La empresa minera canadiense Goldcorp, a través de su subsidiaria Entre Mares, ha presentado desde 2007, 16 estudios de impacto ambiental para el proyecto minero y geotérmico Cerro Blanco, ubicado en la frontera de Jutiapa con El Salvador. Los impactos en la naturaleza de extraer el agua sulfurada, limpiarla, enfriarla y arrojarla a una quebrada, fueron segmentados y aprobados como si fueran actividades de impacto bajo, rellenando el mismo formulario solicitado para construir una abarrotería.
Fuente: Plaza Pública
Los tribunales de justicia de Canadá, España o Chile ya condenaron el fraccionamiento de los estudios, por considerarlos como una manera de hacer caso omiso de las sinergias del entorno y, así, del objetivo de la legislación ambiental: protegerlas.
Según sus propias palabras, Erick Menzel, asesor de la Unidad de Gestión Ambiental del MARN, no tenía ninguna experiencia con estudios de impacto ambiental antes de ser nombrado en el cargo.
La mina Cerro Blanco, ubicada en el municipio de Asunción Mita, en la frontera de Jutiapa con El Salvador, es el segundo yacimiento de oro y plata de mayor envergadura en el país hasta el momento, después de la mina Marlin. Este proyecto, también de la empresa Goldcorp, pretende extraer 1.579,959 onzas de oro y 4.486,632 de plata en 15 años, lo que al precio promedio de noviembre 2011, representaría un valor bruto de US$2,800 millones.
A pesar de contar con la licencia de explotación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas desde septiembre de 2007, Cerro Blanco, a cargo de la subsidiaria Entre Mares, todavía no ha comenzado a operar. Esto se debe, principalmente, a un embalse de aguas termales hallado sobre el yacimiento, cuyos gases pesados dificultan el acceso a los metales preciosos.
Las aguas termales, que contienen arsénico, boro o flúor, están siendo extraídas, limpiadas y arrojadas a la quebrada Tempisque, la cual descarga en el río Tancushapa, que va a parar, a través del río Ostúa al lago Güija, transfronterizo con El Salvador.
El Ministerio de Ambiente aprobó la descarga de estas aguas, que salen del cerro a 95 grados, según indica la propia minera, a través de un Estudio Ambiental Inicial (EAI). También aprobó el enfriamiento del agua o la mezcla con cal para separarla del arsénico.
El MARN, según su reglamento (431-2007), cataloga las diferentes actividades industriales según su posible huella en el entorno, y define cuál deberá ser el estudio a presentar en cada caso. Los estudios ambientales iniciales se requieren para las actividades de mínimo impacto, como cambiar un tejado, adoquinar una calle o construir una cancha deportiva. Estos consisten en rellenar un formulario, que el Ministerio de Ambiente tiene 15 días para resolver y decidir se solicita un estudio de gestión ambiental, para los proyectos de impacto medio (B2); o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para actividades de alto impacto ambiental, como, por ejemplo, los proyectos mineros.
Para los expertos del MARN, rellenar este formulario inicial fue suficiente en casi todas actividades presentadas por Entre Mares en Asunción Mita. De hecho, Cerro Blanco presentó estudios iniciales para 14 partes diferentes de la actividad minera y geotérmica, considerando cada una de forma independiente.
Según dijo Einstein, si la especie de las abejas desapareciera, en unos años se terminaría también la humana. La interacción entre los elementos de la naturaleza, sin embargo, no fue un inconveniente para Entre Mares y tampoco para el Ministerio de Ambiente, que aprobaron todos los estudios por partes.
Los tribunales de justicia de Canadá, España o Chile ya condenaron el fraccionamiento de los estudios, por considerarlos como una manera de hacer caso omiso de las sinergias del entorno y, así, del objetivo de la legislación ambiental: protegerlas.
El primer estudio de Cerro Blanco fue rechazado
El primer Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Blanco fue ingresado en el Ministerio de Ambiente en 2004 a través de un estudio inicial, y posteriormente, en 2005, a través de un estudio de impacto ambiental (EIA 2005-970). Ambos fueron rechazados por las autoridades competentes.
