La investigación sobre el homicidio de un activista antiminero incluyó el interrogatorio de personal administrativo de una empresa canadiense en el sur de México, informó el miércoles un vocero de la minera.
Fuente: Univisión
02/12/2009. Mariano Abarca Robledo fue muerto el viernes de un disparo a la cabeza y otro al pecho por un hombre a bordo de una motocicleta en la localidad de Chicomuselo, cerca de la frontera con Guatemala, dijo Gustavo Castro, un activista que con Abarca Robledo organizaba entre los habitantes el rechazo a la explotación de barita en la región.
El vocero de la minera Blackfire Exploration Ltd., con sede en la ciudad canadiense de Calgary, descartó cualquier involucramiento de la compañía en el homicidio. Explicó que por consejo de su abogado hizo las declaraciones a condición de guardar el anonimato.
Blackfire ha solicitado a la embajada de Canadá en México que intervenga después de conocer versiones de que nueve de sus empleados en el estado sureño de Chiapas estaban siendo atacados y golpeados en respuesta al homicidio.
La portavoz de la embajada canadiense en la Ciudad de México, Gabriela Hernández, expresó el miércoles que ese país “lamenta este hecho de violencia, pero la embajada de Canadá no está involucrada en la investigación. Es un asunto que corresponde a las autoridades mexicanas”.
Varios activistas aseguraron el miércoles que Abarca Robledo había temido por su vida y denunciado recientemente a la policía que directivos de Blackfire lo habían amenazado.
“Este asesinato ilustra dramáticamente la terrible situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos tanto en el estado de Chiapas como en el resto del país”, consideró Marie-Dominik Langlois, que dirige el Comité por los Derechos Humanos en Latinoamérica. El grupo no lucrativo, radicado en Montreal, observa las prácticas laborales de mineras canadienses.
En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas condenó el homicidio, cometido el viernes frente a su casa.
En un comunicado, el centro exigió que el gobierno cese todos los actos de agresión y comience a proteger a los defensores de los derechos humanos.
Las licitaciones mineras en Chiapas, obtenidas mayoritariamente por empresas canadienses, han sido rechazadas por vecinos ante el temor de que se produzcan daños al ambiente.
