Con el título “Guía de Ocupación Superficial”, la Secretaría de Economía promueve al Estado Mexicano como un coadyuvante de las empresas mineras para apropiarse de los terrenos que codician, a fin de explotar sus yacimientos, ya sea por la vía de la gestión y la entrega de dividendos a los pueblos afectados o por la expropiación directa.
Fuente: La Jornada
Además, en el documento la dependencia coloca como ejemplo de “éxito” en la consecución lotes para minería a las compañías Goldcorp, Industrias Peñoles y Farallon Minera Mexicana, las cuales han causado daños al medio ambiente y a las comunidades donde se han asentado.
La Guía establece, entre otras cosas, algunos criterios sobre los pueblos que se oponen a la actividad minera, aseverando sobre ellos: “La gente de los ejidos suele considerarse históricamente como víctimas”, “por lo general, mantienen la propiedad de la tierra circundante a la negociada”, amén de que “utilizan a la opinión pública (sic) y toman medidas de facto como instrumentos de presión principales”.
Estado promotor
La “Guía de Ocupación Superficial” incluso promueve a México como una nación más apta que otras, como Perú, para realizar negocios mineros debido a la normatividad fiscal que brinda “beneficios a los pueblos afectados, para evitar conflictos sociales.
“Una cuestión básica en política y que es abordado por cualquier gobierno que impone una regalía es, si el dinero recaudado por dicho concepto es enviado a un fondo general de gastos del gobierno central (autoridad fiscal), o si alguna, o todas las regalías se destinarán a una parte seleccionada, como podría ser la comunidad afectada. La idea de recaudar un impuesto para beneficiarios predeterminados, que no es para el público en general, está relacionada con el concepto de descentralización fiscal”, advierte el documento.
Y añade: “A pesar de que las comunidades tienen poco poder en comparación con el gobierno central, estas pueden afectar en gran medida a la mina, hasta el punto de obstaculizar su funcionamiento o incluso cerrarla. El activismo local, puede ayudar (en algunos casos) a equilibrar la distribución de un impuesto único, tal como las regalías. Una tendencia creciente en los gobiernos consiste en considerar la distribución de una parte de los beneficios fiscales que provienen de una mina, en las comunidades o distritos afectados”, indica.
De hecho, la Secretaría de Economía sugiere que el Estado Mexicano es un eficiente gestionador de las tierras, acompañante de las empresas en sus objetivos y al sistema tributario como un instrumento para prevenir conflictos, mediante la entrega de los impuestos a las comunidades afectadas, sin la intervención de las mineras:
“Los gobiernos pueden hacer mucho para cerrar la brecha de las aspiraciones emocionales (sic) que a menudo existen en las comunidades. Las empresas mineras saben que los pagos directos a las comunidades están plagados de problemas y puede conducir fácilmente a la inestabilidad política. Los gobiernos pueden cooperar en este sentido (sic), ayudando (sic) a las comunidades a establecer estructuras adecuadas para comunicarse con las empresas mineras, demostrar que son legítimos, y recibir y administrar las regalías y otras contribuciones sociales”.
En seguida, la Secretaría de Economía ubica a Perú como un ejemplo de lo que un gobierno no debe hacer por la industria minera:
“No se aplica una política de prevención de conflictos, el gobierno espera a que estallen los conflictos para después tratar de solucionarlos, falta de voluntad del gobierno en la prevención de conflictos, falta de recursos humanos, logísticos y de coordinación, enfoque centralista, obsoleto y absurdo que trata de controlar todo. Evasión de responsabilidad para la solución de conflictos por parte de las autoridades.
La “Guía de Ocupación Superficial”, que puede ser consultada directamente en la liga http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/guia_de_ocupacion_superficial_0414.pdf, incluye un mapa del territorio peruano, identificando las “áreas de conflicto”, es decir los lugares donde la gente está organizada con la finalidad de oponerse a los proyectos mineros.
A decir del gobierno mexicano, en el documento referido, su homólogo peruano ha tenido “eficacia relativa para controlar conflictos” y un “incremento de conflictos sociales a nivel nacional (161 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo y 81 de acuerdo a la Presidencia del Consejo de Ministros)”.
Advierte que “dos meses antes de que termine el proceso de revocación de varias autoridades a lo largo del país, un reporte de la Defensoría del Pueblo indica que los problemas derivados de los conflictos sociales, representan una mayor incidencia local que la regional”.
Añade que “Según el Informe de la Defensoría del Pueblo, los conflictos en el país (Perú) son principalmente de naturaleza socioambiental y se llevan a cabo principalmente en Cajamarca, Ancash y la sierra sur. Casi todos están vinculados a la actividad minera, pero también hay algunos relacionados con los hidrocarburos, los vertederos, la tala ilegal, canales, etc.”.
“Casos ejemplares”
En el capítulo cuatro de la Guía, titulado “casos de éxito” se pone como ejemplos obtención de terrenos las acciones seguidas por compañías Goldcorp, Industrias Peñoles y Farallon Minera Mexicana, las cuales, han tenido problemas con las comunidades en las zonas que se han asentado, debido a los perjuicios causados en ríos y bosques.
Por ejemplo, en enero del año pasado, 70 familias de ejidatarios de las comunidades Las Mesas y Anexo Cedros, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, realizaron un plantón en el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito de la empresa canadiense Goldcorp.
Los ejidatarios exigían una revisión del contrato que signaron con esa empresa minera en 2006, cuando arrendaron sus tierras a Goldcorp en condiciones que “fueron muy desventajosas para los campesinos”, afirmó en esa ocasión Alfonso Herrera, abogado de los manifestantes, quien agregó que había entonces “un grave problema de contaminación ambiental en Peñasquito, pues han ocurrido derrames en la presa de jales, donde hay sustancias tóxicas como cianuro y metales pesados que han contaminado el suelo y subsuelo del lugar”.
En lo que toca a Peñoles, el 23 de diciembre de 2014 ese consorcio que derramó 82 mil litros de solución rica en cianuro en una mina cerca de Caborca, Sonora. En esa ocasión, la Asociación Civil El Noroeste Cumple con las Necesidades de México, denunció que la empresa intentó ocultar lo sucedido:
“El derrame dentro de la empresa minera inició la tarde del pasado martes 23 de diciembre y fue detenida hasta el lunes 29 de diciembre, cuando se utilizó maquinaria pesada para realizar un muro contenedor y además, como lo muestran las fotografías, se realizaron trabajos de remoción de tierra con la intención de cubrir a simple vista la zona contaminada, sin dar parte a las autoridades competentes para evitar represalias legales por este hecho. En esa ocasión la misma persona que solicitó el anonimato al momento de proporcionar las imágenes fotográficas reiteró que esta situación es de suma preocupación para las salud de todos los residentes aledaños, luego de que se habrán de presentar precipitaciones pluviales que harán un flujo mortal con los remanentes de este nuevo derrame, dejando a la deriva la salud de miles de habitantes de esta zona”.
Finalmente, en 2009, en Guerrero hubo protestas contra Farallón Minería Mexicana, que extraía oro, plata, cobre y zinc de la mina de Campo Morado, debido a que incurrió en invasión de terrenos, contaminación y daño a tierras, pastizales y animales, así como la contaminación del agua que consumían los ejidatarios de la región.