“Lo denegamos por inconsistencias de información”, explicó la ingeniera agrónoma Lucía España, quien formó parte del equipo de la Unidad de Gestión Ambiental del MARN que evaluó el estudio de impacto ambiental de 2005. “Por ejemplo, en Cerro Blanco no decían qué iban a hacer con el agua del embalse que encontraron encima del oro, que es agua con arsénico. Tenían cuatro propuestas, pero en ningún momento de las propuestas que daban decían cuál iba a ser la seleccionada”—prosiguió–. “El expediente de línea de base era muy bueno, pero el análisis de impactos era muy malo, al final decía que no había impactos, básicamente decía que no iba a haber ningún impacto”, agregó.
Este equipo también desaprobó la primera herramienta ambiental elaborada para el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), actualmente propiedad de Solway Investment Group.
“En minera Fénix dijimos que no porque veíamos un gran problema de maquinaria y transporte. Nuestras carreteras no iban a soportar todo el peso. Querían utilizar el lago de Izabal para trasladar todo el material, pero eso tampoco era posible porque es un área protegida. Teníamos elementos para desaprobar tanto Cerro Blanco como Fénix. Desaprobamos los dos”, añadió.
Tras estos sucesos, a España la trasladaron a otra unidad del MARN. Dos años después, tanto el EIA de Cerro Blanco como el de Fénix fueron aprobados.
De hecho, el Estudio Ambiental de Fénix también fue fragmentado en 14 instrumentos diferentes a partir de 2007. Aunque, a diferencia de los presentados en Cerro Blanco, varios de estos estudios iniciales, como el transporte de maquinaria a través del lago Izabal, fueron denegados.
El siguiente estudio de Cerro Blanco fue presentado en junio de 2007, bajo el mandato del ministro Juan Mario Dary Fuentes. El 14 de agosto, este nuevo EIA, prácticamente idéntico al anterior, obtuvo la aprobación por la responsable Gestión Ambiental, Eugenia Castro Modenessi, fallecida en 2011.
Desde entonces, y hasta marzo de 2012, todos las demás actividades que realizará la mina para tratar el agua termal, como su enfriamiento, separación de metales pesados o descarga -así como las diferentes acciones que realizarán para el proyecto de energía geotérmica- han sido aprobados de forma fraccionada y como si se tratara actividades de mínimo impacto ambiental.
“¿Y si se quieren ahorrar diesel?”
Erick Menzel, asesor de la Unidad de Gestión Ambiental del MARN, respondió que los Estudios para Cerro Blanco se aprobaron de esta manera porque “probablemente” se trataban de “cumplimientos de los compromisos ambientales” que fijó el Ministerio en el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Blanco en 2007.
“Como no hay una herramienta que regule cómo tienen que presentar los compromisos, los ingresan como estudios ambientales iniciales”, dijo Menzel, la única persona del MARN que concedió una entrevista a este medio después de dos meses de trámite.
–¿Y por qué se han presentado tantos instrumentos ambientales diferentes, en vez de uno solo completo? –se le cuestionó.
–Ahí sí que tendría que preguntar yo al de 2008, 2007, 2005 y 2011. Y si está la gente muerta, revivirla para poder saber por qué lo presentaron así. A la doctora Castro (Eugenia Castro Modenessi, directora de la Unidad de Calidad Ambiental del MARN y la persona que aprobó todas las fragmentaciones de Cerro Blanco), tendría que ir al cementerio y revivirla para ver por qué aceptó todo. Puede ser porque se le antojó al representante legal, porque el de ambiente dijo que así era. Porque se lo dijo el Ministro o porque el viceministro de ese entonces (Roxana Sobenes fue viceministra en tiempo de Juan Mario Dary) le dijo que los presentara fragmentados… Ahí sí no le puedo contestar.
–¿Es legal presentar tantos instrumentos ambientales por separado para un mismo proyecto?
–Depende de lo que quieran hacer. Si es para la subestación, en ese caso le diría que sí, porque va pegado al proyecto.
–¿Y si es para los lodos de la planta de tratamiento de agua?
