha de Nurío, significan “pura mentira y tal vez pura verdad para los empresarios. Nosotros no hemos terminado ningún desarrollo ni ningún progreso”.
Actualmente uno de los principales proyectos que afectan este pueblo es la construcción de la carretera Lázaro Cárdenas – La Piedad, que va desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta la zona alta de la Sierra del estado michoacano, donde se ubica el pueblo purhépecha. La carretera atravesará diversas comunidades indígenas hasta La Piedad, y de ahí a Tampico.
“Estos proyectos son para destruir los montes y despojarnos de nuestros territorios. El único objetivo para ellos es que las grandes empresas transnacionales ubicadas en nuestras regiones puedan ser beneficiadas transportando sus productos”, denuncia Salvador Campanur Sánchez, de la comunidad purhépecha de Cherán. Y aclara: “Claro que el mal gobierno ha venido sustentando esos proyectos porque pertenece al ramal del Plan PueblaPanamá y también al Tratado de Libre Comercio”. México es uno de los países con el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, según el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) y las consecuencias de esto no son pocas. Desde los años noventa el país ha flexibilizado sus leyes con el objetivo de favorecer la adopción del modelo neoliberal.
Los efectos de esa política van más allá de las grandes construcciones. Para Juan de Dios Alonso Rodríguez “la apertura de las fronteras para los tratados de libres comercio es para nosotros una total invasión, un golpe retundo a la economía de nuestros pueblos”.
Esta política, explica, ha permitido las tiendas transnacionales, como Wal-Mart o Soriana.”Actualmente ya se vive el impacto de esas políticas, y de repente la gente reacciona y se da cuenta que ya no hay dinero para comprar lo que se necesita. Y nos toca construirlo como antes lo hacíamos”.
Uruapan, también en Michoacán, se sostiene de la venta del aguacate al extranjero, principalmente a los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, Juan González Cisneros, comunero de este municipio, aclara: “Para nosotros el progreso significa bienestar de la comunidad, no significa subir el nivel económico de dos o tres familias. Ahora existen pocas personas con grandes extensiones de tierra, ya son firmas pudientes. En cambio los ejidos que todavía están en el contorno de Uruapan se conforman con producir el fruto para consumo nacional, ya que les es imposible certificar sus huertas con tantos obstáculos”.
Existen pocas empresas que se encargan de la exportación y son ellas quienes exigen que certifiquen su huerta, lo que conlleva la aplicación de productos que también ellas determinan y, muchas veces, venden, sacando doble beneficio de la producción del aguacate.
Salvador Campanur Sánchez, complementa la crítica a esos grandes monocultivos: “La organización del sector aguacatero de Uruapan quiere devorar hectáreas y hectáreas de terreno, no importando el modo como puedan implementar las grandes plantaciones del aguacate, que ni siquiera es original criollo o natural, sino que es un aguacate transgénico”.
Aunque el cambio de uso de suelo forestal está prohibido, existen miles de hectáreas sembradas de aguacate en la región de Uruapan. Los talamontes son los principales responsables de la deforestación para que implementen las plantaciones del llamado oro verde. Explica el comunero de Cherán: “En los terrenos de nuestras comunidades tenemos el régimen de propiedad de tierras comunales, pero vienen a invadirnos haciendo la contratación de los talamontes que queman los matorrales, destruyen y exterminan nuestro territorio de montes, de pinos y de árboles, con el fin de que quede un lugar limpio para las plantaciones del aguacate. Esto para nosotros es la invasión, es el robo, es la desaparición de nuestro territorio”.
¿Cómo resistir a esos grandes proyectos que los despojan de su territorio? “Con la autonomía de las comunidades”, es la respuesta coincidente de los entrevistados: “Nos queda muy claro a las comunidades purhépechas que hay que trabajar, como es el modo de nuestras comunidades, con la libre determinación, con la autonomía y con la organización”, señala Campanur.
