“Han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta nuestros muertos al querer sacar oro del cementerio”. Genaro Rodríguez, ambientalista de La Unión, Copán, dijo esto en un Foro Popular en Radio Progreso el pasado 29 de julio. Genaro nació en la comunidad de Azacualpa y ha visto como poco a poco una empresa minera va dejando destrozos a lo largo de los años.
Fuente: Raido Progreso y el ERIC
Por más de 200 años, los habitantes de Azacualpa en La Unión, Copán han tenido la costumbre de enterrar a sus muertos en el cementerio de la comunidad, ubicado en la parte alta de la montaña, donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), para despojar a sus muertos.
El día que don Chilano, uno de los ancianos de la comunidad, murió, cuando su familia se disponía a enterrarlo, se dieron cuenta que la empresa minera había puesto rótulos de “clausurado”. Don José Rubio Pérez, vecino de don Chilano dijo que no sabían qué hacer en ese momento, semanas después comenzaron a organizarse para oponerse a las intenciones de expansión y desplazamiento que tiene la empresa.
Antecedentes
En 1983 el Estado de Honduras otorgó más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente oro, a la empresa Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la filial Minerales de Occidente S.A. (Minosa) desde 2009. La empresa se ubica donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de seguir extrayendo oro, tiene intenciones de destruir el cerro del cementerio y la comunidad de Azacualpa.
Minosa es la plataforma sólida de la producción de Aura Minerales, con una base de recursos actual de más de 1,6 millones de onzas de oro y el potencial de aumentar los recursos, según lo informa su propia página web. En otras palabras, es Honduras quien aporta más oro a la empresa canadiense, aunque las autoridades nacionales desconocen el dato exacto, eso dijeron al ser cuestionadas.
El país cuenta con más de 800 concesiones mineras metálicas y no metálicas, según José Antonio Galdámez, ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Mi Ambiente. “Esas 800 concesiones apenas representan el uno por ciento del territorio nacional y es muy pequeño con relación a las riquezas que tenemos en el país”, dijo el ministro, convencido de la necesidad urgente de seguir promoviendo la minería para atraer empresas transnacionales, además señaló que la industria deja ganancias millonarias, sigue sin dar datos exactos.
Sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), a través de la investigación denominada “EITI: ¿Una iniciativa suficiente para la transparencia fiscal de las industrias extractivas en Honduras?” reveló que la industria minera no está dejando ingresos considerables al país y menos a las comunidades.
En 2015, por concepto de Impuesto Sobre la Renta ISV, apenas se recaudaron 90 millones de Lempiras en el rubro de minería, cifras que representan el 0.03 por ciento del total recaudado, según el informe. “No es ni el uno por ciento y con estas cifras jamás las comunidades obtendrán beneficios”, señaló Wilfredo Díaz economista del Icefi.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, Honduras ocupa el primer lugar entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza (60%). Siendo el departamento de Copán uno de los más empobrecidos, 15 de sus 23 municipios registran un índice alto de extrema pobreza. Paradójicamente, es uno de los lugares más codiciados por sus yacimientos de oro y plata, explotados por extranjeros desde el siglo XVIII.
Copán: Un futuro desierto
Minosa explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra según organizaciones ambientalistas. La empresa comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores. Mediante explosiones extrae la piedra o broza con los minerales. Luego riega por aspersión el agua con cianuro para separar el oro de la piedra, a través de un proceso llamado lixiviación, una práctica que causa graves daños a la salud de las personas y el ambiente, según la Asociación Nacional de Organismos no Gubernamentales (Asonog).
En el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente, donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. Sin embargo “mientras la Secretaría de Salud no sea capaz de avalar esos dictámenes médicos, el Estado no reconocerá los graves daños que produce la minería,” afirma Ramiro Lara técnico de Asonog.
Trece fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están siendo contaminadas con los químicos que usa Minosa para extraer el oro. Santa Rosa de Copán una de las ciudades principales en el occidente hondureño, toma agua del río Higuito, que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro según investigaciones realizadas por Asonog. “Podemos estar frente a un desastre natural producto de un drenaje ácido de mina, que puede afectar el occidente y el norte de Honduras”, agregó Ramiro Lara, debido a las enormes cantidades de material tóxico que la empresa ha ido acumulando y derramando en los río más importantes de la región.
