La cumbre minera busca profundizar expansión extractivista en Chile y América Latina. Organizaciones de comunidades afectadas por los impactos sociales, ambientales y económicos de la megaminería en Chile se manifestaron este mediodía en contra de la realización de la Cumbre “Investing in Latam Mining”, que congrega a los principales inversionistas mineros y a ministros del ramo de la región, el 11 y 12 de julio, en el Hotel Sheraton en Santiago.
Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
Bajo la consigna “Minería invirtiendo en saqueo, despojo y contaminación”, representantes de distintas comunidades del norte, centro y sur del país, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América (OCMAL), protestaron contra el evento que busca promover y posicionar a la región como el paraíso ideal para la inversión minera y así profundizar la expansión extractivista.
Acompañados con músicos, los asistentes leyeron una declaración pública con la adhesión de más de 70 organizaciones chilenas y latinoamericanas que manifiesta el repudio al evento.
Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios, advirtió que Chile se ha convertido en una suerte de baluarte del crecimiento económico a costa de la actividad minera. “La realización de esta cumbre es emblemática porque da cuenta como hoy más allá de generarse políticas de desarrollo sostenibles, estamos nuevamente anclados en el modelo más clásico del extractivismo, reforzando la actividad minera a pesar de la gran cantidad de investigaciones y estudios de impacto ambiental que evidencian el arrase de la contaminación y la vinculación de la emisión de gases de la minería con el calentamiento global. Es un gesto completamente contradictorio con las grandes reflexiones que estamos haciendo respecto de la mega crisis ambiental y ecológica que vivimos”.
Ramón Balcazar, Agrupación Defensa del Salar de Atacama, acusó que el Estado está siendo cómplice de un modelo extractivista, que favorece a transnacionales, afecta los ecosistemas, el agua y las formas de vida de las comunidades. “El norte grande ha sido considerado históricamente una zona de sacrificio, que ha afectado a las comunidades indígenas hace más de 100 años, primero con el salitre, luego el cobre y el litio.
Denunció los efectos que la minería del Litio está teniendo sobre el ecosistema en la Cuenca del Salar de Atacama. SQM opera hace décadas sin ninguna fiscalización y con un oscuro historial de prácticas ilegítimas, a lo que se suma la decisión del Estado de Chile de autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium, y a la amenaza de entrada de un tercer “competidor” al Salar: la canadiense Wealth Minerals.
Para Esperanza Álvarez, de Putraintu, parte de Putaendo Resiste, “la cumbre es nefasta pues busca propiciar el escenario para imponer el extractivismo en un territorio que ni conocen, sin ética por la vida, sin arraigo. El Estado no está representando los intereses del pueblo”.
La dirigenta denunció que la calidad del agua de toda la región de Valparaíso está siendo amenazada con esta actividad. La compañía Minera Vizcachitas Holding, de Andes Cooper, realiza sondajes exploratorios con el fin de concretar eventuales explotaciones mineras en el sector de Los Patos, en Putaendo. “Con este proyecto, se quiere aniquilar miles de millones de toneladas no solo de tierra, sino de flora de fauna, de cerros..”.
Por su parte, Sebastián Cruz, de la Comunidad Patay Ko, de Valle del Huasco, sostuvo que “el Estado impulsa estos proyectos extractivistas por sobre la ley y los derechos humanos. A toda costa, busca viabilizar la inversión, aunque las empresas incumplan las resoluciones de calificación ambiental y haciendo vista gorda a las consecuencias que han tenido los proyectos mineros en la cuenca, sin escuchar a la comunidad”.
El principal proyecto de la zona es Pascua Lama, que está en la naciente de la cuenca del río Huasco y sobre los glaciares que nutren de agua a todo el valle. Denunció que las empresas mineras buscan dividir a las comunidades ofreciendo incluso ser accionistas de los proyectos industriales que destruyen y contaminan los territorios, para funcionar sin ninguna oposición. “Como habitantes y representantes indígenas en el territorio nos organizamos para demostrar que no estamos a favor de la responsabilidad social empresarial, que no queremos plata a cambio de la contaminación de los ríos”.
El 11 de Julio de 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende, se votó por unanimidad en el parlamento la nacionalización de la Gran Minería chilena.
Lucio Cuenca, del OLCA, afirmó que “a 46 años de ese hecho histórico, la Ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró el evento internacional más importante de la minería transnacional para Latinoamérica en el último tiempo, que busca seguir expandiendo y privatizando la minería en Chile y la Región. Es una provocación haber elegido esta fecha para tan infame evento”.
Cuenca agregó que a través de esta cumbre, “la Ministra Williams dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, quienes a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en la que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus una sobre ganancias para las empresas”.
Para Tania, Muñoz, OCMAL, “la justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años”. En esta línea, sostuvo que la apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El evento busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha.
Desde la organización del evento minero se intentó acallar la acción de protesta pacífica, bajo el argumento que se estaba en un recinto privado.
La declaración pública advierte que el gobierno de Chile ha venido suscribiendo una serie de acuerdos de comercio para blindar al negocio minero, y de manera absolutamente irresponsable Bachelet se ha impuesto firmar 12 Tratados de Libre Comercio remozados, sin consulta ciudadana y a meses de finalizar su mandato; y que esta cumbre es corolario funesto de estas gestiones.