–Tienen que hacerlo de esa manera. Ellos presentaron un proyecto original en el que dice que lo harán de una determinada manera. Pero los EAI o los EIA son dinámicos, y pueden ir cambiando conforme a las necesidades del proyecto. ¿Y si quieren ahorrarse 10 kilómetros porque la planta la habían puesto allá y ahora la quieren hacer aquí? Nosotros no le podemos decir que no.
–Claro que pueden. En 2005 rechazaron el primer estudio de impacto ambiental.
–No me entiende. Los estudios de impacto ambiental son predictivos. ¿Cómo va a formular el impacto de una planta de tratamiento si usted no sabe cómo será cuando la construya? Yo le puedo decir: ‘Esta planta funcionará así’ ¿Y si la persona a la que contraté hace algo mal? Tendría que modificarlo y presentar un nuevo instrumento.
–¿Entonces su respuesta es que la fragmentación es el cumplimiento de los compromisos ambientales?
–Creo yo. Lo tengo que ir a chequear.
–Desde hace dos meses se niegan a facilitarme los Estudios de Impacto Ambiental. Y los he pedido por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahora me concede una entrevista ¿y todavía no tienen los datos?
–Pero yo no estoy para atenderle solo a usted. ¿Usted sabe cuántos habitantes habemos en la República de Guatemala? La ley dice que yo tengo que entregar lo que tengo disponible, y eso no lo tengo disponible, tendría que buscarlo.
–Han tenido diez días hábiles para buscarlo (dos meses en realidad, denegaron tres veces facilitar los informes) y no lo han buscado. ¿Sabe que lo puedo denunciar por negación de información?
–Yo voy a decir que no tengo la información aquí.
–Y usted sabe que le pueden decir que está mintiendo. Claro que el MARN tiene la información.
–Claro que lo puedo decir. Así funciona en lo civil. Si usted es buena me lo gana y si yo tengo buenos asesores, aquí el séquito de asesores se lo gana. Y le van a decir que ‘no ha lugar’.
–Según me informaron, antes de entrar a trabajar al Ministerio de Ambiente, usted trabajaba en la empresa de Estudio de Impacto Ambiental de la Ministra, Roxana Sobenes.
-No. Estaba por mi cuenta.
-¿No estaba con la ministra?
-Yo ni siquiera conocía de estudios.
Según documentos encontrados, Erick Estuardo Menzel Illescas, abogado, figuraba en 2009 como miembro de la Junta de cotización de Fonapaz. Tras esta entrevista, el Ministerio de Ambiente facilitó todos los Estudios Ambientales de Cerro Blanco.
“La extracción de un riñón afecta a todo el cuerpo”
“En primer lugar, es necesario comprender la importancia de los estudios ambientales para la mitigación de los proyectos”, subrayó Raúl Maas, ingeniero del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar. A este respecto, Maas señaló el vacío legal existente en cuanto a la fase de restauración de las actividades mineras. Este explicó que la Ley de Minería (decreto 48-97) solo habla de las primeras tres fases: reconocimiento, exploración y explotación. Pero no se contempla qué pasará una vez finalice la actividad minera. “Ese aspecto solo está regulado por los Instrumentos Ambientales, por eso son tan importantes. ¿Cuál es la lógica? Que esa obra nueva se va a autorizar siempre y cuando no genere impactos negativos sobre el entorno. Básicamente es ejercicio de evaluación sobre los posibles efectos ambientales de esa obra nueva”.
Preguntado sobre el hecho de que la minera haya fraccionado el EIA de Cerro Blanco respondió que “todo eso debería ir en un solo paquete”, y puso como ejemplo:
“Es como que te dijeran que te van a extraer un riñón, el efecto te va a afectar en todo el cuerpo. O que te sacan una muela, hay efectos en todo el organismo. Es como aprobar la construcción de unos residenciales casa por casa”.
Y así la mina pasa a ser de mínimo impacto
Para Goldcorp, y también para el Ministerio de Ambiente, no fue solo como aprobar la construcción de unos residenciales casa por casa. En el caso del tratamiento del agua con arsénico fue como aprobar por un lado la construcción de las tuberías, por otro la instalación del gas y por otro la del horno.
