La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reiteró que el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Guatemala, es una amenaza grave para El Salvador, debido a que contaminaría directamente al Lago Guija, en Santa Ana, una de las fuentes de agua que abastece al Río Lempa.
Fuente: Contra Punto
El proyecto de explotación minera Cerro Blanco es de la empresa minera Gold Corp de origen canadiense y se encuentra en Asunción Mita, Guatemala, a tan solo 18 kilómetros de El Salvador.
La PDDH en el afán de demostrar al Estado salvadoreño sobre la amenaza que representa este proyecto elaboró el “Informe Especial sobre el Proyecto Minero Cerro Blanco y las potenciales Vulneraciones a los Derechos Humanos de la población salvadoreña”. Este fue presenta y entregado al Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM).
De acuerdo al titular de la PDDH, Óscar Luna, el informe tiene entre sus objetivos el de recalcar los previsibles efectos nocivos que tendrá el proyecto minero en las cuencas hidrográficas compartidas por Guatemala y El Salvador. Es el Río Ostúa la cuenca compartida entre ambos países.
La dinámica de contaminación viene desde el Río Ostúa hasta al Lago de Güija y éste abastece al Río Lempa, que es uno de los más importantes de El Salvador en el suministro de agua y energía eléctrica. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), solo este río abastece a tres millones de habitantes en San Salvador.
El informe especifica que el lugar está dentro de la región del Trifinio, llamada así porque ahí coinciden las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras, y abarca más de 7.500 kilómetros cuadrados, donde habitan unas 600.000 personas.
Además el Lago de Güija está reconocido como sitio RAMSAR, dentro de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Lo cual le da protección como una reserva acuática y que permite la conservación de la biodiversidad.
Luna dijo que, además, el informe pretende establecer las responsabilidades en la que el Estado Salvadoreño puede incurrir a partir de su posición como garante frente a sus habitantes.
Especialmente el Estado debe garantizar a cabalidad el artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.
El procurador dijo que los derechos más vulnerados, a parte de la vida, son el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, al acceso a la información, este último porque no se está informando debidamente a la población sobre lo que realmente pasa a causa de los proyectos mineros.
En el informe también hace recomendaciones al presidente salvadoreño Mauricio Funes que organice a las entidades del Órgano Ejecutivo que corresponda para realizar estudios técnicos sobre los impactos y costos que tendrá el proyecto en los recursos naturales de El Salvador, en la economía, la salud, la biodiversidad y la vida tanto en las zonas aledañas como en el país entero.