Agustín González, de Nurío ejemplifica: “Resistimos haciendo lo que es nuestro. Cultivando alimentos para poder sostenernos. No dejando las costumbres que nos han beneficiado y con las que hemos podido resistir. Cuidando todo que es para provecho del ser humano, plantando árboles, cuidando el bosque. Es una comunidad que siempre ha querido resistir…”
En Guerrero, las empresas mineras no pasarán
La región de la Costa-Montaña y de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, son el nuevo blanco de las empresas mineras internacionales. Algunas ya tienen autorización del gobierno mexicano para exploración y explotación hasta por 50 años en esas áreas, lo que pone en riesgo una de las regiones más ricas en biodiversidad de Guerrero, con mayor densidad de bosque y donde se recargan los mantos acuíferos más importantes de la costa del Pacífico. Los sitios de explotación, además, se encuentran en territorio bajo influencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)- Policía Comunitaria, y pueden significar una amenaza para la autodeterminación de esos pueblos.
En la primera Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, convocada por la CRAC, realizada el pasado 5 de febrero, en Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, quedó registrado y claro que los pueblos de esa región no están de acuerdo con ningún tipo de explotación minera en la región: “Las empresas mineras no van a pasar”, fue uno de los planteamientos más escuchados en el encuentro en la Montaña alta de Guerrero.
Entre las principales empresas que quieren operar en Guerrero están la Minera Hochschild, de capitales ingleses y canadienses, y CamSim Minas, con sede en Acapulco, y entre los daños que el otorgamiento de concesiones puede traer es el cambio del uso del suelo, aunque parte de la región sea considerada prioritaria para la conservación ecológica por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como lo es la propia comunidad indígena me’phaa de Colombia de Guadalupe, que recibió la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias.
Durante la asamblea todos estuvieron de acuerdo en que necesitan información más precisa sobre los procesos de las concesiones y los impactos de las minerías. Beatriz Adriana Domínguez Rivera, de San Luis Acatlán y miembro del Equipo de Comunicación Comunitaria de la CRAC, señala que este es uno de los puntos trabajados por la Policía Comunitaria. “Para comenzar la resistencia hemos dado la información a nuestros pueblos con el uso de la radio comunitaria que llega en nuestras comunidades”. La CRAC cuenta con una radio comunitaria en cada una de las tres Casas de Justicia y Seguridad Comunitaria: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec.
Informes de especialista aseguran que la explotación minera a cielo abierto, puede llevar al destrozo de cerros enteros y desplazar a cientos de personas. Además, en el proceso de lixiviado, para extraer y recuperar metales como la plata, la minería utiliza el cianuro. Este químico es extremadamente tóxico y letal, y debe ajustarse a normas estrictas por el enorme potencial de contaminación al medio ambiente, con las filtraciones de componentes venenosos hacia los mantos acuíferos, y con efectos irreversibles y catastróficos para la flora, fauna y pobladores de toda la región. Una de las dos empresas que es vista por las comunidades como potencial amenaza, la CamSim Minas, con sede en Acapulco, tiene como foco la exploración de metales, especialmente la plata, en la Sierra Madre del Sur, en Guerrero. En su sitio oficial en internet, la empresa explica que entre los motivos de haber elegido a México para actuar, además de ser el segundo productor de plata en el mundo, después de Perú, está el hecho de que en 9 México abundan los tratados de libre comercio y donde se permite la instalación de proyectos con el 100 por ciento de capital extranjero.
La empresa extranjera obtuvo concesión del gobierno federal hasta el 2059, y está por iniciar la explotación de la Mina San Javier, en el sitio denominado Diana. El área de 15 mil hectáreas entre los municipios de Zitlaltepec, Iliatenco y Paraje Montero, es rica en plata de primera calidad y de fácil extracción. Por lo pronto, en Paraje Montero ya se han sido identificadas 30 vetas superficiales de este metal. Un comunero del lugar ratificó que recibieron 90 mil pesos por un contrato de cuatro años para exploración auxiliado por la Procuraduría Agraria. “No debemos dar lugar a que nos dividan con las estrategias del gobierno, los programas de apoyo, la represión a los dirigentes”, enfatizaron los asambleístas.
En cuanto la empresa Hochschild, de capitales ingleses y canadienses, desde noviembre la compañía comenzó el análisis del suelo en la zona de la CostaMontaña. Las concesiones del proyecto Corazón de Tinieblas están a nombre de la Minera Zalamera, vigentes hasta 2059. Son 47 mil hectáreas ubicado entre los entre los municipios de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán.
