Una de las minas de oro más grandes de Latinoamérica perteneciente a la canadiense Goldcorp, atrajo en el sur de México la codicia de grupos de la delincuencia organizada, que aterrorizaron a comunidades cercanas para aprovecharse de las ganancias de la explotación del mineral. Enfrentamientos entre bandas delictivas que buscaban cobrar cuotas de extorsión, conocidas como “cobro de piso”, a comerciantes por considerarlo un pueblo rico. Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes.
Fuente: Jornada
La mina de la empresa canadiense Goldcorp, que produjo el año pasado unas 7.3 toneladas de oro, está en los límites de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri del estado de Guerrero.
Peritos de la fiscalía general confirmaron la semana pasada el hallazgo de cinco cuerpos en tres fosas clandestinas ubicadas en un cerro cerca de Carrizalillo con presuntas víctimas de la violencia de grupos armados.
Un supuesto integrante del cártel de los Guerreros Unidos reveló a los pobladores que en ese sitio había cuerpos enterrados. Ellos fueron a buscar y encontraron restos. Según afirman, podría haber dos macrofosas con más de 60 cuerpos.
El complejo minero Los Filos-El Bermejal, que opera desde 2007, generó empleos directos e indirectos, pero también una fuerte pelea entre bandas delictivas que buscaban cobrar cuotas de extorsión, conocidas como “cobro de piso”.
En 2014 autoridades de la localidad de Carrizalillo denunciaron que hombres armados ingresaron en el pueblo y buscaron a todos los que trabajaban en la empresa o recibían pagos por la explotación minera de sus tierras y comenzaron a extorsionarlos de manera constante.
“Decían que era un pueblo rico y por eso también iban a las tiendas a cobrarles por pisaje (cuota)”, recuerda el comisario del pueblo, Nelson Figueroa.
La pugna derivó en secuestros, asesinatos, enfrentamientos entre criminales y cientos de desplazados de sus comunidades.
El aumento de la presencia de sujetos fuertemente armados y sus rivaliddes con un grupo antagónico obligaron a numerosas familias a huir de las comunidades de Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla.
En octubre del año pasado, casi un mes después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala -a 100 kilómetros de allí-, un operativo de las fuerzas de seguridad hizo que salieran de la zona los sicarios que tenían a la población bajo su control.
Tan solo en los últimos dos años hubo una docena de asesinatos de personas ligadas a la minera, según afirman los habitantes.
En marzo “secuestraron a gente del pueblo que trabaja en la mina.
Goldcorp negó los hechos y no hizo ninguna aportación de ayuda y unos días después los mineros aparecieron muertos en una barranca”, dijo el comisario de Carrizalillo.
En esa ocasión fueron tres los muertos. La empresa afirmó que los hechos se dieron fuera de la mina y que los trabajadores tampoco se encontraban realizando servicio de transporte, que era su ocupación.
“La minera se deslinda de los hechos que en ese lugar se han registrado aclarando que no han sido dentro del complejo, pues al interior de la mina se opera con los mayores protocolos de seguridad”, indicó la empresa.
Para casi todos los pobladores la actividad minera es una fuente de ingresos, ya sea porque trabajan allí o porque obtienen una renta por sus tierras. Y eso además los lleva a no querer abandonar sus pueblos.
El caso de Carrizalillo llamó la atención del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga en México el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
“Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero”, advirtieron.
