Los ciudadanos de San Rafael Las Flores están en resistencia pacífica, porque se instaló en su territorio, de manera arbitraria y prepotente, un proyecto extractivo de metales. El 80% rechaza la industria minera que abarca el 35% de los 84 km cuadrados de su territorio. El costo social es enorme e irreparable. Los xinkas y campesinos no son delincuentes, son un pueblo honrado y digno, son “guardianes de la naturaleza”.
No es cuestión de negocios alimentados por la fiebre posesiva del oro para la especulación financiera en los mercados de las bolsas de valores del mundo, sino cuestión de vida y dignidad para nuestros pueblos; también de responsabilidad colectiva con el cuidado de nuestra “casa común”. No es rechazo al desarrollo, sino búsqueda de un desarrollo integral y auténtico que garantice “el buen vivir” sostenible e intergeneracional.
El “No a la Minería” es el clamor de campesinos e indígenas, que son la mayoría, y a quienes el Estado ha negado el acceso a la educación formal, pero ellos poseen más sabiduría y sentido común, que algunos intelectuales urbanos, quienes con sus falacias pretenden hacer creer que los católicos “están impulsando la delincuencia”. Con razón afirman los campesinos que “el estudio no quita tonteras”.
Los ciudadanos de San Rafael Las Flores están en resistencia pacífica, porque se instaló en su territorio, de manera arbitraria y prepotente, un proyecto extractivo de metales. El 80% rechaza la industria minera que abarca el 35% de los 84 km cuadrados de su territorio. Desde hace cuatro años, han expresado su oposición, pero no los han escuchado. Hasta hace poco la Corte Suprema de Justicia amparó provisionalmente a Calas, un colectivo que no está “envenenando”, sino inspirando la lucha del campesino por la defensa del Planeta para el bienestar de nuestra generación y de las venideras. La Corte de Constitucionalidad confirmó dicho amparo.
A raíz del amparo provisional, la presión del sector minero y las empresas que le proveen servicios, ha sido enorme y millonaria, con medias verdades, pues, es falso que perdieran 85 mil empleos indirectos y 17 mil directos. La publicidad es engañosa. No es cierto que “San Rafael Las Flores está floreciendo”, está empobreciendo, como cualquier lugar donde se instala un proyecto minero, pues es desarrollo económico para unos pocos y más pobreza y migración para la mayoría.
Por ejemplo, lo ocurrido en La Cuchilla, comunidad ubicada en la parte alta de acceso a la minera, donde sus habitantes han abandonado sus hogares y sus tierras. De más de cien familias, ahora quedan menos de 20, porque sus casas están agrietadas. Su escuela quedó con 18 niños y su carretera deteriorada. Ahora esa población es vulnerable ante cualquier desastre y destinada a ser una aldea fantasma.
Ya se cuentan ocho asesinatos de ciudadanos, que de forma directa o indirecta tienen su origen en el proyecto minero, aunque el Ministerio Público no ha establecido una línea clara de investigación. Lo mismo sucedió con siete ciudadanos que agredió, dejándolos gravemente heridos, Alberto Rotondo, jefe del escuadrón de seguridad de la minera. El caso es asumido por las Cortes de Canadá porque nuestro país les negó justicia.
El costo social es enorme e irreparable. Viven en conflicto permanente y confrontados. Les han impuesto estado de Sitio y tres destacamentos militares. Los jueces les han decretado 40 órdenes de allanamiento y 18 órdenes de capturas. La PNC ha puesto en marcha tres órdenes de desalojo. Más de 80 personas han sido criminalizadas. Los xinkas y campesinos no son delincuentes, son un pueblo honrado y digno, son “guardianes de la naturaleza”.
Fuente: Prensa Libre