Esta es apenas una empresa minera canadiense más actuando en México. Tan sólo en el 2010, hubo la participación de 231 empresas extranjeras en la explotación de minas mexicanas, de las cuales 187 eran canadienses. Las empresas de esa nacionalidad fueron las beneficiadas por 559 concesiones de las 704 otorgadas a empresas extranjeras en el 2010. Para tener una idea de la dimensión del problema, de 2000 a 2010 fueran otorgados 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
En la asamblea celebrada en La Montaña no sólo se manifestó la preocupación por los graves daños ecológicos y ambientales que se producirían, sino también “por las pérdidas de sitios sagrados e históricos, por ser este el territorio que ha sido escenario de los grandes movimientos libertarios de nuestro país en distintas épocas”.
La isla de Mezcala no se privatizará, afirman los comuneros
El Estado mexicano ha desatado una ofensiva en contra de comunidades indígenas en el país. La comunidad coca de Mezcala, en Jalisco, ha sido parte de ésta ofensiva, y con el pretexto de las fiestas del Bicentenario de la independencia mexicana, el gobierno de Jalisco aliado con otras instancias, llevaron a cabo algunos proyectos encubiertos, para poco a poco tomar lo más preciado por la comunidad coca: las tierras y su forma de vida.
José Luis Claro Rosales, miembro activo de la comunidad coca de Mezcala y parte de la asamblea de comuneros habla de los megaproyectos en su comunidad: “La isla es el megaproyecto más esencial, es la manzana de la discordia”. En los primeros meses de 2009, con el pretexto de los festejos del Bicentenario, el ayuntamiento de Poncitlán y la Secretaría de Cultura de Jalisco anunciaron un programa de festejos e inversiones que incluía el rescate de los edificios y una caseta de cobro para el ingreso a la isla.
Pero la comunidad supo resistir y en noviembre del mismo 2009, en pleno ejercicio de su autonomía, la autoridad comunal de Mezcala decidió que el paso a la isla, ubicada en el lago de Chapala, seguirá siendo libre, sin que se cobre el acceso. Sin embrago, las obras de restauración de algunas edificaciones en la isla rompieron la armonía local, la forma de gobierno, e incluso existieron errores técnicos, históricos y arqueológicos.
“Otra ofensiva es la introducción de programas federales como son el Programa de Certificación de Derechos Comunales (Procecom) y el Programa de Derechos Ejidales (Procede). Con ello pretenden intimidar a la gente y generan división entre la comunidad, así es más fácil hacerse de la administración de las tierras”, añade José Luis.
La comunidad de Mezcala actuó de forma conjunta y a finales del 2009 dieron a conocer ocho proyectos comunitarios, ya que los comuneros estaban conscientes de que se necesitan fondos para dar mantenimiento a la isla y el trabajo comunitario es primordial para cuidarla, como ya lo hacen con los linderos de la comunidad de tres mil 600 hectáreas.
En octubre de 2009 se llevó a cabo una muestra más que representativa de la guerra sucia por las tierras de esta comunidad coca. “Hemos levantado actas constitutivas, sin embargo el ayuntamiento ha violado algunos acuerdos. Ahora mismo hay juicios en contra del ayuntamiento por vender tierra de la comunidad y también hay juicios en contra de personas que fueron respaldadas por el mismo ayuntamiento, que usurpan poderes”.
Se allanaron las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, los responsables eran policías municipales de Poncitlán.
Además de los policías ingresaron personas que hasta marzo de 2009 formaban parte de la autoridad tradicional, pero que fueron destituidas de esos cargos porque no acataron las decisiones de la asamblea.
Los comuneros denunciaron que Guillermo Ibarra era uno de los que irrumpieron en las oficinas, y muchos pensaron que algunos papeles en donde se demostraban las anomalías por parte de Ibarra habrían desaparecido. Guillermo Ibarra invadió una porción de tierra de la comunidad, conocida como El Pandillo. Por eso para José Luis Claro, “la comunidad en estos momentos reivindica y revive cargos que creía que ya no eran necesarios como lo son: vigilantes de territorio y policía comunal, sin olvidar la participación de hijos de comuneros, también conocidos como nuevos comuneros”.
La palabra desarrollo es utilizada en múltiples ocasiones para justificar las acciones del estado y sus políticas en el interior de alguna comunidad, es decir, los cambios que se pretenden llevar a cabo, no sólo en Mezcala, sino en otras comunidades son generalmente programas, en donde lo único que se busca a través de interpretaciones personales o engaños, quedarse de manera “legal” con territorio. Para José el concepto de desarrollo tiene otros matices: “El desarrollo es para ellos, sólo les importa la cuestión económica. Muchas veces la comunidad se pone en contra de un proyecto, y el precio que pagamos es alto, ya que nos quitan recursos. El gobierno intenta abrir puertas para grandes empresarios y así desplazar a la gente de la misma comunidad y orillarlos a elegir los proyectos que ellos impulsan”.
