Habitantes del municipio de San Rafael Las Flores mantienen un plantón permanente ante la Corte de Constitucionalidad, en el centro de la capital de Guatemala, para exigir que esa sala del máximo tribunal del país sentencie sobre la demanda de suspensión definitiva de la licencia con que la empresa Minera San Rafael explota un yacimiento en su localidad.
Fuente: IPS
Rosa Dávila se afana en cocinar los elotes, las mazorcas de maíz, que comerán los hombres y mujeres que han montado un puesto de control a la orilla de la carretera para bloquear el paso de suministros enviados a una empresa minera que opera en la zona.
La Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, está asentada en las afueras de San Rafael Las Flores, un municipio a 96 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala, en el departamento de Santa Rosa.
El control lo han montado los habitantes de Casillas, un municipio rural vecino, situado unos kilómetros antes y paso obligado al yacimiento. Otros puntos de acceso han sido también bloqueados por la “resistencia”, como le llaman los participantes en las acciones contra la minería.
“Lo primero que queremos, ¡por Dios!, es que se vayan al país de donde vinieron”, pidió Dávila, una jefa de su hogar de 48 años y madre de siete hijos, mientras atizaba los leños del fogón.
Los residentes de este y otros municipios vecinos se oponen férreamente a que la compañía continúe sus operaciones, por el daño social y ambiental que afirman ha causado desde que se instaló en 2007.
Conflictos como este han estallado en otras zonas de Guatemala y en otros países de América Central, no solo con empresas mineras sino también de energía hidroeléctrica.
“No es justo, y lo peor es que nunca nos preguntaron si queríamos que esas empresas vinieran aquí”, agregó, Dávila en el diálogo sostenido con IPS mientras no paraba de mover sus manos en la cocina instalada en un improvisado campamento, que IPS visitó el 29 de abril.
La falta de consultas previas con la población de las localidades donde se instalan ese tipo de proyectos es un problema recurrente en los países centroamericanos, cuyos gobiernos incumplen disposiciones internacionales que llaman a consultar previamente si la población está de acuerdo o no con esas inversiones.
Organizaciones ambientalistas celebraron a fines de abril en la capital guatemalteca el Segundo Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería, que concluyó con la exigencia de que los gobiernos del istmo cumplan con las obligaciones internacionales y regionales para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
“Hacemos un llamado a los gobiernos de Centroamérica para que reflexionen, sobre la viabilidad de esto que le llaman desarrollo, cuando sabemos que la industria extractivista es un modelo de destrucción y de muerte para nuestros países”, expicó Julio González, del colectivo ecologista guatemalteco MadreSelva, al concluir las jornadas del encuentro, el 27 de abril.
Esa organización y las demás participantes en el encuentro han unido esfuerzos en la Alianza regional antiminera, a fin de conformar un bloque con más músculo ante la presencia de la industria extractiva en los países del istmo.
En el municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala, sus habitantes mantienen un bloqueo de la carretera que conduce a la mina de San Rafael Las Flores, para impedir el paso de suministros hacia el yacimiento. En la imagen, Rosa Dávila, en el centro, mientras pela mazorcas de maíz en el campamento improvisado de los activistas. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
Una de las normas en que basan su actuación es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en vigor desde septiembre de 1991, que ha sido ratificado por 22 países, entre ellos los centroamericanos excepto El Salvador y Panamá.
El artículo 6 del Convenio establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados (…) cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como sucede cuando una institución del Estado, de rango nacional o municipal, otorga una concesión a consorcios internacionales.
Pero eso es poco menos que letra muerta en las naciones del istmo que lo han ratificado, dijeron activistas consultados por IPS durante el encuentro.
Los Estados no han promovido las consultas, porque creen que se detienen importantes proyectos de desarrollo, por lo que son las aldeas y pueblos afectados los que han efectuado las suyas propias, añadieron.
Solo en Guatemala, donde 63 por ciento de la población es de origen indígena, se han realizado alrededor de 90 de estas consultas, bajo el mecanismo de mano alzada.
“Antes de que lleguen las empresas hidroeléctricas, empezamos a hacer la consulta, y preguntamos si esos empresarios tienen derecho a tomar nuestros ríos, y la inmensa mayoría dijo que no”, contó a IPS el indígena maya Cirilo Acabal Osorio, de 69 años.
Hasta ahora lograron parar intentos empresariales en las ocho comunidades en resistencia en esa región, predominantemente maya, añadió este oriundo de Zona Reina, del municipio de Uspatán, en el departamento de Quiche, en el noroccidente de Guatemala.
En Honduras ha habido más de 40 cabildos abiertos en los que la población de diferentes localidades ha rechazado proyectos similares, aseguró Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), perteneciente a la Compañía de Jesús en ese país.
“Pero el Estado sigue desconociendo la voluntad popular”, acotó.
Los ambientalistas dijeron que los gobiernos del área no consideran vinculantes esos procesos de consulta, y consecuentemente no los toman en cuenta.
Antes de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara, en marzo del 2017, una histórica ley que prohíbe la minería metálica en todas sus formas, organizaciones civiles desarrollaron consultas populares en al menos cuatro municipios, amparadas en el Código Municipal.
De momento no habría necesidad de más consultas, pues la ley cortó de tajo esas inversiones, pero el fantasma de la minería sigue presente luego de que la derecha, su aliada natural, obtuviera una aplastante mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones del 4 de marzo, advirtió Rodolfo Calles, de la Asociación de Desarrollo para El Salvador.
El Convenio 169 se refiere únicamente a los pueblos autóctonos, aunque los expertos dijeron en el foro que pueden aplicarse legislaciones nacionales que lleven el mismo fin: las personas afectadas por cualquier actividad industrial deben ser informadas y preguntadas previamente.
“En el caso de países que no tienen presencia de pueblos indígenas, utilizarán sus otros mecanismos que sin duda habrá, como la consulta popular”, señaló a IPS la especialista Sonia Gutiérrez, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.
La industria extractiva no tiene peso económico en la región, pese a sus efectos al ambiente y a la producción de las localidades donde se desarrolla, dijo a IPS el activista nicaragüense Olman Onel. En su país, por ejemplo, recordó que solo aporta uno por ciento del producto interno bruto y 0,66 por ciento del empleo.
Por otra parte, los participantes del foro denunciaron la persecución policial y judicial que viven los ambientalistas en toda la región, como un mecanismo para acallar la oposición a tales proyectos.
Landa, de Eric, aseguró que en Honduras, donde en los últimos años se han aprobado más de 800 proyectos extractivos y 143 hidroeléctricos, han sido asesinados alrededor de 127 ambientalistas, incluyendo el caso de Berta Cáceres.
Ella fue acribillada el 3 de marzo del 2016, por su férrea oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, en el noroeste del país.
Mientras tanto, en San Rafael Las Flores, sus habitantes se han organizado para defender sus tierras y su modo de vida, la agricultura, aunque el daño por la actividad extractiva ya es evidente, manifestaron.
El agricultor Rudy Pivaral, de 62 años, dijo a IPS que ya se nota la afectación a la flora y fauna, y hay una disminución y secamiento de fuentes de agua, lo cual impide mantener las dos o tres cosechas que trabajaban al año, además de los problemas a la salud asociados a la contaminación del agua.
Alrededor de 96 familias de la aldea La Cuchilla, encaramada en un cerro aledaño al yacimiento, tuvieron que ser desalojadas por los daños en las paredes de las casas, debido a las vibraciones producidas por la perforación de las rocas.
