El pasado viernes 13 de julio de 2012, habitantes de los páramos de Boyacá, específicamente miembros de acueductos veredales, convocaron a una audiencia ambiental para debatir sobre las implicaciones de las actividades mineras sobre las aguas de sus territorios, específicamente en los páramos de Pisba y Tasco.
Fuente: Censat
La Audiencia transcurrió normalmente, hubo importantes debates en los que se expresaron los puntos de vista de los habitantes, mineros y no mineros. Sin embargo, al finalizar la jornada, personas que estaban en desacuerdo con las presentaciones que se hicieron cuestionando la minería agredieron a algunos organizadores, causándoles lesiones en la cara que, afortunadamente, fueron atendidas a tiempo y sin que llegaran a implicar complicaciones de largo plazo. Las personas atacadas fueron Mauricio Reyes, Mauricio González, Benicio Castañeda y Pablo Antonio Reyes, representantes de los acueductos veredales, organizadores y convocantes de la audiencia.
Además de expresar nuestro rotundo rechazo a expresiones de violencia que parecen querer callar opiniones que difieran de la explotación minera en la región, queremos difundir la relatoría de esta audiencia que es un ejemplo de organización comunitaria en defensa de las formas de vida campesina y del agua como bien común.
Relatoría y compromisos de la audiencia ambiental de Tasco, 13 de julio de 2012
Partiendo del hecho de que, por unanimidad, la comunidad de Tasco, campesinos, mineros, autoridades, hombres y mujeres, estamos totalmente de acuerdo en la importancia y prelación de las aguas, es necesario encontrar salidas conjuntas a los conflictos con la minería, salidas que en todo caso siempre tengan como prioridad la conservación, protección y garantía del recurso hídrico para el consumo humano, la siembra y la pervivencia de nuestra biodiversidad. Dentro de ello, se destaca el papel trascendental de los páramos y la obligación de defenderlos como bien común.
Algunos asuntos no son, por el contrario, acuerdos sino invitaciones a la reflexión. Por ejemplo:
• Se cuestionó si es cierto que la minería es una fuente de desarrollo y recursos para la población local, o si al final de todas las explotaciones lo que queda es desarraigo, pobreza e imposibilidad de retornar a la forma de vida tradicional.
• Si la minería consiste en la extracción de un recurso no renovable hasta su agotamiento, ¿es posible hablar de minería sostenible o, siendo realistas, debemos aspirar solamente a tener una minería responsable? Habría que partir de que la minería, aún realizada de la mejor manera, genera impactos irreversibles y con esa idea tomar decisiones sobre qué tipo de minería, en qué lugares, quiénes deben hacerla y hasta qué punto.
• Se destaca que la política actual del gobierno llamada locomotora minero-energética, no tiene espacio para los pequeños ni medianos mineros nacionales, sino que está diseñada para entregarle nuestros recursos a grandes compañías extranjeras. Por lo tanto, se rechaza la llegada de transnacionales al departamento.
Por otra parte, en la audiencia de hoy se recibieron denuncias que han sido ya interpuestas ante diferentes autoridades, pero ante la falta de respuesta, investigación efectiva y búsqueda de responsables, se hicieron nuevamente públicas ante las autoridades locales y regionales pertinentes. Dichas denuncias fueron:
• Que se siguen realizando explotación de minerales en zonas de páramo, territorios que la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de la ONU contra el Cambio Climático, el actual Plan Nacional de Desarrollo, entre otras normas nacionales e internacionales, protegen de este tipo de actividades.
• Que frente a la explotación minera en el páramo Ingeominas (hoy Agencia Nacional de Minería) y Corpoboyacá han ordenado el cierre de las minas y esas órdenes no ha sido cumplidas hasta la fecha por las autoridades locales. Si bien es cierto que las leyes se diseñan en el ámbito nacional, también lo es que es obligación de las autoridades locales garantizar su cumplimiento. Esa es justamente su labor como trabajadores públicos, mientras que los ciudadanos no pueden negarse a cumplirlas ni argumentar que no las conocen o que no ons suficientemente clara.
