La Fiscalía de Costa Rica anunció hoy que acusa de prevaricato (firma de resoluciones ilegales) al exministro de Ambiente y Energía (2006-2010) Roberto Dobles, por un caso sobre el otorgamiento de permisos a la firma de capital canadiense Industrias Infinito para la construcción de mina Crucitas.
Fuente: EFE
La institución confirmó en un comunicado que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ya firmó la acusación contra Dobles por dos delitos de prevaricato y que, además, involucra a otros siete funcionarios de menor rango.
El prevaricato, que es castigado con dos a seis años de prisión, está definido en el código penal como la emisión por parte de funcionarios públicos de “resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos”.
La acusación será presentada ante el Juzgado Penal de Hacienda dentro de los próximos diez días, explicó la Fiscalía.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró en 2010 como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La Sala I (casación) de la Corte Suprema de Justicia declaró el año pasado sin lugar una serie de apelaciones de la empresa minera y recomendó a la Fiscalía investigar a Dobles y también al expresidente Óscar Arias (2006-2010), quien firmó un decreto en el que declaró el proyecto minero como de “conveniencia nacional”.
El fiscal general, Jorge Chavarría, confirmó hoy a periodistas que en el caso de Arias se mantiene abierta una investigación desde hace un año y que no figura en la acusación.
Las personas acusadas son: la jefa del Registro Nacional Minero, Cinthya Cavallini, la secretaria de la Setena, Sonia Espinoza y otros cuatro funcionarios de la Setena, Eduardo Lezama, Jorge Boza, Carmen Cruz y José Corrales, informó la Fiscalía.
La empresa minera, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold, inició en 1995 la exploración minera en la zona de Las Crucitas, cercana a la frontera con Nicaragua, y siempre ha sostenido que contaba con los permisos necesarios para operar.
Según la firma ya había invertido unos 127 millones de dólares en Costa Rica, donde esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro durante los 10 años que preveía la concesión.
La empresa inició la construcción de la mina pero nunca pudo finalizarla ni extraer oro debido a múltiples acciones legales de grupos ambientalistas y posteriormente las resoluciones de los tribunales.
El Gobierno de Nicaragua también había mostrado su preocupación por la cercanía de unos tres kilómetros de la mina con la frontera y con el nicaragüense río San Juan, por el riesgo de contaminación.
