El pasado 12 de octubre, el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, reveló una preocupante información que debería alertar al país entero: la existencia de 73 solicitudes de licencias de exploración minera. Conociendo la decisión gubernamental de no permitir la minería metálica, las empresas extractivas piden licencias para operar, esperando que su petición sea rechaza, para luego exigir millonarias indemnizaciones.
Por Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
El pasado martes 12 de octubre, el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, reveló una preocupante información que debería alertar al país entero: la existencia de 73 solicitudes de licencias de exploración minera.
20/10/2010. Dicho funcionario también declaró que existen diez solicitudes de permisos ambientales para extraer oro, plata y otros metales del subsuelo nacional.
Estas afirmaciones del titular del MARN fueron expresadas, el pasado martes 12 de octubre, en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa que estudia la propuesta de aprobar una ley que prohíba en forma definitiva las actividades mineras.
La información externada por el ministro Rosa Chávez desnuda una estrategia perversa de las empresas mineras: solicitar licencias de exploración y de explotación para, después, demandar al Estado por negar dichos permisos.
Es decir: conociendo la decisión gubernamental de no permitir la minería metálica, las empresas extractivas piden licencias para operar, esperando que su petición sea rechaza, para luego exigir millonarias indemnizaciones.
Esto hacen Pacific Rim y Commerce Group, que piden 100 millones de dólares cada una en sus
demandas procesadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), basadas en disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
En tal sentido, El Salvador podría enfrentar próximamente 83 nuevas demandas en el CIADI o cualquier otro tribunal corporativo, y pagar varios miles de millones de dólares, en caso de perder los respectivos arbitrajes.
Así, el interés real de las compañías mineras –que suscriben las 83 solicitudes de exploración y de explotación– no es extraer los minerales, sino conseguir dinero fácil demandando al Estado por negar los permisos. El negocio es demandar al país, para lograr millonarias indemnizaciones.
Frente a tan descarada estrategia, la solución es clara: prohibir en forma definitiva la minería metálica a través de una Ley, para evitar más solicitudes de exploración y de explotación presentadas por las tenebrosas empresas extractivas.
Dicha Ley también evitaría nuevas demandas contra el Estado, como las de Pacific Rim y Commerce Group.
Ante esto, es oportuno reiterar el llamado a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Parlamento para que dictamen ya a favor de la propuesta de ley prohibitiva de la minería y, al pleno legislativo, a que la aprueben con extrema prioridad.
Los datos revelados por el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, debería ser el detonante de una fuerte movilización y presión ciudadana a favor de la aprobación de la referida Ley, para acabar con la estrategia de extorsión de las empresas mineras.
