La reconocida líder indígena fue asesinada junto a un observador internacional cuando se movilizaban en una caravana humanitaria en Oaxaca.
Fuente: Prodiario
06/05/2010. Responsabilizan al grupo armado UBISORT, una “fuerza de choque” del gobierno estatal. P&M dialogó con uno de los activistas que ayer marchó hacia la embajada de México en Buenos Aires con el apoyo de Pérez Esquivel y Madres de Plaza de Mayo.
El pasado 27 de abril, a las 10 de la mañana, una caravana humanitaria -integrada por observadores internacionales de derechos humanos, organizaciones comunitarias y reporteros locales-, marchó desde el norte del estado mexicano de Oaxaca hacia al municipio autónomo de San Juan Copala, que se encuentra cercado por militares y paramilitares en medio de un conflicto que ya lleva tres años.
San Juan Copala fue creado el 1 de enero de 2007 por comunidades del pueblo indígena triqui, que formalmente son parte de los municipios mixtecos de Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario, en el occidente del estado, cuyas cabeceras son controladas por mestizos.
La caravana tenía el objetivo de ayudar a la autoorganización del municipio y romper el bloqueo informativo que se impuso en una zona que lucha por defender sus derechos y construir su propio futuro.
Pero antes de llegar, según testigos, la organización paramilitar UBISORT (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui), que se encontraba atrincherada en una barricada en medio del camino, abrió fuego con armas de alto calibre contra la caravana asesinando a la directora de la organización VOCAL, Alberta “Bety” Cariño Trujillo, y al observador finlandés Jyry Yakkola.
El crimen de “Bety” Cariño, que fue una reconocida activista indígena del pueblo mixteco Ñu Saavi, y del observador no fue un simple crimen, ya que dejó al descubierto un conflicto mayor que involucra a redes de narcotráfico y sectores políticos neoliberales.
Entrevistado por Política&Medios, Oscar González, integrante del colectivo CACTUS de Oaxaca, denunció cooperación y protección política por parte del gobernador de ese estado, Ulises Ruiz, hacia el grupo paramilitar UBISORT, su “fuerza ilegal” de choque.
“Todo esto habla del clima de agresión que se vive contra las comunidades organizadas en todo México. UBISOR está íntimamente relacionado con el gobierno de Ruiz, que en el 2006 mandó y organizó la represión directa contra los militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la rebelión civil y pacífica que se dio en el Estado”, denunció el activista.
Cabe señalar que el caso está siendo investigado por la Procuraduría General de México que, a través de su Delegación Estatal en Oaxaca, realizó pesquisas en torno a los hechos. De todos modos, González no tiene expectativas en esta acción, ya que consideró que, aunque el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia, “los fallos siempre suelen ser a favor del Estado”.
Entre los responsables del crimen, las organizaciones responsabilizan al grupo paramilitar y a gobierno de Ruiz, aunque el integrante de CACTUS fue más allá y señaló la “protección y complicidad” del presidente Felipe Calderón, además de cuestionar el silencio informativo de los medios.
“Este hecho revela un momento que se vive en México, con un gobierno federal que actuó y sigue actuando con una política belicista a lo largo y ancho del país contra una supuesta lucha contra el narcotráfico”, explicó González y aclaró que “los medios masivos tienen una postura de silenciar cuando hay alguna actividad fuera de la guerra contra el narcotráfico”.
El móvil del crimen. Oscar González relató que la organización paramilitar UBISORT, que actúa en el marco de la ilegalidad en México, atacó a los activistas porque “no quiere” que se visualice la situación en la que se encuentra el municipio autónomo de San Juan Copala.
González habló de un “ataque certero” dirigido contra las organizaciones comunitarias. “La autonomía es algo que pega muy fuerte en todo el proceso neoliberal que se da en México”, explicó.
Asimismo, recordó que dicha localidad está completamente cercada desde que, a principios de este año, la sede municipal recibió un mortal ataque de ráfagas de fuego que dejó como saldo tres niños muertos que iban a la escuela en las cercanías. A partir de ese hecho, se inició el cerco paramilitar en la zona y comenzaron las caravanas humanitarias trasladando víveres y medicinas.
“Todas estas organizaciones alrededor del Municipio Autónomo visibilizan la lógica con la que los Gobiernos locales se amparan para poder actuar de forma oscura en las zonas. Podemos denunciar que el gobierno de Ulises Ruiz usa a los paramilitares para armar como una guerra psicológica”, analizó González.
Por otra parte, el activista destacó que su organización se niega a la intervención militar: “No queremos que pase otro Chipas, donde por cada organización había un retén y un cuartel militar. Ese grito que sonó en 1994-97 de ´Chiapas no es un cuartel´ no queremos que se repita en Oaxaca”.
La responsabilidad oficial. “El Gobierno federal de (Felipe) Calderón ampara al Gobierno provincial de Ulises Ruiz. Es un hecho. Cuando en el 2006 se da la represión donde mueren activistas y civiles que estaban en las calles, cuando todavía estaba el gobierno de Vicente Fox, Ruiz actuó con total impunidad, siendo que había pruebas de que había organizado a paramilitares para que atacara las barricadas populares. Calderón, cuando asumió al poco tiempo, no hizo absolutamente nada”, recordó González.
Del mismo modo, reveló que el gobernador de Oaxaca no es el único priista (del Partidos Revolucionario Institucional) que ha tenido el apoyo de Felipe Calderón. “Mientras haya acuerdos políticos no se tocan, nadie va a ir a la cárcel porque que hay mucha impunidad”, resaltó.
Protesta en la Embajada. Ayer al mediodía, alrededor de 40 personas se congregaron en la Embajada de México en Buenos Aires, situada en la calle Arcos al 1650, para protestar por las dos muertes ocurridas en Oaxaca, mientras eran seguidos de cerca por policías anti-motines de la Federal.
Reunidos formalmente con las autoridades diplomáticas, los manifestantes presentaron una carta de repudio que incluía prestigiosas firmas, entre ellas las del Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, y de las Madres de Plaza de Mayo.
“Nos recibieron y nos hicieron saber que iban a comunicar los hechos al Gobierno Federal, aunque estaban absolutamente nerviosos, no tenían un discurso oficial”, detalló González y concluyó: “Lo que quisimos hacer fue un acto de repudio, más que esperar algo de estos malos gobiernos”.
