Organizaciones internacionales de la sociedad civil reciben con satisfacción el anuncio de que la compañia desiste de su intención de llevar adelante el cuestionado proyecto “Las Crucitas”.
Fuente: Alerta Minera
El 15 de julio, Infinito Gold anunción que la totalidad de su personal directivo y encargados han presentado la renuncia, y que su principal accionista y acreedor ya no está dispuesto a invertir en este proyecto extractivo, que presenta un déficit superior a los 160 millones de dólares estadounidenses.
Durante unos quince años, y contra la voluntad del pueblo de Costa Rica, contrario en más de un 80% a la iniciativa según las encuestras, esta minera junior canadiense persiguió llevar adelante el proyecto ‘Las Crucitas’, en una zona próxima al río San Juan en la frontera con Nicaragua.
Tras haber perdido sus concesiones mineras, Infinito Gold presentó una demanda por valor de 94 millones de dólares contra el Gobierno costarricense en febrero de 2014 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, bajo los términos del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones Extranjeras firmado entre Canadá y Costa Rica en 1998.
Diversas acusaciones de corrupción enturbiaron la disputa, pues si bien la investigación terminó suspendiéndose por falta de pruebas, el ex-presidente Oscar arias fue acusado de haberle otorgado de manera indebida la licencia a Infinito Gold en el 2008 cuando ya existía en el país una moratoria contra todo tipo de minería a gran escala desde el año 2002.
Durante este controvertido proceso la empresa llegó incluso a atacar a quienes la criticaban. Al cabo del tiempo, Infinito Gold llegó a presentar hasta cinco demandas por difamación contra dos profesores universitarios, un abogado de un grupo ecologista e incluso dos diputados. En todos los casos se retiraron las acusaciones o las demandas no tuvieron éxito.
Las organizaciones firmantes han advertido, sin embargo, “que las políticas y protecciones de las empresas mineras canadienses, sin embargo, siguen intactas” por lo cual la lucha “no se ha acabado”. Durante más de 20 años -advierten- Canadá “ha buscado y negociado” acuerdos comerciales que promueven y protejen los derechos de los inversores con coste inasumible para los derechos humanos, laborales y ambientales”.
“A pesar de que las empresas extranjeras repetidamente han ganado demandas en contra de Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) , el Gobierno canadiense ha aceptado pagar este alto precio para brindar la apariencia, por lo menos, de seguridad a las empresas canadienses que operan fuera del país” -inciden-.
Por eso, “Canadá debería revocar, revisar o renegociar sus acuerdos comerciales y buscar una agenda hacia el exterior en base del respeto para los derechos humanos, colectivos, laborales y ambientales”.
El comunicado ha sido suscrito por Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN) (Canada), Blue Planet Project (Canadá), Center for Alternative Mining Development Policy (Estados Unidos), Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) (Estados Unidos), Comité pour les droits humains en Amérique Latine (CDHAL) (Canadá), Common Frontiers (Canada), Council of Canadians (Canadá), Entrepobles/Entrepueblos/Herriarte/Entrepobos (España), Information Group on Latin America (IGLA) (Austria), Institute for Policy Studies, Global Economy Program (Estados Unidos), Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS) (Canadá), Mining Injustice Solidarity Network (MISN) (Canadá), Mining Justice Alliance (Canadá), MiningWatch (Canadá), SalvAide (Canadá), Trade Justice Network (Canadá) y Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) (Canadá).
