Colectivos y organizaciones sociales que están en contra de la minería ayer pidieron públicamente la suspensión de los proyectos mineros que se ejecutan en las provincias de Azuay y Morona Santiago. Lo hicieron durante un encuentro denominado “tribunal popular” que se instaló en la Glorieta del parque Calderón dela ciudad de Cuenca y que fue convocado por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (FMDP).
Fuente: Entorno Inteligente
Lina Solano es la presidenta de esta agrupación y considera que hay alto riesgo de contaminación en las áreas donde se ejecutan intervenciones mineras en ambas jurisdicciones.
A esta reunión acudieron representantes comunitarios de las parroquias Chaucha, Molleturo y Victoria del Portete, del cantón Cuenca. En las dos primeras está la concesión minera Río Blanco y en la segunda Loma Larga, antes Quimsacocha.
Asimismo estuvieron comuneros de las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, cantón San Juan Bosco y Limón Indaza, de Morona Santiago, donde está el proyecto San Carlos-Panantza.
Juzgamiento
Presentaron una lista de funcionarios de Estado e hicieron un juzgamiento simbólico debido que los responsabilizan de cualquier afección en los recursos naturales derivada de esta actividad extractivista.
“Consideramos que no se debería hacer minería en el páramo ni tampoco en la Amazonía porque son espacios cuya preservación es necesaria y es un deber que tiene la población…”, dijo Solano.
Igualmente refirió que mientras la Universidad de Cuenca ejecute los estudios mineros contratados por el Municipio de Cuenca se debería declarar una moratoria minera en toda la jurisdicción cuencana.
A criterio de Solano este tipo de acciones de protesta tienen como fin que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la protección de la naturaleza y de manera especial de las fuentes hídricas.
Morona Santiago
Fernando Mejía, presidente de la Coordinadora Campesina Popular (CCP), de Morona Santiago, indicó que la zona donde la concesión San Carlos-Panantza, y donde explota cobre, permanece militarizada.
“Esta es una zona que nunca ha tenido violencia, pero hemos sido sorprendidos con esta militarización… Hemos pedido que se desmilitarice urgentemente la zona porque este de políticas lastiman a las comunidades campesinas…”, recalcó.
San Carlos-Panantza comprende un área de 41.760 hectáreas (ha). Está a cargo de la empresa China Explorcobres S.A. (EXSA). Tendrá una vigencia aproximada de 25 años.
La firma Junefield, también de China, es la responsable de la explotación en Río Blanco. Adquirió los derechos de la compañía International Minerals Corporation (IMC) de los Estados Unidos (EE.UU.) (CSM)-(I)
El fallo
Una vez presentadas las acusaciones y los testimonios, el TRIBUNAL POPULAR declaró culpables a todos los acusados y resolvió:
– Continuar fortaleciendo la resistencia de las comunidades y organizaciones en los territorios afectados por los megaproyectos de minería.
– Llevar adelante acciones para recuperar los territorios invadidos por las mineras imperialistas y continuar la oposición a los megaproyectos de muerte.
– Rechazar en forma permanente al imperialismo chino y otros que violan la Soberanía Nacional.
– Repudiar al gobierno vendepatria de Correa como uno de los más entreguistas y serviles del imperialismo, y bregar para que responder por todas las violaciones de derechos que ha cometido.
– Denunciar en organismos internacionales que el aparato jurídico de Ecuador está al servicio de las transnacionales y el gobierno, por lo que no hay posibilidad de justicia en este país.
– Denunciar a la Defensoría del Pueblo porque no cumple sus obligaciones constitucionales, y ha dejado en la indefensión a las comunidades afectadas por los megaproyectos de minería, a las y los defensores de derechos y a la Madre Tierra.
– Continuar exigiendo a las autoridades locales que cumplan sus obligaciones con sus poblaciones territoriales.
– Repudiar a todos los politiqueros oportunistas y ongs que utilizan la lucha de las comunidades afectadas por la minería.
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Moradores
Jacinto Gutama vive en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, donde se ejecuta el proyecto minero Río Blanco. Ayer participó en el “tribunal popular”, convocado por el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (FMDP).
Aunque reconoce que muchos de sus familiares y amigos apoyan esta intervención minera porque generará fuentes de trabajo, tiene temor porque cree que esta actividad puede contaminar fuentes de agua.
Martha Tacuri en cambio llegó a esta reunión desde la parroquia Victoria del Portete, donde el proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha, que está a cargo de la empresa minera INV Metals, de Canadá.
Contó que inició la lucha antiminera hace ocho años y considera que la zona donde está Loma Larga es un “colchón” para la recarga hídrica para los ríos que sirven para la potabilización de agua para Cuenca.
Detalles
De acuerdo con la firma china Junefield, concesionaria del proyecto minero “Río Blanco”, en esta zona hay 605.000 onzas de oro y 4.307.000 de plata, que están en un depósito conocido como epitermal.
“Río Blanco”, según el Gobierno Nacional, es uno de los cinco proyectos de minería definidos como estratégicos, lo que quiere decir que está considerado por el Estado como de interés nacional.
El Instituto Público Francés de Estudios del Suelo y Agua (BRGM) recomiendó en 2013 que se identifique la presencia de aguas subterráneas en los proyectosc mineros “Río Blanco” y “Loma Larga”.
A finales del año 2012 el proyecto minero Loma Larga, antes Quimsacocha, pasó a manos de la empresa INV Metals, de Canadá, que pagó a I am Gold una cifra cercana a los 30.000.000 de dólares.
