Aunque a ejidatarios sonorenses de El Bajío les fueran reintegradas sus tierras, la empresa Fresnillo PLC, subsidiaria de Penmont (Peñoles- Newmont, continúa de manera ilegal su actividad a través de una manguera de alimentación de agua y sacar el cianuro con oro que se encuentra en las lagunas de lixiviación. La mina Dipolos y parte de La Herradura siguen extrayendo oro a pesar de la orden de un tribunal agrario.
Fuente: Dossier Político
Durante 16 años, esta mina, propiedad de Fresnillo PLC, subsidiaria de Penmont (Peñoles- Newmont), no sólo extrajo oro de las tierras ejidales, sino que incurrió en irregularidades.
Entre ellas la explotación sin autorización ejidal, contratos “oscuros” para mantener su operación e incluso violación de las cláusulas del uso de explosivos que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según los ejidatarios, en 2002 la empresa se comprometió a apoyar a los habitantes de esta comunidad, pero no cumplió.
El 28 de agosto el Ejército y la Policía Federal restituyeron las tierras a 74 ejidatarios y expulsaron a más de mil trabajadores.
Sin embargo, días después empleados de Fresnillo PLC regresaron a hurtadillas para modificar una manguera de alimentación de agua y sacar el cianuro con oro que se encuentra en las lagunas de lixiviación.
“Los terrenos y la mina están en depósito judicial de los ejidatarios”, comentó Erasmo Santiago, miembro del consejo ejidal.
“La orden fue que la mina ya no esté trabajando, pero ya ve que siguen trabajando, siguen bajando el cianuro y el oro, nomás la maquinaria fue la que sacaron”, reclamó.
Una manguera de unos 3 kilómetros extrae el agua, cianuro y oro de Dipolos y lo lleva hacia la mina La Herradura, donde pasa por un proceso de filtrado, electrolisis y finalmente fundición.
Jesús Javier Thomas González, ejidatario y representante legal del ejido El Bajío, explicó que Fresnillo PLC devastó 3 mil 205 hectáreas ejidales durante los 20 años que operó la mina.
Según un perito valuador nombrado por el tribunal agrario, el costo de remediación alcanza los 100 millones de dólares.
Thomas González, representante de los 74 ejidatarios, dijo que están dispuestos a negociar para que la mina regrese a trabajar, pero será con mejores condiciones para ellos.
“En el 2002, cuando ya tenían seis años extrayendo oro, llegaron a pedir permiso de exploración, hacen que los ejidatarios firmen una serie de documentos, les pagan 16 mil pesos a cada uno y les dicen que si después de la exploración encuentran algo (de oro), regresan a firmar un convenio de renta o algo parecido”, relata Thomas González.
Aunque intentaron cobrar renta de las tierras a la minera, ésta se negó, lo que propició un juicio agrario que se extendió por seis años y demoró dos en ejecutar la sentencia que implicaba expulsar a los trabajadores y cesar la extracción de oro.
Son motor económico
La minería en Caborca, principal productor de oro a nivel nacional, representa cerca del 35 por ciento de la actividad económica regional.
Juan Pedro Vanegas, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora y habitante de Caborca, dijo que la minería rescató la economía local, luego del declive agrícola.
“Calcularía que debe generar el 35 por ciento del movimiento de efectivo en la plaza y es todo el año, aquí no hay temporadas bajas ni temporadas altas, además las mismas minas siguen trabajando en nuevos proyectos, buscan más metal”.
La llegada de minas como La Herradura, Dipolos y Noche Buena detonó la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, como proveedoras de ropa y equipo industrial, así como transportistas.