La conclusión en cada uno de estos estudios es la misma por la cual se desaprobó el estudio en 2005: no generará impactos ambientales. O, en todo caso, estos serán positivos. De esta manera, tampoco contempla ninguna medida para mitigarlos.
Así, la fianza para cubrir los impactos ambientales quedó tasada en Q3 millones, cuando según estudios independientes, como uno realizado por el ingeniero estadounidense Robert H. Robinson para la organización Madre Selva, el costo de recuperación podría alcanzar los Q715 millones.
Negligencia al aprobar los estudios
Según expertos consultados, tampoco deberían haberse aprobado estudios ambientales iniciales para actividades de tal magnitud.
“Fueron presentados y aprobados como proyectos de impacto C (categoría C, según el artículo 15 del Reglamento de Ambiente), el más bajo, el mismo que una abarrotería”, indicó a este respecto la ingeniera Lucía España. En algunos de estos, dijo, deberían haber solicitado Estudios de Impacto Ambiental, en los demás, al menos, planes de gestión ambiental.
Jorge Grijalva, ingeniero agrónomo que realizó un análisis comparativo del Estudio Ambiental de Cerro Blanco para la organización ambientalista Madre Selva, catalogó como una “negligencia” por parte de esta Cartera haber aprobado estos proyectos como si se trataran del más bajo impacto catalogado en el reglamento ambiental.
“Primero, el volumen de agua a descargar es alta, de hecho es uno de los mayores problemas ambientales de Cerro Blanco. Porque el agua, como ellos mismos presentan en sus pruebas en el EIA, está cargada de arsénico (0.495 mg/l, lo que es 10 veces mayor que el límite de la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR)”, explicó Grijalva. “Segundo, el agua viene a unas temperaturas entre 70 y más de 100 grados, puede llegar a 120 según la profundidad a la que se esté excavando”, dijo. “Otro de los estudios iniciales fue sobre la disposición de los lodos, que es la mezcla que sale de haber tratado el agua con cal para eliminar el arsénico. Tampoco se podría haber catalogado como Estudio Inicial”, añadió el ingeniero de Madre Selva.
Impactos positivos para el ambiente
Según el Estudio Ambiental Inicial, Cerro Blanco sacará del cerro diariamente 765 metros cúbicos por hora (24 horas al día, 365 días al año) de agua mezclada con arsénico y azufre a través de 10 pozos. Esta agua se limpia mediante una mezcla con cal, se enfría y se arroja directamente a la quebrada Tempisque a través de una tubería de 325 metros.
Según un estudio de Water & Earth Techologies. Inc., a solicitud de Goldcorp, 765 metros cúbicos de agua –ni un litro más ni uno menos– es la máxima que puede transportar está quebrada sin riesgo a desbordarse.
Tras su enfriamiento, el agua saldrá a una temperatura de 28 grados, con una oscilación de +/-7.
“Siete grados es mucha diferencia de temperatura para muchas especies”, indicó Grijalva.
Según el formulario completado para “descarga de aguas de abatimiento”, el impacto será nulo en prácticamente todas las categorías, a excepción de en la morfología de la quebrada, con “impacto bajo”, y en la flora y la fauna.
Y los peces volverán al río
En el caso de alteraciones del aumento del cauce sobre las plantas y animales, el estudio lo cataloga como “impacto medio”, eso sí, de tipo “positivo”: “debido al aumento de humedad y del recurso hídrico puede beneficiar al aumento de densidad de especies de flora, especialmente en el estrato herbáceo y arbustivo”. Lo mismo en cuanto a la fauna, “especialmente de especies acuáticas”.
Cuando se refiere al cierre de la mina, el informe expone, en un párrafo, que estas especies herbáceas desaparecerán de nuevo. En cuanto a los nuevos peces que puedan poblar la quebrada por el incremento del cauce durante 15 años, el plan de gestión ambiental explica que los hipotéticos peces descenderán hasta la desembocadura de la quebrada en el río, donde el volumen del agua será mayor.
