Situación «dramática». La propuesta minera en Colombia implica una «transformación radical del país, con una actividad que tiene consecuencias irreversibles», dijo a Radio Mundo Real la politóloga Tatiana Rodríguez, integrante de la organización ecologista CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, en el VI Foro Nacional del Agua realizado el viernes y sábado en la capital del país, Bogotá.

Foto: Marcha en defensa del agua y el Páramo Santurbán amenazado por la megaminería, febrero 2011.

Por Danilo Urrea para Radio Mundo Real

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«La situación en cuanto a titulación (concesiones mineras ya otorgadas) y solicitud (de autorización para la actividad) abarca alrededor del 50 por ciento de Colombia, incluyendo las que se denominaron como áreas estratégicas mineras tras Rio+20, anunciadas por el presidente (Juan Manuel) Santos», agregó Tatiana en entrevista con nuestro corresponsal en Colombia, Danilo Urrea*.

«Rio+20» es como se llamó comúnmente a la conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable realizada del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil, a 20 años de la cumbre que el mismo organismo hizo en la misma ciudad, recordada como «Cumbre de la Tierra».

Más de 1400 personas, principalmente estudiantes, campesinos e integrantes de numerosas entidades sociales, asistieron al VI Foro Nacional del Agua en Bogotá, que centró el debate en torno al tema minero y que fue organizado por la Universidad Central de Colombia y CENSAT Agua Viva.

Tatiana realizó allí una presentación dando cuenta de la actualidad minera en Colombia. En una entrevista que Radio Mundo Real le realizara el 7 de agosto , la activista explicó que el territorio que ya fue habilitado y concesionado para operaciones mineras en Colombia, más el que fue incluido en solicitudes de autorización para esas actividades, suma alrededor del 40 por ciento del país. A esa cifra hay que agregarle dos millones de hectáreas que el gobierno declaró como zonas mineras estratégicas, en diversas partes de Colombia, más otros 17 millones también para minería en la Amazonia. «Si sumas todo eso ves que quieren dejarle el 50 por ciento del país únicamente a la actividad minera», manifestó Tatiana en agosto.

En el caso de los territorios de páramo, se guarda una correlación con el porcentaje a nivel nacional, pues aproximadamente el 50 por ciento de esos territorios ya están solicitados o titulados para actividades mineras.

«Así como lo indica incluso la ley, la minería en páramos no es posible, y se intenta proteger otros territorios que de pronto no tienen la misma consideración y que están igual o más vulnerables que los páramos», dijo Tatiana sobre el fin de semana.

En el VI Foro Nacional del Agua se presentó un acalorado debate en relación a los porcentajes de agua usados por la minería, pues los defensores de la industria minera mostraron que en lugares como Perú y Chile se usa del 2 al 4 por ciento de la totalidad de lo que ellos denominan recursos hídricos. Estas cifras contrastaron fuertemente con estudios presentados por Tatiana. «Las mismas compañías mineras muestran las cantidades gigantescas de agua que demandan tan sólo para el proceso mismo de beneficio de ciertos minerales, eso sin contar las aguas que se contaminan y los acuíferos que se dañan, se profundizan y se pierden», señaló la activista. «(…) Acá en los foros se pueden afirmar muchas cosas, pero en los territorios es donde se ve cuando se sufre por la escasez de la disponibilidad o por la contaminación de las aguas», agregó.

Un tema central hoy en Colombia es el de las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos analistas y sectores consideran que han sido las grandes corporaciones transnacionales las que han presionado al gobierno para que se realicen esas tratativas, para garantizar condiciones objetivas de seguridad a sus megaproyectos y la inversión extranjera directa. En relación a este tema, Rodríguez afirmó que «la forma y el fondo de lo que se está planteado como proceso de paz, muestra que aquí no hay un interés de solucionar las condiciones que dieron nacimiento al conflicto interno armado, y que persisten». «Aquí lo que hay es una obsesión por eso que se ha denominado la confianza inversionista, lo que se busca es generar unas condiciones para unas compañías», evaluó.

La politóloga concluyó que «es muy posible que lo que terminemos haciendo es que uno de los sectores acalle las armas, no sabemos por cuánto tiempo ni en qué condiciones, y no sabemos qué va a hacer la gente que está hoy viviendo de la guerra, no sabemos qué va a ocurrir con eso». «(…) Tanto las organizaciones ambientalistas como las comunidades están más arraigadas aún en el territorio, y el papel justamente es el de poner en esa agenda de negociación esos temas que no se están viendo, esos temas que están invisibilizados, para que realmente se discutan, se les de una solución y que esta no sea una paz de mentiras», agregó.

* Danilo Urrea es integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.