San José, 18 ene (EFE).- La compañía canadiense Industrias Infinito S.A. presentó hoy un recurso de casación en contra de una sentencia emitida en noviembre pasado que prohíbe su operación en Costa Rica, donde pretende explotar una mina de oro.
La firma, filial de Infinito Gold Inc., informó a través de un comunicado que presentó su apelación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que su casa matriz en Canadá instruyera a los abogados a presentar el recurso.
“Infinito Gold reitera su respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país”, por lo que espera que los magistrados anulen la sentencia en contra del proyecto Las Crucitas, una polémica mina de oro a cielo abierto que pretendía construirse en el norte de Costa Rica, cerca a la frontera con Nicaragua, señala el boletín.
En noviembre pasado un Tribunal Contencioso Administrativo ordenó cancelar la concesión minera del proyecto Las Crucitas.
Además, los jueces condenaron al Estado y a Industrias Infinito al pago de una reparación por los daños ambientales provocados por la tala de árboles en los trabajos iniciales de construcción.
El Tribunal anuló, asimismo, un Decreto Ejecutivo del ex presidente Óscar Arias (2006-2010) en el que declaraba de “interés público” el proyecto minero y le recomendó al Ministerio Público abrir causa judicial en contra del ex mandatario por esta acción.
“El Proyecto Crucitas no será la causa para poner en juego la seguridad jurídica que ofrece el país tanto a la inversión nacional como extranjera”, señaló el gerente de Relaciones Corporativas y Comunicación de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando.
Obando añadió que confía en que el nuevo proceso no provocará “un debate mediático” como ha sucedido por más de 15 años con el polémico proyecto, que es rechazado por la mayoría de la sociedad costarricense.
Ambientalistas se han opuesto rotundamente al proyecto por el uso de cianuro y la tala de árboles que conlleva, en una zona que consideran ecológicamente frágil.
Industrias Infinito inició la exploración en la zona de Las Crucitas en 1995 y contaba, de acuerdo con ellos, con todos los permisos necesarios para operar, pero la sentencia de noviembre señaló que hubo anomalías importantes en el proceso, el cual anuló.
El juicio de casación podría iniciarse en los próximos meses y resolverse este mismo año.