Ostula, contra viento y marea
Carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, son algunos de los embates que enfrenta la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el litoral del estado de Michoacán. Se trata de programas que intentan entrar de la mano de la militarización y paramilitarización, siguiendo el manual el despojo en México.
El proyecto carretero, explican los comuneros de Ostula, es parte del Plan Regional Sustentable de Michoacán, y contempla la construcción de una autopista, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad: “Dicen que es para fomentar el desarrollo de la comunidad, pero nunca nos han llamado para saber nuestra opinión. Es un proyecto que el gobierno hace solo”.
El 29 de junio de 2009 los comuneros de Ostula recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Ahí fundaron el nuevo 12 poblado de Xayakalan, lugar codiciado por trasnacionales, gobiernos federal y local, grupos de la delincuencia organizada y caciques locales.
El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante.
“Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”, advierte el grupo de comuneros entrevistados.
La codicia sobre la región de grupos y personas externas se fundamenta en la existencia de minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que se meta una carretera que no pedimos, y nos oponemos. Nos estamos organizando con las comunidades vecinas para hacerles frente. Hace poco impedimos que hicieran la carretera. No vamos a aceptar que realicen trabajos sin explicarnos de qué se trata”, advierten.
En cuanto a la minería, relatan, “hemos escuchado que los empresarios quieren explotar minas en nuestros terrenos comunales. A nosotros no nos conviene la explotación minera, porque sabemos que esas explotaciones ocasionan grandes daños a la ecología, mucha contaminación, pérdida de ojos de agua. Van a abatir nuestros terrenos, van a desbaratar cerros, los ojos de agua y los ríos se van a secar, y éstos se aprovechan para regar. Por eso no estamos de acuerdo”.
Los comuneros de Santa María Ostula advierten: “Nuestro terreno no es muy grande, tenemos como 28 mil o 30 mil hectáreas y por eso queremos cuidarlo y conservarlo para futuras generaciones, como lo cuidaron nuestros ancestros. Sabemos que si aceptamos, si damos nuestra palabra para la explotación, nos van a sacar de nuestra tierra. Nosotros no entendemos los mecanismos de sus contratos y por eso mejor no le entramos. No conocemos el manejo y no queremos hacer tratos con gente que nos pueda engañar para hacer cosas a su favor”.
El litoral del Pacífico michoacano tiene playas famosas en el mundo del surfing, por lo que el Plan Regional contempla proyectos turísticos de gran envergadura. “Hasta ahora hay algunas cabañas administradas por los comuneros. No estamos cerrados al desarrollo, pero queremos ser nosotros quienes lo administremos, no personas de afuera, que no sean miembros de la comunidad”, indican.
“Hay gente ajena a la comunidad –añaden- que tiene ganas de apropiarse de las playas a donde arriban las tortugas marinas. Hace dos años, el gobierno entregó un documento pidiendo que la asamblea aprobara un decreto para 13 construir un gran puente en la playa; dijeron que de ese modo la gente no pisaría a las tortugas y podría observarlas desde arriba. Pero nosotros no aceptamos el proyecto, porque creemos que van a apoderarse de nuestro territorio. La gente de la comunidad no pisa las tortugas, ni sus huevos, pero con eso nos quiere engañar el gobierno”.
Otro de los programas oficiales para operar el despojo, es el Procede (Porgrama de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos), rechazado también por los comuneros de Ostula: “No hemos aceptado ese programa, ni lo aceptaremos, porque nosotros queremos seguir con las formas de organización comunal legadas por nuestros ancestros. Con esta forma de organización no tenemos que pagar impuesto al gobierno, y ¿por qué vamos a pagar impuesto, si las tierras son nuestras? Si firmamos el programa, ellos se convertirán en los dueños de la tierra y luego querrán cobrarnos impuestos. Hay ejemplos de algunas comunidades, que aceptaron las propuestas del gobierno y hoy ya no existen porque los despojaron. Ahora andan por el país, buscando dónde trabajar porque les quitaron su territorio.
