La DEI habría constatado que la minera Entremares pagó de más en concepto de impuestos. “Además de preocupada estoy indignada porque lo que está haciendo el gobierno es reconociendo los daños ecológicos, los daños a la salud de la población del valle de Siria, reconociendo toda la contaminación que ha producido esta empresa Entremares”, denunció Dolores Valenzuela, coordinadora de la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales.
Fuente: diario El Heraldo
Tegucigalpa – 09/08/2010. Tras la comprobada contaminación ambiental ocasionada en el valle de Siria, el gobierno le estaría entregando a la compañía minera Entremares más de 80 millones de lempiras.
Las organizaciones ambientalistas de Honduras denunciaron que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) le devolverá esta suma de dinero a la minera, por un error en el cobro de impuestos.
“Además de preocupada estoy indignada porque lo que está haciendo el gobierno es reconociendo los daños ecológicos, los daños a la salud de la población del valle de Siria, reconociendo toda la contaminación que ha producido esta empresa Entremares”, denunció Dolores Valenzuela, coordinadora de la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales.
Según la versión, la DEI habría constatado que Entremares pagó de más en concepto de impuestos, por lo que habría que hacer una devolución.
Explicó que en un reporte de la DEI se constata que las mineras no pagan lo que deben por concepto de impuestos. “Ahora me salen con que le van a pagar 80 millones, es una barbaridad, a eso le llamo yo ‘vende patria’, eso es lo que son”, dijo.
Al consultarle si el gobierno es cómplice respondió que, “totalmente, yo los estoy acusando directamente de ‘vende patria'”. Al contrario dijo que los pobladores que han resultado afectados por la contaminación minera no se les reconoce nada. “Es indignante, es una complicidad terrible, son unos apátridas”, indicó.
Acusaciones
Dos gerentes de Entremares fueron acusados la semana anterior por la Fiscalía del Ambiente por suponerlos responsables del delito de contaminación de aguas.
Cristian Fabricio Roldán y René Eduardo Chávez, gerente de Operaciones y Ambiental, respectivamente, fueron los acusados por el delito cometido en perjuicio de habitantes del municipio de San Ignacio. Asimismo, la Fiscalía acusó a Gustavo Adolfo Torres, ex jefe Ambiental de Defomin, por el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
