26/10/2009. La comisión nacional por la transparencia presentó su informe
sobre la minerías en el país, principalmente por el caso de la cementera en
San Juan Sacatepéquez y la exploración en San Marcos.
Fuente: diarios La Hora y Prensa Libre
La Comisión Nacional Extraordinaria por la Transparencia del Congreso concluyó ayer que mientras la instalación de la cementera en San Juan Sacatepéquez no tenga efecto negativo en la comunidad, para la actividad minera es necesario continuar los estudios.
El informe de la Comisión es el resultado del análisis de estudios recibidos y de conocer las distintas posturas de las comunidades, empresas y autoridades involucradas en los temas desde el 25 de julio recién pasado.
La diputada Rosa María de Frade, presidenta de esa sala, entregó el documento al presidente del Congreso, Roberto Alejos, luego de la presentación a ecologistas, trabajadores de las empresas y autoridades locales.
El documento llama la atención sobre la debilidad de supervisión del Estado a cualquier actividad extractiva y a la poca capacidad de las empresas y el Gobierno de informar a las comunidades, origen principal de la conflictividad de estos temas.
Recomendaciones
Las conclusiones abarcan a la fábrica de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y la mina Marlín, en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos.
De Frade reconoció el incumplimiento del Estado en desarrollar una legislación que permita el cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas.
Propone “que se apruebe una nueva ley de minería que incluya las consultas -a la comunidad- y que se solicite una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, no solo para legislar en forma adecuada, sino también para saber cómo se interpretan todas las consultas efectuadas hasta ahora”.
Se destaca la debilidad institucional de los ministerios, especialmente el de Ambiente, y la falta de experiencia en el país para realizar procesos de monitoreo de ese tipo de industrias.
El informe concluye en que mucha de la conflictividad se da por falta de información, por lo que propone la instalación de mesas de diálogo y que se investiguen las denuncias acerca de grupos paralelos que generan violencia en San Juan Sacatepéquez.
Piden investigar conflictos en zonas mineras
La Comisión de Transparencia del Congreso de la República concluyó la fiscalización efectuada a las licencias de explotación de oro y cemento en el país, emitiendo recomendaciones de peso técnico.
Rosa María de Frade, presidenta de esa sala legislativa de trabajo, enfatizó que para el caso de la cementera se recomienda la intervención e investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esta recomendación se debe a que en San Juan Sacatepéquez las visitas e investigación reflejaron que se trata más de un conflicto social que ambiental, y como parte de los enfrentamientos se han observado posibles vínculos con grupos paralelos armados, interesados en la resolución del conflicto, explicó De Frade.
Se intentó obtener la respuesta de la industria cementera sobre este último punto, pero indicaron que están a la espera en el Congreso de la República, por lo que emitirían su pronunciamiento posteriormente.
Ante múltiples denuncias, también es necesario determinar si el cianuro está o no contaminando el medio ambiente de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, por que no hay una evaluación independiente del ministerio de Ambiente y recursos Naturales, resaltó la legisladora.
No firmamos
Los parlamentarios Aníbal García y Otilia Lux no firmaron el informe. Ambos diputados indicaron que su negativa a avalar el informe fue porque éste carecía de contundencia en ciertos aspectos.
Por ejemplo, el diputado dijo que no se anotó cuántas han sido las utilidades y ganancias que el oro explotado de San Marcos le ha dejado a la empresa Montana Exploradora y cuánto al país.
García también estima que debe establecerse, “con pelos y señales”, que el gobierno de Álvaro Colom sólo ha utilizado las mesas de diálogo y a funcionarios para limar asperezas con la población en ambos temas, pero solo como medida dilatoria.
Otra falla del informe, según el legislador, es que el Gobierno se ha convertido en un “protector del modelo de la propiedad privada y uso de la fuerza pública en contra de la población que ha reafirmado la oposición a esos temas”.
Agregó que otro aspecto relevante era dejar escrito si hubo o no chantaje, corrupción y tráfico de influencias cuando se otorgaron esas licencias de explotación minera, “debió quedar redactado”, remarcó Aníbal García.
