El jueves 9 de enero, un tribunal decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia la denuncia presentada contra el Alcalde Municipal por imponer trabajos forzados a cinco comunidades mayas.
Foto: alcalde Ovidio Joel Domingo Bámaca
Ver Denuncia penal conta alcalde municipal por trabajos forzosos a favor de Mina Marlin
Fuente: Asociación pluriculturalidad jurídica de Guatemala – Plurijur
El miércoles 8 de enero, lideres mayas de las comunidades adyacentes a la mina de oro más grande del país, la Mina Marlin, denunciaron en el tribunal comunitario de San Miguel al Alcalde Municipal, Ovidio Joel Domingo Bámaca, por obligar a trabajos forzosos a las comunidades. “Nunca hubiera creído que en pleno año 2014, un gobierno municipal obligara a comunidades mayas hacer trabajos forzosos,” declaró uno de los denunciantes Francisco Bámaca, agricultor de 53 años de edad.
El 20 de mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, decretó que la mina, operada por la transnacional canadiense Goldcorp, es un grave riesgo para el suministro de agua y ordenó al gobierno de Guatemala aseguAsociación pluriculturalidad jurídica de Guatemala –Plurijurre el suministro de agua potable, uso doméstico y segura para el riego de cultivos, especialmente no contaminada por las operaciones mineras. No obstante, el Alcalde forzó a los vecinos a proveer mano de obra gratuita, materiales de construcción de sus recursos comunales, y pagar a los propietarios donde se construirá la infraestructura para suministrar el agua.
Carlos Loarca, asesor legal de las comunidades afectadas, declaró que, “Históricamente, las élites y los gobiernos han argumentado que el desarrollo para las comunidades mayas depende del aporte de la mano de obra gratuita para proyectos sociales. Las comunidades mayas trabajan obligatoriamente sin salario porque es una forma de recibir algún beneficio del gobierno, pero las comunidades que no son mayas no trabajan gratuitamente, siendo un trato discriminatorio.”
Según la denuncia, el Alcalde está violando convenios internacionales y la constitución política de Guatemala. “Lo que queremos” declara otra de las denunciantes Gregoria Crisanta Pérez, “es que Goldcorp cubra los gastos de mano de obra, y todo lo demás para garantizar el suministro de agua” agregando que madres solteras, viudas y adultos mayores no pueden cumplir con los trabajos forzosos.
Resolución judicial: http://issuu.com/plurijur/docs/resolucion_pp_04-2013_9_enero_2013