Entre Mares presentó también estudios iniciales para “Disposición de lodos de la planta de agua del proyecto minero Cerro Blanco (EAI-995/2011), al igual que la fase de enfriamiento del agua (Piletas de Estabilización y Torre de Enfriamiento del proyecto minero (EAI-298/ 2008), la compostera del proyecto (EAI-917/2008), o Celda de Transmisión (EAI-387/2008)”.
Lo mismo con el proyecto geotérmico
En cuanto al proyecto geotérmico en Cerro Blanco, la empresa recibió la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental en 2007. También para este, presentaron cinco estudios iniciales en los años posteriores:
Inventario de sustancias peligrosas (EAI-243/2011)
Caracterización de la composición de la salmuera del proyecto geotérmico Cerro Blanco (EAI-241/2011)
Balance del fluido de trabajo del ciclo orgánico de ranquin del proyecto geotérmico cerro blanco (EAI-242)
Manejo del drenaje pluvial en el proyecto geotérmico Cerro Blanco (EAI-244/2011)
Manejo de agua residual doméstica durante la etapa de operación del proyecto geotérmico Cerro Blanco (EAI-158/2011)
Todos disgregados y aprobados en diferentes partes.
Expertos internacionales cuestionan el estudio
En un análisis del EIA de Cerro Blanco para el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio de El Salvador (CEICON), la doctora Dina L. López (profesora de geoquímica e hidrología de la Universidad de Ohio, Estados Unidos) denuncia, entre otros aspectos, la falta de pruebas sobre ciertos metales pesados como boro, flúor o litio “elementos característicos en los sistemas geotermales”. Además, recalca el peligro de no haber contemplado que el sistema “hidrogeológico” es fracturado, lo cual facilita que el agua termal se filtre en la tierra.
Mientras tanto, el ingeniero estadounidense Robert H. Robinson, que elaboró otro estudio para Madre Selva, recalcó que “es un proyecto de riesgo excepcionalmente alto. En primer lugar, existe la presencia de arsénico, muy tóxico, en el suelo, la roca, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. La minería probablemente aumentará las concentraciones tóxicas de arsénico, que podrían filtrarse, a través de las fracturas, al resto del agua. En segundo lugar, el EIA tiene graves carencias de información, planificación, y garantías de recuperación. Las deficiencias de la EIA no proporcionan ninguna confianza de que los propietarios saben cómo explotar de manera que se proteja la salud pública y el medio ambiente”, dijo.
Preguntado al respecto de haber aprobado dichos estudios de manera fraccionada, respondió que impide “que las autoridades puedan examinar de forma completa los impactos”. “La aprobación por partes fragmentado conduce a la aprobación implícita de un proyecto difícil de negar para el Ministerio, porque los dueños del proyecto han invertido mucho dinero”, sentenció.
Mientras, tanto organizaciones como la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, cuya frontera se ubica a tan solo 8 kilómetros del proyecto minero, se encuentran actualmente realizando lobby para impedir el inicio de actividades de Cerro Blanco, cuya descarga de aguas iría a parar, a través del lago de Güija, al río Lempa, transversal al país fronterizo.
“En su estudio de impacto ambiental, dicen que la temperatura máxima de esas aguas iban a ser de 80°C y ahora tienen información que son de 120°C. No tienen la tecnología para poder controlarlo y eso les ha retrasado el proceso locación minera. Nuestras preocupaciones en torno a esa mina es que cerca de esa mina pasa el río Ostúa, que termina desembocando en el lago de Güija”, explicó al respecto David Pereira, miembro del CEICON
Pereira explicó que ya habían presentado una demanda ante el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador y también habían hablado con la Cancillería.
Prohibición internacional de estudios fraccionados
En Canadá, en donde se ubica el 70 por ciento de las empresas mineras en el mundo, la Corte Suprema de Justicia impidió el primer fraccionamiento de un EIA a través de un fallo emitido el 21 de enero del 2010. En aquella ocasión, por medio de un amparo de la organización Minning Watch Canadá, la Corte anuló la aprobación de un EIA fraccionado que concedía los derechos de explotación a la mina Red Chris Development Company, aprobación otorgada por el Ministerio de Pesca y Océanos y el Ministerio de Ambiente.
