Grupo México, junto con su asociado Minorbis, podría comenzar a operar en septiembre próximo la mina Aznalcóllar, en Sevilla, España, al haberse rechazado la petición de suspensión de adjudicación de la licitación tras las denuncias de prevaricación y corrupción.
Fuente: Sin Embargo
Grupo México es propiedad del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, quien en México enfrenta señalamientos por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, que causó daños severos en las comunidades aledañas.
De acuerdo con la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, “no se observan motivos para entrar a pronunciarnos sobre la suspensión”. Esto, luego de que la empresa Emerita Forbes Manhattan –que perdió la licitación ante el consorcio– denunciara supuestos de corrupción que habrían llevado a la minera mexicana y su socio a ganar el concurso.
La Junta de Andalucía está a la espera de un informe de servicios jurídicos para decidir sobre el concurso, pero en caso que se dé luz verde, el Gobierno impulsará la reapertura de la mina.
Hace unos meses, cuando el Gobierno de Andalucía adjudicó los derechos de explotación de la mina lo hizo al consorcio. Así está afianzado en diversos documentos para la solicitud de la concesión, que incluso mostraron los logotipos de ambas empresas.
“Se puede comprobar también que en toda la documentación que presenta la entidad adjudicataria del concurso siempre aparecen los logotipos de las dos empresas, tanto el de Grupo México como el de Minorbis”, explicó la defensa jurídica de Emerita Forbes Manhattan.
El 19 de mayo, el diario El Mundo dio a conocer que el Gobierno de Andalucía adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar al grupo empresarial, a pesar de que en el proyecto ganador podía haber documentos falsificados, en concreto, los escritos con los que la adjudicataria acreditó su alianza con la multinacional mexicana que debía aportar la experiencia y la capacidad de la que la empresa española carece.
El mismo diario reveló que Grupo México dio a Grupo Magtel millones de euros para que interviniera a su favor en el concurso de adjudicación de la mina. De acuerdo con un documento en posesión del diario español, Grupo México pagó a Magtel por sus servicios en el concurso minero con acciones de la Minera Los Frailes.
El Confidencial publica hoy que BBVA decidirá si el consorcio es fantasma o no al revelar si los 92 millones de euros de fondo que ambas empresas firmaron como participación societaria en la tercera empresa.
“Para disipar sospechas, la juez reclama al BBVA que acredite que en la cuenta bancaria facilitada por la empresa adjudicataria siguen “los 92 millones de euros” y que ya fueron confirmados por la entidad bancaria el pasado 7 de julio. Exige además a Minorbis-Grupo México que acredite la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados correspondiente a la ampliación de capital fechada el pasado mayo y la liquidación del IVA y justificante bancario que demuestre la compra de participaciones de Minorbis en Minera Los Frailes”, explica el diario.
Es decir que se trata de demostrar que los concursantes optaron de forma legal y no que la adjudicación estaba decidida para Magtel y que ésta después buscó un socio para hacerse con la mina , como apuntan los denunciantes que hablan de tráfico de influencias y prevaricación y para esclarecer “las dudas sobre simulación de negocio que expone la acusación particular”.
Otra de las irregularidades fue denunciada por el diario El Mundo, en una nota firmada por Chema Rodríguez, quien publicó que el consorcio pagó un millón de euros para que interviniera a su favor en el concurso de adjudicación.
Entre los documentos que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta envió al juzgado está una factura emitida por Minorbis –filial de Magtel– a AMC Mining Iberia S.L.U. –filial de Grupo México– “por un importe de 1 millón 210 mil euros”. La cual fue presentada, aseguró el diario, como ”honorarios por servicios de coordinación previa” a AMC Mining Iberia “para el desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera Aznalcóllar”.
La factura del más de un millón de euros “aparenta ser una comisión en toda regla por las gestiones realizadas para lograr la adjudicación de la mina ante la Junta, con la que según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Magtel tenía relaciones privilegiadas”, afirmó el diario.
Los investigadores también detectaron otras irregularidades, entre ellas, que no se cumpla la exigencia de aportar el informe expedido por la Oficina Consular de España en México respecto a la capacidad de la multinacional minera. O que no se satisfaga el requerimiento de detallar el compromiso de inversión de cada una de las partes.
En el auto con fecha 10 de agosto en el que se exponen las causas por las no se solicita la suspensión también se requiere como parte de las diligencias, la declaración testifical de dos operarios de la depuradora de la antigua mina, sobre aspectos medioambientales y geológicos que, según han apuntado fuentes de la Junta de Andalucía, nada tienen que ver con el objeto de la instrucción, “que no es otro que la corrección en derecho del acto administrativo de adjudicación de un concurso internacional”.
Por otra parte, la jueza rechaza la personación en el caso de la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, por ser “parte interesada”, y devuelve el caso al Juzgado de Instrucción número 12.
