En el documento el Obispo Julio Cabrera afirma que se constata el irrespeto a la dignidad de la vida humana, el ambiente de sensibilidad y susceptibilidad, de creciente y peligrosa polarización social, conflictos en el ámbito de la minería, “con preocupación denunciamos que hay un auge de la criminalización y persecución de líderes comunitarios”, refiere la información. Además, pidió que para bajar la tensión existente en la actualidad, el Gobierno confirme a los pobladores de Santa María Xalapán que en su territorio no se autorizará ninguna licencia de exploración minera.
Fuente: La Hora
La Arquidiócesis representada por el obispo Julio Cabrera, dice que ciertamente se han originado hechos de violencia y acontecimientos al margen de la ley que deben ser cuidadosamente investigados y los responsables de los mismos ser sometidos al debido proceso legal, pues es probable que existan células criminales del crimen organizado, del negocio de las armas y de la droga en esa zona.
“Sí así fuera, es responsabilidad del Estado erradicar esa lacra, pero sin atropellar a las comunidades e intimidar a aquellos líderes sociales y religiosos que promueven manifestaciones pacíficas en el marco de la ley”, indica.
El comunicado explica que el origen de la alta conflictividad social que se vive en esos pueblos es por los proyectos de exploración minera y la escasa o nula información que los pobladores tienen de ellos.
“Estamos seguros que si el gobierno hace tiempo hubiera atendido las legítimas demandas de la población se hubiera desactivado la enorme presión social que nos ha llevado a la presente situación. Nos parece que se protegen los intereses de las empresas extractivas de metales en detrimento de los intereses de la población”.
En el documento el Obispo lamenta que se sigue constatando el irrespeto a la dignidad de la vida humana, el ambiente de sensibilidad y susceptibilidad, de creciente y peligrosa polarización social, de rumores y calumnias que confunden, conflictos en el ámbito de la minería, “con preocupación denunciamos que hay un auge de la criminalización y persecución de líderes comunitarios”, refiere la información.
Finalmente expone que esperan que el actual Estado de Sitio dure lo menos posible; que para bajar la tensión existente en la actualidad, el gobierno confirme a los pobladores de Santa María Xalapán que en su territorio no se autorizará ninguna licencia de exploración minera; que se avance en la mesa de diálogo para esclarecer los conflictos de tierra; que sean atendidas las necesidades fundamentales de desarrollo humano que el pueblo demanda.
MUERTE, DESTROZOS Y ABUSOS
Hugo Loy, alcalde de Mataquescuintla Jalapa, reveló que en los últimos días ha recibido denuncias de los comunitarios que han sido afectados por el Estado de Sitio.
Según él, la madrugada del 3 de mayo murió un recién nacido en la comunidad San Pedro El Alto, debido a que su progenitora Ana Inés Polanco no pudo ser asistida por nadie, ya que todos temían salir de su casa.
En los microbuses donde viajan mujeres son obligadas a descender por las autoridades con autoritarismo.
El funcionario agregó, que las casas allanadas donde no se encuentran propietarios –porque muchos están en Estados Unidos- han sido abiertas por la fuerza.
Además, las autoridades allanaron y decomisaron computadoras, teléfonos celulares y otros documentos de la familia Zeta, ellos eran buscados porque tenían información de la presencia del grupo los “Zetas” en alusión al grupo de narcotraficantes, sin embargo, los afectados no tenían nada que ver con esa célula delictiva, ese es su apellido, indicó el jefe edil.
Waquib’Kej
“VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS”
La organización indígena Waquib’Kej realizó un informe de los primeros días en que se decretó el estado de Sitio en Santa María Xalapán y Mataquescuintla. Según dice, se reportan “violaciones a los derechos humanos”.
El informe refiere que entre las arbitrariedades se encuentra el fallecimiento de un recién nacido, abuso de autoridad, uso desmedido y desproporcionamiento de la fuerza, amenazas e intimidaciones, daños psicológicos, robos y destrucción, denigración de las mujeres, entre otros.
Algunas de las denuncias documentadas indican textualmente: “A mi familia le robaron aproximadamente Q6 mil llamaron a una enfermera que vive cerca de la casa como testigo del cateo, pero no le permitieron el ingreso a la casa, la dejaron afuera”, dice una mujer de Santa María Xalapán.
“Cuando llegué a mi casa había 18 patrullas, algunos estaban vestidos de civil, cuando pregunté porque cateaban mi casa el policía me dijo que creían que en mi casa había armas”, refiere un comunitario de Santa María Xalapán.
Agrega, que Hugo Loy, alcalde de Mataquescuintla Jalapa, quien rechaza el Estado de Sitio, es vigilado por un vehículo sin placas que se estaciona frente a su casa, aparentemente con gente armada.
