El pasado 15 de septiembre inició el juicio final ante el CIADI por la demanda que Pacific Rim ha hecho en contra de El Salvador por $301 millones. Uno de los lugares emblemáticos para los ambientalistas y su lucha contra la minería metálica es el río San Sebastián, ubicado en el departamento de La Unión. Este río se ve afectado por la contaminación de metales pesados provenientes de lo alto del Cerro San Sebastián, que fue sede de actividad minera realizada, a partir de 1968, por la multinacional Commerce Group.
Fuente: Contra Punto
Sin embargo, según un informe presentado el investigador Flaviano Bianchini, el trabajo minero en manos de otras empresas en esa zona data desde 1904. El olor a moho y el agua color marrón son características del río. Por esa misma razón es el ejemplo más importante para los ambientalistas.
En 2013 las muestras realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el Río San Sebastián en el Caserío El Comercio en Santa Rosa de Lima, La Unión, arrojaron que las aguas están contaminadas por cianuro, hierro y otras sustancias.
“El Salvador ya está pagando costos por la minería, debemos recordar que la Mina San Sebastián que dejó abandonada la empresa Commerce Group tiene contaminado esa zona, y el rio no sirve para el consumo humano, ese es un entorno de alta contaminación y un ejemplo para decir no a la minería”, señaló Marco Gálvez, presidente de CRIPDES y miembro de la Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador.
También otro de los costos que señaló que el país ya está pagando son los provocados por la demanda que enfrenta El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Pacific Rim exige 301 millones de dólares en compensación por parte del gobierno de El Salvador, ya que estima que esas son las pérdidas que ha tenido por la suspensión de sus inversiones en el país.
La demanda fue interpuesta por Pacific Rim, empresa canadiense, Estado Salvadoreño fue porque este le negó los permisos para realizar la explotación minera en la Mina el Dorado, en Cabañas. Dicha mina posee cerca de un millón 400 mil onzas de oro.
En el año 2012 la Fiscalía General de la República (FGR) informó CIADI resolvió que Pacific Rim, no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana, y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés). Sin embargo la demanda prosiguió bajo el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
En consecuencia y siguiendo el proceso legal el pasado 15 de septiembre dio inicio el juicio final en la sede del Banco Mundial en Washington, donde el CIADI escuchará y valorará las pruebas que presenten los equipos legales de la defensa, que es El Salvador, y la demandante, la empresa minera Pacific Rim, que ahora es propiedad de Oceana Gold.
El juicio ha generado movilizaciones de ambientalistas, una de ellas sucedió frente a la sede del Banco Mundial en El Salvador, en la que entregaron una carta al presidente del Banco Mundial, Jim Yomg Kim.
“Le instamos a emprender esta revisión a través de un proceso abierto, con audiencias públicas y que facilite la oportunidad para que comunidades afectadas por la minería y sus aliados puedan presentar pruebas del daño causado por las empresas que utilizan procesos de arbitraje inversionista – Estado para socavar las leyes de interés público y las estructuras regulatorias en los países del Sur Global”, cita la carta.
Una consulta popular inédita
El próximo 21 de septiembre se el Consejo Municipal de San José Las Flores en Chalatenango Concejo atendiendo al llamado realizado por las comunidades El Portillo, El Tamarindo, Las Limas, Llano Verde, Hacienda Vieja y el casco urbano, convoca a más de 1,200 habitantes a participar en la Primer Consulta Popular para “Declarar Territorio Libre de Minería”.
El alcalde del municipio, Felipe Tobar, destacó que esta será la primera consulta de esta índole a nivel nacional. La alcaldía se ha amparado en los artículos 115 y 116 del Código Municipal que plantea la participación ciudadana y la transparencia.
“Esta consulta tiene una connotación importante para el país ya que surge de la iniciativa de la población y es una petición que le hicieron al Consejo municipal, esto lo hace único porque en El Salvador en ningún municipio se ha hecho una consulta en la que se le pregunte a la población si está de acuerdo o no con la explotación minera metálica”, explicó Gálvez, de CRIPDES.
Tobar mencionó que en la consulta “se respetará la decisión de la población ya sea a favor o en contra de la minería”.
