Por segunda ocasión en este año, una empresa minera extranjera de capital privado hace maletas y se despide del Ecuador al no encontrar condiciones favorables para desarrollar sus proyectos, entre ellas el amplio rechazo social a una actividad altamente contaminante y saqueadora.
Fuente: El Comercio
En esta ocasión, la firma International Minerals Corporation (IMC) decidió poner a la venta las concesiones Río Blanco y Gaby en la provincia del Azuay. Ambos proyectos tienen reservas por un total 991 000 onzas de oro y 4,7 millones de onzas de plata, según reportes de la compañía con sede en Arizona (EE.UU.).
Estas minas pueden generar recursos por hasta USD 14 500 millones, según datos del Plan de Desarrollo Minero del Régimen. Pese a este escenario prometedor, IMC decidió vender los proyectos.
El 21 de noviembre pasado, la empresa informó en un reporte de prensa que ha seleccionado a un potencial comprador del proyecto Río Blanco. Detalló, sin embargo, que la finalización del acuerdo de venta está pendiente porque requiere la aprobación previa del Estado ecuatoriano.
También informó en el mismo comunicado que seleccionó un potencial comprador del proyecto Gaby. No reveló el nombre de los compradores. El proyecto Río Blanco estaba listo para entrar en fase de explotación desde agosto del 2011.
De hecho, en el 2006 la firma ya tenía listos los estudios de factibilidad, que fueron actualizados en el 2009. Solo esperaba terminar de negociar su contrato con el Estado, luego de que concluyera la negociación y firma del contrato con la canadiense Kinross.
¿Cuáles fueron entonces las causas para que la empresa quiera dejar el país? Siete de ellas se exponen en el resumen del informe ejecutivo de International Minerals de octubre pasado.
El documento (www.intlminerals.com) detalla, en primer lugar, que el proyecto sigue en fase de exploración por 20 años, sin llegar a producir. Además, que la industria minera está literalmente parada desde el 2008 en Ecuador, cuando la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Minero que detuvo toda la actividad.
En tercer lugar, la firma estadounidense advierte que no hay antecedentes de que la minería a gran escala deje beneficios económicos para el Estado y la población ecuatoriana. Lo cual refuerza la postura contra la actividad. Adicionalmente, los riesgos políticos y económicos en el país son cada vez mayores, dice IMC.
Una quinta razón que presenta la compañía es que hay una falta de claridad en la implementación de una nueva regulación minera. Ello, respecto al más reciente ofrecimiento de una reforma por parte del Gobierno.
Como sexto argumento, IMC señaló que hay componentes punitivos en las leyes mineras y tributarias. Entre ellos, el pago de regalías anticipadas, el margen de soberanía del Estado para tener al menos el 50% de las utilidades mineras, y el impuesto a las ganancias extraordinarias.
Este último tributo determina que el 70% de la utilidad generada por el alza del precio del oro o de la plata se quede en manos del Estado. La empresa señaló que este impuesto restringe el potencial de los proyectos mineros.
El Gobierno ha ofrecido reformar la ley vigente para que las empresas mineras puedan recuperar sus inversiones, aceptando que esta actividad es diferente a la petrolera, donde también se aplica un impuesto a los ingresos extraordinarios. Sin embargo, la reforma no se ha remitido a la Asamblea y hasta el viernes pasado no había llegado el texto para su tratamiento.
“IMC puede utilizar mejor sus recursos de administración y financiamiento en otras jurisdicciones más amigables con la minería”, señaló la empresa, que planeaba invertir USD 336 millones en Río Blanco. Respecto a la venta de las concesiones de IMC, el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, dijo en una rueda de prensa que “es normal la transferencia de derechos (de las compañías) en la industria minera.” Añadió que para algunas compañías el país sí es atractivo para la inversión minera y para otros no. Pástor señaló que sigue en evaluación la fecha para enviar a la Asamblea la reforma minera.
Un sector estancado
La firma Iamgold, que tenía a cargo el proyecto aurífero Quimsacocha, en Azuay, vendió su concesión en julio pasado a la firma canadiense INV con un castigo en su precio del 91%. Kinross continúa negociando desde hace dos años su contrato.
El Gobierno ofreció una reforma al impuesto de ingresos extraordinarios que aún no llega a la Asamblea. El sector minero sigue a la espera del ofrecimiento que podría concretarse en el 2013.
La china Ecuacorriente firmó su contrato en marzo pasado para explotar cobre en el proyecto Mirador. Prometió entregar un primer desembolso de USD 40 millones como regalías anticipadas hasta septiembre. Aún no lo ha realizado.