Según la Corte, la causa de la desaprobación de la extracción mineral fue la ausencia de un estudio comprehensivo de todas las partes del proyecto, que determinara los cambios en el ambiente.
Mientras que en Chile, el pasado mes de agosto, la Corte Suprema prohibió el inicio de actividades de la central termoeléctrica Castilla, por considerar que el estudio no podía presentarse de forma fraccionada. El fallo estableció que MPX y su socia alemana E.ON no podían presentar de manera separada el análisis de impacto ambiental del complejo termoeléctrico y el puerto que lo acompaña y concluyó que para seguir adelante debían presentar un estudio que considerara los dos proyectos de forma conjunta.
La Corte Suprema de Castilla la Mancha (España) resolvió de la misma forma una denuncia presentada sobre un proyecto eólico. “Nos encontramos claramente ante un proyecto que se ha fraccionado en cinco subproyectos (…) Es evidente que la figura del parque eólico debe ser necesariamente contemplada desde una perspectiva unitaria (…) Por tanto no consta que fuera realmente sometido a información, ni que tampoco se haya dictado declaración de impacto ambiental respecto al mismo”.
Asimismo, las organizaciones no gubernamentales como Birdlife International, Observatorio Petrolero Sur de Argentina y Fundación Biodiversidad de España, se han sumado para ejercer presión a los gobiernos en búsqueda de prohibir explotaciones metálicas sin consentimiento de un EIA que abarque la totalidad de las obras a realizar.
A este respecto, en Guatemala existe un borrador de reforma de la Ley de Minería elaborado por la comisión ambiental del Congreso en 2006. El documento contempla prohibir los estudios fragmentados. Sin embargo, en las actuales modificaciones a la Ley de Minería, incluidas en la propuesta de reforma de Ley “no se encuentra nada sobre la fragmentación de proyectos”, indicó Rafael Maldonado, abogado de la organización CALAS. “La Ley de Minería no contempla ningún elemento sobre los estudios ambientales. Solo que los estudios de mitigación deben ser presentados solo en Ambiente y no hay necesidad de que se aprueben para conceder la licencia”, agregó Maldonado.
Cerro Blanco y las dudas de su continuidad
En una visita al lugar, realizada en noviembre de 2012, algunos habitantes de comunidades que colindan con la mina Cerro Blanco, como la aldea con el mismo nombre o Trapiche Vargas (Jutiapa), indicaron que desde agosto, 80 de los empleados habían sido despedidos del proyecto y que el calor de las aguas termales en el túnel estaba haciendo que otros se desmayaran, añadiendo dificultades para llegar al oro. Según ellos, la maquinaria de la mina fue trasladada al proyecto Marlin, en San Marcos.
En aquel viaje, tras haber fotografiado la mina desde un camino colindante, un empleado de la empresa tomó imágenes de las placas del vehículo en el que nos conducíamos y un picop nos siguió. De él, descendió Jonathan Reyes, el ingeniero que dijo estar a cargo de Cerro Blanco, quien nos increpó por las fotografías y nos ofreció visitar el proyecto minero en otro momento.
Plaza Pública intentó durante tres semanas concretar la oferta con Reyes, que la postergaba una y otra vez hasta que finalmente pidió que habláramos con la sede del proyecto. Dos meses de solicitudes reiteradas pasaron, pero nunca concedieron la entrevista. Goldcorp ofreció que Mario Marroquín, su gerente en Guatemala, atendería las preguntas este miércoles por teléfono, pero Marroquín se quejó de la premura con que lo quieren todo los periodistas, y ofreció responder si las preguntas se le enviaban por correo. Al día siguiente, postergó de nuevo la contestación: no querían correr riesgos de que esta información se tergiversara y pedían que Plaza Pública les acompañara a la mina en febrero. “Sus preguntas”, contestó, “ameritan una visita al proyecto Cerro Blanco y entrevistar a los técnicos involucrados con el tema ambiental, y no una respuesta a la ligera”. Tras casi tres meses de aplazamientos sin explicación, Plaza Pública optó por publicar este reportaje y retornará a Cerro Blanco cuando se concrete la invitación.
