Bastuk Tuncak, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), criticó la nula atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las comunidades afectadas por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en el río Sonora en agosto de 2014, tras corroborar que las enfermedades entre los pobladores siguen en aumento. Vecinos aseguran que sus enfermedades han empeorado; los efectos pueden tardar años en aparecer; jóvenes, niños y fetos, los más vulnerables.

Fuente: Jornada

El representante de la ONU acudió a la plaza de Baviácora para escuchar los reclamos de pobladores. Le explicaron que continúan los daños a la salud, ecológicos y económicos. Fue la segunda reunión con damnificados de siete municipios. Bastuk Tuncak se dijo sorprendido por el agravamiento del problema.

¿Qué pasa con la OMS? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué las normas sanitarias de la OMS están rebasadas y sus topes son diferentes a los estipulados en la norma oficial mexicana? Este es un asunto en el cual la ONU y sus agencias deberían estar plenamente involucrados y cuestionar, expresó el especialista.

Integrantes de los comités de cuenca del río Sonora demandaron remediación ambiental y leyes que impidan otro desastre ecológico, y aseguraron que los afectados han empeorado.

Esperanza García, vecina de Baviácora, expuso que la acumulación de metales pesados en la sangre ha causado estragos entre más de mil habitantes: daños dermatológicos, neuronales y diversos tipos de cáncer, pese a que cifras oficiales sólo reportan 280 casos. Reprochó que desde el 2016 no se han realizado análisis clínicos a los pobladores ribereños.

Óscar Encinas, presidente de uno de los comités de cuenca, aseguró que se siguen violando sus derechos al agua limpia, a la atención médica y a la justicia.

Dijo que han interpuesto 15 juicios de amparo en contra del consorcio del empresario Germán Larrea (sólo uno fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) para exigir que se audite el fideicomiso que autoridades y empresa crearon para poyar a los afectados por el derrame.

Reconoció que los ciudadanos temen participar en los comités de cuenca y que las ventas de sus productos agrícolas se han desplomado por temor a la contaminación con desechos mineros.

Bastuk Tuncak explicó que pueden transcurrir meses hasta décadas antes de que se manifieste la verdadera dimensión de los daños a la salud. En estos casos los más vulnerables son los jóvenes, los niños y los no nacidos.

Aseguró que la razón por la cual la ONU ha creado cargos especializados en derrames tóxicos es porque busca que los involucrados en el desastre ambiental se hagan responsables, y sugirió presionar a la empresa y a las autoridades, no sólo a escala local también internacional, añadió.

En su primera visita a la región, la ONU determinó que la minera y el gobierno son corresponsables del derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014, cuando Grupo México vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, causando daños a cerca de 22 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo