Organizaciones de la sociedad civil presentaron un mapa que registra los impactos de las operaciones de la minera canadiense en varios países latinoamericanos. La publicación coincidió con la feria minera de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) a la que asistieron delegaciones de los gobiernos de la región.
Pan American Silver Corp. es una empresa minera multinacional con sede en Vancouver y, cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York bajo el símbolo PAAS. Fundada en 1994, actualmente es la sexta explotadora de plata primaria del mundo y la primera de Canadá, según el Instituto Mundial de la Plata. Sus principales accionistas son fondos de inversión y bancos. Lejos de su discurso sobre la minería sostenible y responsable, las prácticas de Pan American Silver evidencian el nulo respeto para los pueblos que defienden los territorios. La empresa lucra, al mismo tiempo que las comunidades han sufrido la militarización, criminalización, violencia, hostigamiento y amenazas. Sus operaciones han generado contaminación ambiental y afectan recursos hídricos esenciales. Si bien la capacidad de propaganda de la industria minera parece ilimitada, la minería de plata no es la salvación económica: las regiones de Potosí en Bolivia, Yauli en Perú y Zacatecas en México lo saben hace siglos.
El mapa de conflictos y daños en los proyectos de Pan American Silver en América Latina es resultado de la coordinación e investigación colaborativa del grupo EJAtlas con las organizaciones MiningWatch Canadá, Earthworks y el programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos.
La explotación del oro y la resistencia agrícola en Perú
Pan American Silver inició su expansión en América Latina con la adquisición de Quiruvilca en 1995. La mina polimetálica está ubicada en la provincia de Santiago de Chuco, norte del Perú, a casi 4000 metros sobre el nivel del mar y junto a las nacientes del río Moche. Pan American Silver explotó Quiruvilca durante 17 años y la vendió a Southern Peaks Mining en 2012. Cinco años después, Southern Peaks se declaró en quiebra y abandonó las faenas sin ejecutar un plan de cierre.
En julio de 2018, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) declaró la cuenca en estado de emergencia. Un decreto firmado semanas después por el presidente Martín Vizcarra declaró la emergencia en los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande debido a la inminente ruptura de los diques de relaves. La contaminación minera también afecta a las zonas agrícolas de las ciudades de Otuzco y Santiago de Chuco, donde residen más de 120 mil personas.
“La minería de plata no es la salvación económica: las regiones de Potosí en Bolivia, Yauli en Perú y Zacatecas en México lo saben hace siglos.”
Con la adquisición de Tahoe Resources, Pan American Silver llegó a Cajamarca, una de las principales regiones de minería de oro del Perú (18,6% de la producción del país en 2018). Al mismo tiempo, es uno de los distritos con más resistencia a la minería en América Latina, como la manifestada contra los proyectos La Zanja, Cerro Quilish, Michiquillay y Conga.
La mina de oro y plata Shahuindo se ubica a unos 15 kilómetros de la ciudad de Cajabamba, entre 2700 y 2900 metros de altura. Tahoe compró el proyecto a Rio Alto Mining en 2015 y comenzó a producir comercialmente en 2016 con una planta con capacidad para procesar 36.000 toneladas al día. Newmont Mining explota la gigantesca mina Yanacocha a unos 80 kilómetros al sur y Barrick Gold explota Lagunas Norte.
Hay oposición permanente al proyecto desde el valle agrícola de Condebamba, donde la población se preocupa por el impacto de la mina sobre sus fuentes de agua. Desde 2016, las agencias regulatorias peruanas han emitido varios informes sobre contaminación por metales pesados de la mina, encontrando que las fuentes de agua no son aptas para el consumo humano. Los pobladores han sufrido la represión y la criminalización por sus protestas sobre la contaminación del agua. Las tensiones sociales persisten desde que Pan American Silver tomó control del proyecto. En Perú, desde 2000 a 2019, el Ministerio de Energías y Minas registra 42 accidentes fatales en las filiales de la empresa.
Mina de oro y plata a cielo abierto Shahuindo, ubicada a unos 15 km de la ciudad de Cajabamba, en la región Cajamarca, entre 2700 y 2900 metros de altura. Fuente: Grufides
Megaminería entre glaciares y pingüinos en el sur argentino
Pan American Silver lleva dos décadas operando en la Patagonia, particularmente en la provincia argentina de Santa Cruz, donde llegó en el año 2002 con la compra del proyecto Manantial Espejo. Si bien la mina a cielo abierto se encuentra en proceso de cierre, a raíz del aumento de los dividendos que generó la quita de las retenciones a las exportaciones mineras otorgada por Mauricio Macri en 2016, Pan American Silver continuará la explotación subterránea de dos depósitos vecinos a cambio de los cuales cedió a Patagonia Gold, la anterior operadora, el resistido proyecto Calcatreu en Río Negro.
En 2009, la empresa adquirió el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, donde la minería de metales a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos por una ley provincial aprobada en 2003. Durante el año 2019, bajo presión del gobierno nacional y las empresas mineras, el gobierno ha buscado reiteradamente modificar la Ley XVII-Nº 68 y avanzar en la zonificación para habilitar la megaminería. La campaña de lobby y las constantes visitas a funcionarios y legisladores provinciales por parte de representantes de la empresa ha sido permanente. Al mismo tiempo, su programa de responsabilidad social se mantiene muy activo: desde auspiciar a la selección argentina de básquet en su participación en el mundial de China, hasta organizar eventos deportivos en localidades de la meseta de Chubut.
Protesta ante la Legislatura de Chubut en Rawson organizada por las asambleas ambientales contra la modificación de la Ley XVII-Nº 68 que prohíbe la minería de metales a cielo abierto en la provincia (diciembre de 2019). Fuente: Unión de Asambleas de Chubut.
Por su parte, la respuesta de asambleas ambientales y comunidades rurales ha sido contundente: vigilias en la legislatura, marchas masivas en defensa del agua en Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Comodoro Rivadavia y Esquel. Manifestaciones en los pueblos del interior de la provincia, como Chacay Oeste y Paso del Sapo. En diciembre, se llevó a cabo la séptima edición de la Feria de Actividades Productivas de la Meseta en el predio del Centro de Jubilados de Gan Gan: con más de quince puestos, se visibilizaron los productos de las manos creadoras y el esfuerzo cotidiano, como creación propia.
Tejidos en lana, hilados, fieltros, trabajos en soga, productos de las huertas, lahuen (plantas medicinales), manualidades con material reciclado, comidas y panificación típicas. “Hay que convivir con la tierra y trabajar sin dañarla”, afirman los organizadores de la feria, valorando y cuidando la naturaleza que sostiene el buen vivir o kume monguen en idioma mapuche. Los participantes se sienten fortalecidos por las rogativas, los newen del agua, la presencia de los ancianos y su palabra orientadora: “Queremos el agua para la vida de los pueblos, no para intereses mezquinos”.
Criminalización, violencia y militarización en Guatemala
En 2019, con su adquisición de la empresa Tahoe Resources, Pan American Silver asumió el control de la mina Escobal en el sur de Guatemala. Frente a la amplia resistencia pacífica de las comunidades, el Estado y la empresa Tahoe recurrieron a la criminalización, violencia y militarización para reprimir a la población y abrir la mina en 2014. Escobal operó hasta mediados del año 2017, cuando los pobladores bloquearon el acceso al complejo extractivo y una corte legal la suspendió por discriminación y omisión de la consulta al Pueblo Xinka.
En septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad avaló la suspensión de Escobal y ordenó al Ministerio de Energía y Minas efectuar la consulta. Sin embargo, un año más tarde, el Parlamento del Pueblo Xinca descalificó el proceso como “discriminatorio y excluyente” y demandó al gobierno de Guatemala la cancelación definitiva de la licencia de explotación.
Marcha en contra de la reapertura de la mina Escobal y por el derecho a la consulta del Pueblo Xinca realizada en noviembre de 2019 en Mataquescuintla, departamento de Jalapa. Fuente: Coordinadora del Pueblo Xinca.
Desplazamiento forzado y precarización en México y Bolivia
México es el mayor exportador mundial de plata, con una producción récord de casi 200 millones de onzas en 2019 (20% de la oferta mundial del metal). Entre 2013 y 2017, Pan American Silver despojó las tierras de la comunidad afectada por la mina La Colorada, en el estado de Zacatecas, para expandir sus operaciones. La comunidad fue desplazada forzadamente por efectivos de seguridad privada y sus viviendas destruidas con maquinaria pesada. Unas 230 personas fueron reubicadas en una “Unidad Habitacional”, en la cual la empresa ejerce altos niveles de control sobre la vida cotidiana de las familias y la población vive en condiciones sofocantes. En la actualidad, el Comité de la Población de La Colorada sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos a la tierra natal.
La relación de Pan American Silver con sus trabajadores tampoco está exenta de problemas. En Bolivia, durante una disputa laboral en la mina San Vicente en 2017, el sindicato se declaró en estado de emergencia debido a la falta de equipos de seguridad y de las deterioradas condiciones de trabajo en los socavones.
Conclusiones
Lejos del discurso de Pan American Silver como empresa minera responsable, el mapa documenta varios conflictos socio ambientales en sus proyectos, desde México hasta Argentina, lo cual evidencia la falta de respeto de la compañía por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El mapa pone a disposición de la opinión pública y las comunidades afectadas o amenazadas por la empresa, información y antecedentes sobre su accionar en los lugares donde opera. Esto contribuye a la democratización en el uso de los recursos naturales y el ejercicio de derechos individuales y colectivos. Además, crea vínculos entre las comunidades afectadas por la minería y las ayuda a visibilizar que no están solas.
En este sentido, EJAtlas ha documentado 616 casos de conflictos mineros en todo el mundo, con más de una cuarta parte de ellos vinculados a empresas canadienses. Pan American Silver, Barrick Gold y B2Gold, todas patrocinadoras de PDAC 2020, son las compañías canadienses con más conflictos registrados por EJAtlas.
Como afirma una declaración publicada el 23 de febrero de 2020 por un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet): “Las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país”.
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Luis Manuel Claps es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA)
