De acuerdo con lo informado por la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), el Segundo Tribunal Colegiado de Material Penal y Administrativa en Torreón, Coahuila, admitió el amparo interpuesto por ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita de Galeana en Durango, promovido en diciembre pasado con el propósito de que se les garantice el derecho de acceso a la justicia en su disputa territorial con la minera Excellon de México S.A de C.V.
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Fuente: El Siglo
A través de un comunicado de prensa, la citada organización abundó que el amparo se interpuso luego de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, dictó una sentencia en la que estableció el término de la relación contractual entre las ejidatarias, los ejidatarios y Excellon de México S.A de C.V, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al ejido. No obstante, dijo, en la misma sentencia se ordenó al ejido pagar a la empresa la cantidad de cinco millones 612 mil 038 pesos, manteniendo un embargo sobre sus tierras hasta que se realice el pago.
Cabe destacar que el embargo significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución, ya que este precepto reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas, se lee en el comunicado.
Asimismo, ProDesc señaló que la sentencia estableció que la empresa debe pagar al ejido la cantidad de cinco millones 500 mil pesos por una cláusula penal establecida en el contrato. Empero, aclaró, el Tribunal Unitario Agrario no se pronunció por los daños que las actividades de la empresa causan a la comunidad y a sus tierras.
También, se resaltó que con relación al supuesto cierre de la mina por parte de las y los ejidatarios – hecho por el que la comunidad deberá pagar a la empresa la cantidad antes mencionada-, las pruebas confesionales y testimoniales que ofreció Excellon mostraron que se trató de una manifestación pacífica en una de las entradas de la mina, sin afectar el acceso de las y los trabajadores a la empresa.
Por su parte, Juan Antonio López, abogado y coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, mencionó: “el Ejido La Sierrita no ha recibido el pago de la renta en los últimos tres años; además, la sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario omite ordenar que el ejido debe recibir un pago por los daños causados y por los incumplimientos al contrato por parte de la empresa. Por eso es tan relevante que el Segundo Tribunal Colegiado haya admitido el amparo interpuesto, y esperamos que se garanticen a cabalidad los derechos de las ejidatarias y los ejidatarios”.
“Es importante dejar en claro que las ejidatarias y los ejidatarios de La Sierrita buscaron entablar un diálogo con Excellon, ya que es una comunidad que está a favor del desarrollo y la generación de empleos en la región, pero esto no podrá suceder si continúan las violaciones a los derechos de las y los propietarios de la tierra”, apuntó el litigante.
