Estimados amigos y amigas: En estos momentos, la empresa minera CODELCO (Chile) se encuentra intentando de  ingresar  con nueva  maquinaria para iniciar  las labores de exploración avanazada en los alrededores de la comunidad de el Paraíso,  Parroquia de García Moreno, Cantón Cotacachi, y Provincia de Imbabura. Dicha comunidad se encuentra muy cerca al yacimiento de cobre de JUNIN, que sabemos que el gobierno quiere desarrollar. MILITARES Y COINCIDENCIAS DE LA VIDA
Justo hace dos días ingresaron una grupo de 15 militares al mismo sector de Intag para, supuestamente, controlar la delincuencia.    ¿Delincuencia?    ¿Militares?   ¿No será más bien para garantizar los derechos empresariales de CODELCO e intimidar a la población?

CODELCO busca cobre en la concesión denominada Los Mandariyacu, y está en Intag gracias a un convenio con una individuo que se sospecha es traficante de concesiones, ya que no tiene la capacidad económica de realizar minería a gran escala. La nueva ley del 2009, supuestamente eliminó el tráfico de concesiones mineras. 

ESTUDIO DE IMPACTO VERGONZOSO.
La empresa justifica su presencia y actividades basado en la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental para actividades avanzadas de minería que esta repleta de falencias técnicas, las cuales fueron denunciadas a su debido tiempo al Ministerio del Ambiente por parte de la Presidenta de la Junta Parroquial y la CEDHU.  El Ministerio nunca respondió a las observaciones realizadas en el mencionado documento.

MÁS ILEGALIDADES.
A pesar de ser legalmente solicitado, las autoridades no han presentado el Estudio de Impacto Ambiental para actividades iniciales mineras, tal como requiere la Ley de Minería, siendo éste un documento indispensable para dar paso al Estudio de Impacto Ambiental para actividades avanzadas de minería.

Por otro lado, el proceso de aprobación de dicho estudio estuvo viciado de irregularidades, y fue deslegitimado por cuatro de las cinco comunidades que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto minero.  Legalmente es inválido cualquier EIA que no se haya socializado con las comunidades afectadas por actividades mineras. 

En cuanto a la consulta previa prevista en la Constitución- nunca se realizó según los comuneros de la mayoría de las comunidades, y el gobierno Parroquial de García Moreno.  Cabe añadir que la minería no consta en los planes de Ordenamiento Territorial de ningunos de los gobiernos seccionales o locales.

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