Los proyectos eólicos en el Itsmo de Tehuantepec
Hasta la fecha se han colocado alrededor de 500 aerogeneradores, concentrados sobre todo en municipios de Juchitán, Oaxaca, como parte del proyecto de producción de energía eólica impulsado desde hace más de 10 años por empresas españolas transnacionales, explica Carlos Manzo, doctorante del programa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y acompañante del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Deforestación, pérdida de especies, mortandad de aves, así como la desecación de suelos, contaminación por derrames de aceite y destrucción del paisaje, son tan sólo algunas de las graves consecuencias en que se traduce un megaproyecto energético de este calibre. “El Istmo de Tehuantepec es un paso natural migratorio de aves; estudios demuestran que alrededor de 600 mil ejemplares transitan por este corredor diariamente, por lo que su mortandad es uno de los principales impactos ambientales”, puntualiza Manzo.
Si el proyecto sigue en marcha, debemos sumar a todo lo anterior el desastre ecológico que ocurriría en el sistema lacustre del cual se alimentan, gracias a la explotación pesquera, salina y de mangle, los pueblos ikoot, huave y binnizá de las comunidades de San Mateo del Mar, Santa María del Mar, San Dionisio y Huilotepec, pues se prevé la colocación de torres generadoras de energía que crearían un muro entre los dos hábitats de pesca y contaminarían el agua de las lagunas con el petróleo que utilizan para su funcionamiento. No obstante el grave impacto ambiental que la instalación de aerogeneradores significa, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha aprobado – con graves irregularidades – los proyectos energéticos que benefician a trasnacionales españolas como Gamesa, Endesa, Iberdrola y Preneal, “cuyo interés está orientado a la obtención del mayor lucro posible, y no se enfoca en la conservación la estabilidad ecológica, ni en el fomento de un desarrollo sustentable en la región”.
Los proyectos energéticos de estas empresas tampoco contemplan el grave impacto de los accidentes, el ruido electromagnético y el cambio de uso de suelo de manglares y tierras de riego que incidiría directamente en la capacidad de autosuficiencia de las comunidades para la producción de alimentos.
En las zonas donde ya han sido colocados y puestos en marcha de cientos de aerogeneradores, las tarifas para uso doméstico en la región no han disminuido, sino que han aumentado, y no hay proyectos de autosuficiencia energética para los pueblos. “La energía que quieren generar en nuestro territorio, es para venderla a las empresas – señala el académico. De hecho en el centro del país hay algunas empresas como Wal-Mart, Liverpool y Palacio de Hierro que presumen de estar utilizando energía „limpia? proveniente de fuentes eólicas ubicadas en el Istmo de Tehuantepec”.
Carlos Manzo, quien estuvo preso durante varios meses por oponerse a un proyecto de granjas de camarón en el mismo sistema lacustre que ahora figura en el mapa del proyecto eólico, sostiene que la violación más flagrante se da en el terreno de los derechos de los pueblos indígenas, pues “los proyectos afectan a todas las comunidades que habitan esas áreas, y por lo general son comunidades indígenas o campesinas, cuyos territorios son tierras comunales que están siendo sujetas a procesos expropiatorios por parte del gobierno federal”.
Señala además que la expropiación de tierras constituye un auténtico despojo porque no se está considerando, en el caso de Juchitán, el fundo legal de los bienes comunales de más de 60 mil hectáreas que comprenden el territorio en donde se están instalando la mayoría de los molinos.
Por otro lado, la imposición del proyecto ha propiciado la polarización de las diferentes comunidades involucradas, pues, como explica el investigador “hay comunidades como San Dionisio del Mar, cuyo comisariado de bienes comunales ha firmado ya los contratos de arrendamiento por reserva territorial para la instalación de estos megaproyectos en una de las zonas de más alta fragilidad ecológica: la barra natural que divide la laguna superior y de la inferior a lo largo de 39 kilómetros de largo y que controla el intercambio de aguas dulces y saladas”. La fuerte división intracomunitaria de los pueblo ikoot, huave y binnizá ha llegado al grado de agresiones con armas de fuego que ponen en peligro la vida de comuneros indígenas.
