El avance en las discusiones y en el proceso de promulgación de la Ley de Minería en Honduras llevó a la Alianza Cívica por la Democracia (ACD), junto con otras organizaciones ambientales, a elaborar una carta abierta a la sociedad nacional y centroamericana sobre la situación. La entidad denunció que los movimientos ambientalistas y sociales fueron «excluidos» de los debates sobre tal Ley.

 

Fuente: Adital

30/07/2011.

En el documento, divulgado el último sábado (23), las organizaciones señalaron que la Comisión de Minería del Congreso Nacional –presidida por el diputado Donaldo Reyes Avelar– no cumplió con los acuerdos de discutir el proyecto de Ley con las entidades sociales.

«Sospechamos que acuerdos que en gobiernos anteriores ya habíamos consensuado respecto al tema de las consultas vinculantes, antes de aprobar cualquier proyecto; la eliminación de figura de expropiación forzosa; los trece artículos inconstitucionales; la prohibición total de la Minería metálica a Cielo Abierto y el uso de sustancias tóxicas como el Cianuro, no están siendo considerados en la justa dimensión que hemos demandado», comentaron.

En la carta, las entidades también solicitaron «la eliminación de los escudos fiscales y proponemos que paguen el 43% de sus respectivosimpuestos, según acuerdos consensuados con las empresas mineras, más el 5% de la tasa de seguridad; así como la ampliación de las áreas excluidas de la actividad minera en Honduras».

Las organizaciones aprovecharon el documento para afirmar que no reconocen los acuerdos promovidos entre empresarios, diputados y «pseudo» representaciones ambientalistas y aclarar a la sociedad que las organizaciones ambientalistas no dejaron las discusiones, sino que fueron excluidas del proceso de diálogo. «Esta actitud de parte de los parlamentarios demuestra la opacidad a que recurren los políticos para entregar en bandeja el patrimonio de nuestra riqueza natural», consideraron.

La Ley Generalde Minería hondureña fue aprobada en 1999. En 2007, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales 13 artículos de la Ley, entre ellos el que trataba sobre la exoneración del pago de impuestos a las mineras y la no necesidad de evaluación de impacto ambiental previo para otorgar una concesión. Desde entonces, la Ley sigue en el país sólo parcialmente vigente. Las noticias dan cuenta de que 123 empresas esperan actualmente la aprobación de licencias para la explotación minera en el país.