La discusión sobre si conviene o no permitir actividades mineras a gran escala en Cuenca y el Azuay se ahonda. Para el Alcalde y el Gobierno Nacional, la consulta comunitaria del pasado domingo, propiciada en Victoria del Portete, es ilegal; mientras los organizadores del evento y representantes indígenas la defienden como un ejercicio de autodeterminación, pues el Régimen no aplicó en las comunidades una consulta previa.
Fuentes: Andes y diario El Tiempo
03/10/2011. El ministro ecuatoriano de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, declaró hoy que la consulta popular sobre minería realizada en comunidades azuayas (sierra sur) es “totalmente ilegal”. Rechazó que dirigentes políticos de oposición al gobierno y activistas ecológicos hayan organizado este proceso al margen de las leyes vigentes en el Ecuador.
El funcionario, cuya cartera es responsable, entre otras, de la minería en el país, señaló que “solamente el Estado ecuatoriano puede hacer consultas válidas a través de las normas vigentes, llamando al Consejo Nacional Electoral”, dijo.
El pasado 2 de octubre se realizó una consulta comunitaria en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, en la provincia austral de Azuay. La pregunta planteaba: ¿Está usted de acuerdo que se dé explotación minera en los páramos y fuentes de agua de Quimsakocha?
“Los minerales son de todos los ecuatorianos y son propiedad del Estado”, aclaró Pástor. Al mismo tiempo, recordó que los procesos consultivos son responsabilidad del Estado y esta responsabilidad es indelegable. “Solo el Estado puede hacer consultas válidas”, sentenció.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, dijo a la Agencia Andes que los comuneros no pidieron el aval del organismo rector del sufragio para realizar la consulta. Por tanto, dijo que los resultados no tienen alguna validez.
La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, sostuvo que la consulta fue promovida por la Prefectura de la provincia del Azuay, “por tanto no tendría ningún valor”.
“No ha sido una consulta previamente convocada, analizada, o puesta en marcha por el Consejo Electoral que es el ente competente”, agregó.
A criterio de Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, la consulta comunitaria fue un ejercicio en defensa de los derechos colectivos. El proceso arrojó un triunfo contundente del No, con 958 votos, contra 47 del Sí, 18 blancos y 14 nulos.
El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, desconoció la legalidad de la consulta no porque la haya impulsado una organización comunitaria, sino porque la Constitución dice que debe enmarcarse en las directrices de los reglamentos e instituciones pertinentes, en este caso el Consejo Nacional Electoral, CNE.
En declaraciones a diario El Tiempo, Granda manifestó que la consulta no es vinculante, y más que solución, será un obstáculo.
Debate de minería se politiza más
Los usuarios de agua del sistema comunitario Tarqui-Victoria del Portete se presentaron a la consulta comunitaria que impulsaron sus dirigentes en base a convenios internacionales y al precepto constitucional de la Plurinacionalidad.
“Decir que no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro es un discurso que se vende bien entre los ciudadanos, yo diría: no podemos ser millonarios cargados un saco de oro en un desierto”, reflexiona César Zea, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Azuay, ADHA, quien actuó como observador en la consulta comunitaria que organizó el Sistema Comunitario de Agua Tarqui-Victoria del Portete.
La discusión sobre si conviene o no permitir actividades mineras a gran escala en Cuenca y el Azuay se ahonda. Para el Alcalde y el Gobierno Nacional, la consulta comunitaria del pasado domingo, propiciada en Victoria del Portete, es ilegal; mientras los organizadores del evento y representantes indígenas la defienden como un ejercicio de autodeterminación, pues el Régimen no aplicó en las comunidades una consulta previa.
Demagogia
Edmundo Villavicencio, viceministro de la Coordinación Política, sostiene que es demagógica la defensa del agua por parte del prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, y del coordinador de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, Carlos Pérez Guartambel, quienes, según él, están desesperados por recuperar el terreno perdido en la Consulta Polular del 7 de mayo, donde ganó el Sí.
“Hace un tiempo el Prefecto presentó la propuesta de Empresa Provincial Minera, en apoyo abierto a la minería. Yo, en ese tiempo, fui el asesor del Viceprefecto y del Prefecto en el tema minero y dejamos preparada la propuesta para el Consorcio Minero del Azuay; se pretendía que los gobiernos provinciales puedan ser parte del negocio. Ahora, aparentemente, rompió su esquema mental y su forma de pensar respecto de la minería”, sustenta.
Respecto a Pérez Guartambel, Villavicencio lo acusa de traficar con el recurso hídrico, de manipular a los usuarios de los sistemas comunitarios de agua, a quienes obliga a salir a las manifestaciones so pena de multarlos.
Defiende la política minera del Gobierno, de quien dice busca una minería responsable, precisamente para garantizar el aprovisionamiento del líquido vital. Añade que la falta de una minería técnica ha hecho que cantones como Ponce Enríquez queden contaminados, algo que el Primer Mandatario no quiere repetir.
Responsabilidad
Por su parte Paúl Granda, alcalde de Cuenca, recuerda que en estricto apego a la Constitución, el Primer Mandatario jamás permitiría que un proyecto de carácter económico afecte las fuentes hídricas; califica de inoportuna a la consulta comunitaria en Victoria del Portete, que no ayuda a un diálogo serio.
“No coincidimos con las posiciones de Carlos Pérez ni siquiera con las del Prefecto, no vamos a utilizar este tema como trampolín político para nadie, estamos trabajando seriamente con nuestra empresa ETAPA para dotar de agua potable a todos los ciudadanos del cantón sin distinción alguna y sin exigirle recursos a cambio de nada o a cambio de agua potable, chantajeándole a la gente”, señala.
Resistencia
Carlos Pérez, en tanto, comenta que la defensa del agua es una lucha legítima, agradece a los usuarios que concurrieron a las urnas el 2 de este mes, quienes en forma mayoritaria, libre y voluntaria, expresaron su opinión en las urnas. Subraya que no se multará a nadie por no acudir a sufragar, ya que se trató de un ejercicio de plena democracia.
“Hago una reflexión, si la consulta hubiese sido hecha por el Gobierno y las mineras ahí si dirían que es legítima, pero como es hecha por los que hacemos resistencia, ahí ya no sirve. Este es un derecho que no solamente lo hacemos amparados en la Constitución y en los tratados internacionales, sino en una reivindicación milenaria que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos a decidir, en lo económico, social, ambiental, espiritual, cultural”, explica.
Agrega que con la mejor intención se invitó al proceso al Alcalde, al gerente de ETAPA, al Gobernador y al Prefecto, únicamente este último mandó un delegado, mientras los otros no se hicieron presentes.
En tanto, Lourdes Tibán, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, felicitó la iniciativa de los usuarios del sistema comunitatio de agua Tarqui-Victoria del Portete, trata como hito histórico para la vida y la lucha de los pueblos indígenas un pronunciamiento democrático de esta índole.
Piensa, no obstante, que temas como la minería no deberían ser llevados a una consulta popular, porque no todas las personas conocen sus implicaciones; el tema debe ser dirimido solo por quienes se sienten directamente afectados, por eso considera que la consulta comunitaria es una herramienta bsatante pertinente.
“Pensaba ver en esta consulta a los legisladores de PAIS, para que tengan conocimiento de causa y sobre lo bueno o malo que hayan visto armemos un debate sobre la Ley de Consulta Prelegislativa. Solo se llenan la boca diciendo que la consulta no es vinculante, sino va hacer vinculante no sirve de nada”.
