La extracción de minerales por parte de poderes externos a la región es algo que siempre ha estado presente en América Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación minera en la región son las mineras canadienses. Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros canadienses en América Latina que presentan graves impactos en el ambiente y vulneraciones de Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué se llevan los recursos mineros?
Por Diego Pérez Damasco (Costa Rica), Florencia Pagola (Uruguay), Florencia Luján (Argentina) publicado en Distintas Latitudes
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MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países de la región.
De estos, 39 están en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú, la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148 conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras canadienses.
“En total tenemos registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el 70% de los conflictos de nuestra base muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla, coordinador del OCMAL.
De acuerdo con Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
MINERAS CANADIENSES
La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, e incluso al país se le considera “una potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos humanos.
Esto resulta relevante al tener en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las empresas mineras del mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares).
Entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.
Actualmente, las siete empresas mineras canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.
De acuerdo con el informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development Canada y de sus Embajadas.
Esto no ha cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau, primer ministro que se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones progresistas y pro refugiados. The New York Times se ha referido a esto como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.
En Costa Rica, en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo de Crucitas (norte del país). El abogado ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura que las empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno de ese país debería reponsabilizarse.
“La minería canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las más despiadadas en ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía política con el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente de ese gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas Latitudes.
“Si me quedó algo claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas, fue que la embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa. No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento tiene una corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.
Posterior a esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el país.
Para Araya, el gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades mineras en América Latina.
IMPACTO
Tanto las empresas canadienses como el gobierno de Canadá tienen conocimiento del grave impacto ambiental de estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con la contaminación del aire, las aguas y el suelo.
En seis de los casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes de agua.
“En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros factores, por la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un cauce de agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.
“En Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en 2008. En junio de 2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas de la Universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.
Por otro lado, en Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los glaciares. En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de galería y un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para la construcción de la carretera de acceso, de helipuertos, de campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se ha determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha causado una fuerte contaminación del agua.
Además, varios proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son característicos: son previstos y gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad del proyecto.
Un ejemplo es el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.
“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.
Asimismo, la presencia de mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la protesta. También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a los proyectos y trabajadores de las minas.
En el informe se señala que en diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta de por lo menos 23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las consecuencias de las actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas: afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa, Canadá ve en América Latina Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría. Pero la contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y para) todos.