Por ello, los habitantes del Istmo han impulsado iniciativas como la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio que tiene comités de defensa de bienes comunales en varias comunidades de la región. “También se está dando asesoría a pequeños propietarios para iniciar procesos jurídicos en contra de las empresas. En algunos casos se ha tenido éxito y se han salvado alrededor de 400 hectáreas que ya estaban contratadas, pero es un proceso muy lento. Pensamos que más bien se debe defender en función de la comunalidad agraria. Pero la gran represión que se ha desatado genera un panorama negativo, pues hay una gran cantidad de órdenes de aprehensión contra quienes se oponen al proyecto”, comenta Carlos Manzo.
El problema va más allá de la construcción de un correo eólico. Hoy, Oaxaca constituye uno de los principales blancos de las empresas transnacionales. En la sierra que atraviesa su vasto territorio, “hay más de 140 concesiones que el actual gobierno federal ha autorizado para la realización de trabajos de minería a cielo abierto, y en la zona de la selva de los Chimalapas se ha detectado la presencia de empresas farmacéuticas transnacionales que realizan procesos de biopiratería, extrayendo recursos naturales”, explica en investigador de la Universidad de Guadalajara.
Ante el peligro inminente que los intereses de las grandes empresas transnacionales y el Estado representan, Manzo considera que “es necesario articular los movimientos contra todos los proyectos: las presas hidroeléctricas, minas, eólicos y carreteras. Debemos presentar un frente común a las trasnacionales y contra el Estado que es cómplice de las empresas para la imposición de estos megaproyectos”.
Una carretera contra la vida de los nahuas en Milpa Alta
Con la llegada de Rafael Moreno Valle al gobierno de Puebla, el primero de febrero de 2010, se anunciaron al menos cinco proyectos de gran magnitud, que serían las primeras acciones del gobernador en sus primeros 100 días en el cargo.
José Cruz, de la comunidad nahua en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, explica que actualmente existen varios proyectos que afectan a su comunidad. El primero es una carretera que se proyecta construir de Metepec, Puebla, a Milpa Alta, Distrito Federal: “De eso nos enteramos por medios periodísticos, pero oficialmente las autoridades delegacionales no nos han avisado de la construcción”. Sin embargo, en los primeros días del 2011, el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, autorizó 100 millones de pesos para iniciar los cinco proyectos que se realizarán en Puebla, entre ellos, la carretera Milpa Alta-Metepec. “Si se lleva a cabo afectará nuestro territorio, nuestros bosques, nuestra flora y fauna, y dividiría a nuestra comunidad, no sólo geográficamente, sino en la unidad, pues unos estarán en contra o a favor y eso afectará la paz interna”.
El gobernador de Puebla, Moreno Valle, cuenta con el aval del gobierno federal y será a mediados de agosto de este año cuando comience el cabildeo con los diputados federales para que aprueben recursos extraordinarios en el presupuesto de 2011. La carretera Metepec-Milpa Alta tendrá un costo cercano a los 400 millones de pesos, y también es apoyada por el delegado de Milpa Alta, Francisco García, quien en los años ochenta participó en la defensa de la tierra. Sin embargo, actualmente propicia que grandes capitales afecten a la comunidad.
Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, avaló con el respaldo del presidente Felipe Calderón, la construcción de la carretera y los proyectos que contempla el nuevo gobierno de Puebla. La construcción comenzará en este 201, con el argumento de descargar el tráfico de la avenida Zaragoza, la autopista México-Puebla y reactivar al aeropuerto poblano como alterno al Benito Juárez en la Ciudad de México.
“Nuestro problema –señala José Cruz- es vivir cerca de la ciudad. Sufrimos el embate de la misma y es urgente la necesidad de agruparnos, conocer nuestros derechos y conocer los proyectos que se quieren llevar a cabo”. La construcción de la carretera no sólo afectará a la comunidad nahua en Milpa Alta, sino también a los habitantes del resto del Distrito Federal, ya que los ojos de agua de Xochimilco y Nativitas, que alimentan de agua a gran parte de la 17 ciudad, se afectarían y se desencadenarían más problemas ecológicos, ya que no habría recargas de mantos acuíferos y este hecho provocaría su hundimiento.
José Cruz refiere que un proyecto más se refiere a la administración del agua: “Necesitamos saber que empresas están trabajando para apropiarse de este recurso. Actualmente carecemos de agua, sólo tenemos agua en casa dos o tres veces a la semana”.
¿La resistencia? “Existen muchas formas para resistir -señala José- Necesitamos dar a conocer la historia de la lucha por la tierra a los jóvenes, ya que ahora no saben apreciarla y es posible que les quiten esas tierras en beneficio del gran capital”.
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