Minosa tiene en trámite con Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) cuatro solicitudes, San Andrés II, III, IV y V, además de la concesión ya aprobada. También existen tres concesiones más en la zona colindante a las solicitudes de Minosa. Dos son a nombre de EMECA S.A de C.V, en San Miguel y Las Juniapas, y una a nombre de Inversiones Orden S.A. “De ser aprobadas estas concesiones afectarían el territorio de 24 caseríos, sin incluir los que ya son afectados como San Andrés, Azacualpa y Platanares”, dijo Hedme Castro de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, Aci- Participa.
En Honduras el extractivismo se ha venido profundizando, especialmente cuando se puso en marcha 25 años atrás el modelo neoliberal basado en la alianza entre los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los ríos, los bosques, los minerales, el aire y los territorios una cantera certera para la producción de capitales.
En los últimos años, particularmente, a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalicen el extractivismo. Como resultado de la puesta en marcha de ese modelo, 16 de los 18 departamentos de Honduras cuentan con concesiones mineras.
En la actualidad se ha aprobado 364 proyectos de minería metálica (2015). Además, actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero, según la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)”, realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto a la Universidad de Saint Louis en Missouri, Estados Unidos.
“Parece ser que el gobierno es el más interesado en estas concesiones. Ya no sabemos si son ellos los socios de las mineras”, dice Hedme Castro, asegurando que en todo este proceso de concesión no se tomó en cuenta la participación de las comunidades. “Creemos que la gente del gobierno tiene acciones en todas estas empresas mineras. Se han repartido el país sin importarles en lo más mínimo la vida de las comunidades” agrega Castro.
Población se organiza para defender la vida
Desde 2013, las comunidades del municipio de La Unión iniciaron una lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa en su misión de extraer oro de la zona. Y para frenar las intenciones de exhumar más de 250 osamentas con el fin de obtener la licencia ambiental y proceder a explotar el área del cementerio.
En 2012, Minosa se comprometió a construir 300 viviendas para reubicar las familias que viven en las cercanías de la zona donde se ubica la extracción. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido el compromiso firmado con las comunidades.
En enero del 2015 la municipalidad de La Unión, Copán realizó un cabildo abierto donde las comunidades rechazaron la explotación del cerro del cementerio, sin embargo, la empresa minera con el aval del gobierno no ha respetado ésta decisión. Razón por la cual la población de Azacualpa mantuvo una toma permanente de 36 días en la entrada principal al cementerio comunal. Durante esta acción la comunidad fue víctima de represión por parte de los órganos de seguridad del Estado, demostrando una vez más estar de parte de los poderosos del país, según denuncias del Comité Ambientalista de Azacualpa.
Recientemente el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó un proceso de diálogo para solucionar el conflicto entre la empresa y la comunidad. El vienes 29 de julio, a través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, y la designada presidencial Roxana Guevara, figuras mediadoras del diálogo instalado hace tres meses, se convocó a una reunión donde únicamente asistió la comunidad. La empresa minera y el gobierno brillaron por su ausencia.
El gobierno se caracteriza por negociar a espalda de las comunidades. Lamentablemente si protestamos nos criminalizan o matan”, dice Genaro Rodríguez del Comité Ambientalista de Azacualpa, asegurando que el gobierno junto a la empresa han elaborado un documento para que la población lo firme y autorice la explotación del cerro del cementerio. Acción que rechazan contundentemente amparados en la nueva Ley de Minería, que en el artículo 48 numeral B, dice que las zonas de amortiguamiento no deben explotarse para la extracción de minerales.
El 18 de agosto de 2016, se ratificó un addendum por el tema de las viviendas que la empresa había prometido a la comunidad. Según José Ramón Ávila, presidente de Asonog, la firma del Addendum no significa que la problemática esté resuelta. “Todavía quedan pendientes temas como el traslado de los restos de las personas del cementerio, porque aún muchos vecinos y vecinas se oponen al traslado de sus familiares a otro sitio”.
Según las organizaciones ambientalistas y las comunidades que se oponen a la presencia de la industria extractiva, la minería en Honduras ha provocado la destrucción del ambiente, el desplazamiento de familias, criminalización, hostigamiento y persecución contra líderes comunitarios.
Según la organización británica Global Witness en la última década han sido asesinados 111 defensores y defensoras hondureñas. A pesar de estos datos, el gobierno de Honduras continúa promoviendo la minería como la única alternativa para desarrollar las comunidades.
