En función de la coyuntura que ha creado la declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de construir un muro en la frontera con México y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), causaron extrañeza las palabras de un integrante del Gobierno de Canadá: “Amamos a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”.
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Fuente: RT
Esas declaraciones se podrían aplicar a la actividad minera que algunas empresas canadienses realizan en territorio mexicano. En particular, esas compañías aman el oro y demás minerales que se extraen de la tercera parte de México, que quedó repartido como un pastel a partir del año 2000. Así, el 70 % de las concesiones mineras de ese país México están en manos extranjeras, de las cuales un 74 % se encuentran controladas por compañías canadienses.
Cuando una firma canadiense de ese sector —ya sea Goldcorp, New Gold, Yamana Gold, Torex Gold Resources o Metallica Resources— se asienta en un lugar, provoca enfermedades, desplazamiento de población, corrupción y aumento del crimen organizado, explica a RT Miguel Ángel Mijangos, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
La población de México comenzó a conocer estas consecuencias en la década de los 90, con la instalación de una mina a cielo abierto en el cerro de San Pedro (San Luis Potosí). A pesar de que el pueblo ganó más de 20 juicios contra una subsidiaria de New Gold-Minera San Xavier, la firma nunca detuvo su actividad. Hoy en día, ese pueblo está vacío y padece una gran contaminación ambiental. El cerro, presente en el escudo de armas del estado de San Luis Potosí, prácticamente desapareció.
Existen más ejemplos de situaciones dañinas. El caso de las minas a cielo abierto de los municipios de Carrizalillo y Cocula (Guerrero), muy cercanas a la famosa escuela rural de Ayotzinapa, resulta paradigmático: los ríos prácticamente ya no sirven, la población comienza a ser desplazada y el crimen organizado manda en la región.
Por último, el asesinato del ambientalista Mariano Abarca en 2009, quien se oponía a la minera Blackfire en Chicomuselo (Chiapas), puso el tema en la mesa con todas sus letras: las mineras canadienses estaban violando los derechos de las poblaciones mexicanas.
La revista ‘Proceso’ consignó que, desde hace 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con el fallecimiento de ocho personas y dos desapariciones.
Desde el TLCAN
RT platicó con Jen Moore, Coordinadora para el Programa para América Latina de la organización Mining Watch Canadá, dedicada a investigar y advertir sobre las actividades de las mineras de su país.
Moore explica que, a partir de la proclamación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se negoció un conjunto de reformas que permitió la entrada de inversionistas extranjeros en el sector minero de México.
Esta activista candiense advierte que la privatización de tierras colectivas —a partir de la reforma del artículo 27, en 1992— fue la clave para que todo el país fuera dividido en miles de concesiones mineras, que se pueden consultar en la Secretaría de Economía.
Realmente, explica Mijangos, las mineras canadienses no tienen capital exclusivo de Canadá, algo que provoca que otras empresas de ese rubro traten de asentarse en ese país por sus características fiscales, ya que los impuestos y las prerrogativas son casi nulos. Muchas de esas firmas ya están vinculadas a las bolsa de valores Vancouver y de Toronto.
Mediante las embajadas
De acuerdo con Mijangos, la promoción de la minería desde Canadá es casi una “política de estado”. En todo el mundo, y en particular en América Latina, las embajadas canadienses se dedican a promover la actividad minera.
Jen Moore también denuncia que toda la política exterior de Canadá ha sido organizada para promover los intereses del capital canadiense, especialmente en el sector minero y el financiero.
“Directamente en México podemos ver claramente como la embajada, desde su lado diplomático y comercial, brinda varios apoyos a las empresas mineras para facilitar sus operaciones y defenderlas cuando entran en conflicto con poblaciones”, acusa Moore.
El diario ‘La Jornada’ ya había advertido que el Gobierno canadiense “alienta los abusos de mineras”.
De acuerdo con otra nota del semanario ‘Proceso’, peticiones mediante de ley de transparencia en Canadá mostraron que la embajada apoyó a a empresa Balckfire a pesar de que sabía de las amenazas que había contra el ambientalista opositor a la minera, Mariano Abarca.
El caso de Guerrero, dice Mijangos, es ahora el más palpable:
“Hemos visto un papel más activo de la embajada, bastante visible y público, en que ha ido defendiendo la embajada de más capital en la zona más conflictiva y sangriento de Guerrero”.
Moore asevera que ese organismo ha defendido Torex Gold a pesar de los casos de secuestro y asesinato que imperan en el estado.
“Para operar en estas zonas se tiene que pactar con el crimen organizado. La embajada ha legitimado y promovido la inversión canadiense a pesar de esta situación de terror”, dice Moore.
“Los pescadores de Cocula le dicen a la minera y a la embajda nos estamos enfermando, no hay empleo, el crimen tiene ocupado el pueblo. Es contradictorio, porque desde Canadá lanzan alerta migratoria recomendando a paisanos que no visiten Guerrero por la violencia; pero su inversión está en Cocula. Pareciera que dicen: que entre la inversión, pero las personas no”, denuncia Mijangos.
Además, el activista mexicano denuncia que el nuevo gobierno liberal de Justin Trudeau tampoco ha mejorado la situación, pues cuando nació la REMA había 700 proyectos mineros y ahora operan 1.300 empresas canadienses.
En octubre del año pasado, el rotativo ‘The New York Times’ hizo pública una carta de 180 organizaciones del continente que pedían al primer ministro Trudeau regular las actividades de las empresas mineras canadienses en el mundo, pero no recibieron respuesta.
La lucha se intensifica
Durante la elaboración de este reportaje, al menos tres conflictos de población con minas canadienses escalaron de manera significativa, principalmente por asuntos de despojo de tierras.
La mitad del territorio mexicano es de propiedad social; es decir, pertenece de manera colectiva a ejidos y comunidades indígenas. Las mineras han intentado arrebatarles las tierras mediante contratos engañosos, explica Mijangos.
En Cocula, las empresas acabaron con actividad pesquera de la región y los pescadores piden una indemnización. Ante sus protestas, grupos de trabajadores y civiles armados impiden que los pobladores que bloquean la entrada de la Media Luna reciban solidaridad, reportaron medios locales.
Además, por primera vez en la historia de México una minera candiense obtuvo un fallo para que pobladores le paguen una indemnnización. El Ejido de La Sierrita (Durango) exigía de la empresa Excellon el cumplimiento de obras que habían acordado, como un comedor; ante la negativa de la empresa, los campesinos bloquearon la entrada a la mina.
“El Gobierno canadiense hizo ‘lobby’, hubo represión. La empresa los demandó y el juez avala que los pobladores deben pagar cinco millones de pesos”, denuncia Mijangos. Los pobladores ya interpusieron un amparo contra la decisión.
Por último, habitantes de un pueblo del estado minero de Zacatecas fueron desalojados de sus hogares por conflicto de tierras con la canadiense Panamerican Silver. Los habitantes recalcan que las tierras son de su propiedad social, pero la minera los desalojó con la fuerza pública:
“Atropellos, sobre todo de los extranjeros que están representados en estas mineras, con el chantaje de que generan empleos para los zacatecanos”, dijo un habitante.
