El párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, ha recibido amenazas de muerte por oponerse a la explotación de minas que la empresa canadiense Blackfire realiza en ese municipio fronterizo, denunció la coordinación de las Comunidades Eclesiales de Base de la diócesis local. El obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, expresó total respaldo al párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores.
Fuente: diario La Jornada
13/10/2010. El sacerdote ha sido ubicado como actor visible en la defensa de la tierra y territorio en la región a través de la evangelización y por eso es víctima de amenazas de muerte y de una guerra sicológica, agregó en una carta dirigida a los gobiernos de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero.
Las amenazas que ha sufrido forman parte de una guerra de baja intensidad de actores que tienen interés en los recursos minerales de la región, esto es, los gobiernos federal, estatal y municipal y la empresa canadienses, aseveró.
Al ser coherente en predicar conforme al evangelio, al decir la verdad y denunciar las injusticias y caminar al lado del pueblo de Dios oprimido, marginado, engañado, saqueado, despojado y amenazado, el sacerdote es un obstáculo para la minera Blackfire, señala el documento.
En noviembre pasado fue asesinado en ese lugar Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de barita que realiza la compañía.
La coordinación de las co- munidades eclesiales señaló que desde la llegada de Blackfire a Chicomuselo han ocurrido problemas, resultado de sus acciones depredadoras y de menosprecio a las leyes de protección del medio ambiente y a la población en su conjunto, ante la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Añadió que durante tres años la empresa operó en Chicomuselo y a principios de 2008 inició la resistencia a la explotación de barita en los ejidos Grecia y Nueva Morelia, y no fue sino hasta que ocurrió el asesinato de Abarca Roblero que el gobierno estatal, mediante la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural actuó contra la empresa”.
Recordó que el 7 de diciembre pasado la dependencia clausuró temporalmente la veta por causar impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino, ante lo cual la minera promovió el 15 de diciembre de 2009 un amparo de la justicia federal.
El 30 de abril de 2010, recordó, el juzgado quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez resolvió amparar y proteger a Blackfire contra los actos de la Semavihn con el argumento de que según el artículo 27 constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
Lo anterior, aseveró, “facilita el camino a la transnacional para que regrese ‘limpia’ de cualquier violación al medio ambiente, y seguir contaminando a la población de Chicomuselo y de todas las comunidades de la región Sierra de Chiapas”.
Estos conflictos siguen vigentes en los pueblos indígenas y campesinos de Chicomuselo, y no descartamos que en cualquier momento empiece una escalada de violencia, por lo que exigió respeto a nuestros derechos de libre determinación y defensa de nuestras tierras y territorios como pueblos indígenas y campesinos.
También demandó la cancelación definitiva de la exploración y explotación minera en territorio chiapaneco; que se ejercite la acción penal contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Mariano Abarca, y que se respete su derecho como pueblos a ser consultados.
El obispo Arizmendi expresa “apoyo total” al párroco de Chicomuselo amagado de muerte
El obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, expresó total respaldo al párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, quien recibió amenazas de muerte por “acompañar” a las comunidades que se oponen a la explotación de minas de barita que realiza la empresa canadiense Blackfire.
“Procuramos tener cuidado de que no ande solo y los catequistas y las propias autoridades locales están al pendiente”, dijo este domingo en conferencia de prensa.
“Hace poco más de dos meses tuve esta información y hablé con él. Me decía que efectivamente se le advirtió que alguien había pensado asesinarlo. Estuve en comunicación ayer (el sábado) nuevamente con él, y me dijo que no ha habido más indicios de que esto vaya a suceder; esperamos que deveras no llegue a mayores”, agregó.
–¿Tiene el respaldo de la diócesis? –se le inquirió.
–Obvio. Siempre. Desde que me enteré hace dos meses hemos estado en comunicación con él.
Felipe Arizmendi indicó: “Todos celebramos cuando (en diciembre pasado el gobierno estatal) clausuró temporalmente la mina (ubicada en el ejido Grecia), porque había varios problemas, pero desde entonces pensamos que la empresa iba a moverse, no se iba a quedar así porque hay muchos intereses en el fondo”.
Manifestó que es necesario seguir buscando mecanismos para no dañar más a las comunidades y al medio ambiente. “Esto debemos verlo entre todos, no sólo las comunidades sino las autoridades, que para eso están”, señaló.
Precisó que no es que el párroco sea el líder de los opositores a la explotación de las minas de barita, sino que “acompaña a la comunidad en sus preocupaciones, como yo, que he estado en la parroquia de Chicomuselo, pues no podemos desentendernos de los problemas”.
En noviembre del año pasado Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de las minas de barita, fue asesinado en la cabecera de Chicomuselo –municipio situado en la zona fronteriza con Guatemala–.
A consecuencia del asesinato, las autoridades estatales clausuraron la mina en forma temporal, debido a que “causaba impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino”; sin embargo, la empresa promovió un amparo de la justicia federal y en abril de este año el juzgado quinto de distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió en su favor, por lo que próximamente podría reanudar los trabajos.
