Guatemala – 02/11/07. Es obvio que la minería metálica beneficia a algunos guatemaltecos: los que celebran que Montana cumpla dos años de explotar oro y plata en San Marcos y que la Compañía Guatemalteca de Níquel haga lo mismo con el níquel en Izabal. Pero aunque inviertan millones para convencer a la sociedad guatemalteca de las bondades de la minería metálica, la publicidad no cambia la realidad.
Duele ver cómo hacen pedazos las montañas, cómo transportan las rocas en gigantescos camiones que hacen temblar la tierra y cómo llenan el aire de ruido enloquecedor e insoportable, para luego triturar la roca y sacarle, a punta de químicos venenosos, minúsculas partículas de oro y plata.
Por: Magaly Rey Rosa para PrensaLibre
Aflige pensar en la altísima posibilidad de que se contaminen los millones de galones de agua que las mineras usan gratis. Y produce escalofríos la indiferencia del Gobierno ante las consultas comunitarias pacíficas en las que más de 300 mil ciudadanos guatemaltecos han dicho “no” a la explotación de minerales metálicos en sus territorios.
Si estos guatemaltecos pudieran, seguramente también comprarían espacios en los medios de comunicación para contar su versión sobre lo que significa para ellas y ellos la minería metálica.
Baste imaginar lo que sentiría cualquiera si el Gobierno decide que en su jardín y vecindario pueden cavarse hoyos gigantescos, donde se mezclarán explosivos y productos químicos con su agua -la que se entregará gratis a los mineros- para que éstos exploten los metales que contiene la roca que se encuentra debajo de esos jardines y vecindarios.
Quienes creen que la destrucción de nuestras montañas y el envenenamiento de las aguas beneficiará a las futuras generaciones guatemaltecas, están en todo su derecho de invertir su dinero para hacer felices a los mineros. Pero es intolerable que los funcionarios públicos manipulen la información para confundir a la ciudadanía.
La semana pasada, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas afirmaron, en la presentación de la política minera, que ésta es producto del trabajo de la Comisión de Alto Nivel (CAN).
Agregar al final de esa política nuestros nombres para crear la impresión de que la avalamos, es inmoral. Quienes fuimos parte de la CAN, convocados por monseñor Quezada Toruño, planteamos siempre como condición la suspensión de otorgamiento de nuevas licencias mientras se trabajaba en los lineamientos de política.
Esta condición no fue honrada: actualmente ese ministerio reporta 370 derechos mineros otorgados, de los cuales más del 80 por ciento es para metálicos. Este es sólo un ejemplo para demostrar que es perverso asegurar que la política minera presentada por el gobierno de Berger respeta o responde a los lineamientos que planteó la CAN.
El gobierno de Óscar Berger, y sus funcionarios, son los principales responsables de imponer una política y proyectos mineros que condenan la tierra guatemalteca y a las familias que habitan las zonas mineras.
