Goldcorp continuará con las labores para identificar cuánto mineral existe en el proyecto Cerro Blanco, en el suroriente. La compañía no se pronuncia sobre posible aumento del porcentaje de las regalías, porque dice que éste debe tener un sustento técnico.
Fuente: Siglo XXI
19/07/2010. Tras casi dos meses de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado de Guatemala la suspensión de operaciones de la mina Marlin, en San Marcos, y la realización de estudios para determinar la contaminación ambiental y violación de los derechos humanos, el Gobierno central no ha tomado medidas al respecto ni ha notificado la resolución a Goldcorp.
El vicepresidente para Centroamérica y Sudamérica de Goldcorp, Eduardo Villacorta, y el director ejecutivo para Guatemala, Mario Marroquín, manifiestan que no suspenderán las operaciones en San Marcos, así como que mantendrán los planes de expansión en Jutiapa en un nuevo proyecto denominado Cerro Blanco, pues no se ha determinado que sus actividades causen daños a las comunidades (lea:”Pobreza es causal de daños”).
¿Cuáles son los antecedentes del conflicto en la mina?
En diciembre de 2006, dos personas que argumentan ser los apoderados de un grupo de comunidades presentan una denuncia contra Montana Exploradora por violación a los derechos humanos. La Comisión les da espacio para dilucidar la denuncia. Después de un tiempo, el 20 de mayo, la Comisión emite una serie de medidas cautelares orientadas, primero, a la suspensión de operaciones de la mina Marlín; y segundo, la ejecución de actividades de descontaminación, pero aclara que independientemente de lo emitido, éstas no son concluyentes.
¿La CIDH conoce su versión sobre los señalamientos?
No. La Comisión sólo ha recibido información de los denunciantes y del Gobierno. Nosotros no participamos en ningún momento. Nunca se nos pidió nada, ni fuimos notificados. Estamos ajenos al proceso de investigación. El Gobierno ha sido más que claro indicando, en un comunicado, que se iba a cumplir con lo solicitado por la CIDH, pero que no hay evidencia de que se haya incumplido en cualesquiera de los temas que se denuncian (lea: Mejorando relaciones). Son tres grandes temas los que ocupaban a la CIDH. Uno es el de contaminación del agua y del ambiente; el otro, daños en la salud, y el tercero, un asunto de persecución.
¿Qué harán al ser notificados por el Gobierno?
Es bien importante aclarar que el Gobierno no ha suspendido operaciones. Lo que ha dicho es que iniciará una evaluación para ver si aplica o no la suspensión. Esto tiene que iniciarlo el Ministerio de Energía y Minas (MEM), notificarnos y darnos un tiempo prudencial para pronunciarnos. El Gobierno tiene 120 días para llevar a cabo el procedimiento y evaluar la posible suspensión, pero todavía no hemos sido notificados de ningún proceso.
Entonces, ¿continuarán con las operaciones?
No hay razón por qué parar. No hemos sido suspendidos, y el proceso de evaluación tampoco implica que uno tiene que suspender operaciones. Por el momento estamos enfrentando un problema de incertidumbre. A nosotros lo que más nos preocupa es qué vamos hacer con las 1,900 familias de los empleados directos que están en el lugar y qué pasará con los 10 mil empleos indirectos que generamos.
¿Se detendrá la inversión en Jutiapa?
Son contextos diferentes. En Cerro Blanco estamos en un proceso de exploración y preconstrucción. La polémica por la mina Marlin no frena esta inversión. Nos enfocamos en las comunidades tomando como base la experiencia de Marlin, para no cometer errores. Además, tenemos otros proyectos, como la extensión de las operaciones de Marlin. El proyecto de Jutiapa, que sería nuestra segunda mina, incluye otro proyecto que es de energía geotérmica en el que existen cuestiones técnicas que nos retrasan. El tema de Santa Rosa era otro proyecto grande para nosotros, conocido como Oasis o Escobal. Surgió una oportunidad de venta, pero seguimos manteniendo el 40% de participación. Desafortunadamente era un depósito de plata y a nivel mundial nos cambiaba el perfil del portafolio global, que es producir oro.
¿Aceptarían pagar un mayor porcentaje de regalías?
Lo que se paga actualmente es 1% sobre ventas brutas, no sobre ganancias. Sobre este rubro ese aporte representa un 12%. Lo ideal sería realizar un estudio que permita determinar qué tan competitiva sería la Ley respecto a Centroamérica, y que la discusión estuviera sustentada en criterios técnicos y económicos, porque no se trata de decir cualquier cifra que suene bien. Además de que un nuevo proyecto minero, enfocado en regalías, no debe hacerse con dedicatoria, porque no todas la minas son iguales.