• Que no se han realizado las investigaciones técnicas pertinentes para comprobar las denuncias de la comunidad sobre la afectación en la calidad y cantidad del recurso hídrico que nace en los páramos de Boyacá, en lugares como quebradas, nacimientos y cuencas en general. Sin embargo, hasta ahora, sin contar con esos estudios, los habitantes de Tasco han comprobado las afectaciones a las aguas por la actividad minera sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
• Que una empresa multinacional ha recibido de parte de Corpoboyacá una licencia ambiental para actividades mineras, hecho que es ilegal según los argumentos ya mencionados.
• Que se han presentado amenazas para algunos de los líderes que no están de acuerdo con la actividad minera y que no se han adelantado las investigaciones del caso ni mucho menos se han tomado las medidas de protección que corresponden. Queremos destacar que en un Estado Social de Derecho como el colombiano, cuando se realiza una denuncia, la carga de la prueba no recae en las personas que hacen las denuncias sino en las autoridades que son las únicas en capacidad de investigar, recolectar las pruebas y tomar las decisiones pertinentes.
• Se llegó incluso al punto de que se encontró una bomba en un acueducto comunitario de Tasco, que afortunadamente no alcanzó a ser detonada.
• Se destacó que este tipo de hechos han sido denunciados ante diferentes autoridades desde hace por lo menos 10 años, sin que a la fecha se haya logrado una solución efectiva.
Ante estas consideraciones, los compromisos y acciones que se proponen en este evento son:
• Que la Agencia Nacional Minera suspenda los títulos mineros y Corpoboyacá las licencias ambientales que hayan sido entregados en zonas de páramo y le den toda la prioridad a las acciones dirigidas a evitar que se sigan explotando las minas que existen actualmente en esas zonas.
• Que las autoridades locales cumplan de inmediato con el ordenado cierre definitivo de las minas que se encuentren en zonas donde la actividad extractiva no esté permitida.
• Se propone que los mineros se comprometan de inmediato a no sacar, a partir de la fecha, ni un solo gramo de carbón en áreas excluidas de la actividad minera, principalmente los páramos de Boyacá.
• Que se investigue y sancione a los funcionarios que han entregado títulos mineros y licencias ambientales en zonas que abiertamente excluyen a la actividad minera.
• Que se inicien las investigaciones disciplinarias a los funcionarios que, tanto en el nivel local, como regional y nacional, no hayan cumplido cabalmente con sus deberes constitucionales y legales para prevenir, controlar y vigilar la actividad minera, así como para evitarla en las zonas excluidas.
• Que se proteja a las comunidades que, haciendo uso de sus derechos, se oponen a la minería en los páramos de Boyacá, frente a las amenazas de las que han sido objeto.
• Que, ya que los páramos son protegidos por normativa internacional, se solicita el apoyo de las ONG’s participantes para hacer una denuncia pública en ese mismo nivel internacional, en la que se evidencie la responsabilidad del Estado colombiano en el incumplimiento de la protección efectiva de estos ecosistemas únicos en el mundo.
• Se insta también a las autoridades a investigar y encontrar los responsables de poner una bomba en uno de los acueductos comunitarios de Tasco, aunque ésta afortunadamente no haya alcanzado a ser detonada.
• Se propone dar inicio a una mesa de diálogo y concertación para establecer las condiciones y seguimiento a la actividad minera legal en aquellas zonas en las que esta sea permitida y gestionar así el conflicto existente en el territorio. El ingeniero Miguel Ángel Camacho de la gobernación del Departamento se comprometió a gestionar una mesa municipal de concertación.
• Se exige que las autoridades pertinentes que no se hicieron presentes hoy (Corpoboyacá, Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, entre otras), ofrezcan una razón válida para excusarse por su ausencia y se pronuncien públicamente sobre el conflicto de la minería en los páramos de Boyacá.
• Se exige la presencia y explicación de las multinacionales mineras, de las cuales la comunidad ni siquiera tiene certeza de sus nombres y estado de sus proyectos. Se pide al alcalde que, tan pronto tenga noticia del interés de cualquier empresa en dar inicio a nuevos proyectos, haga pública esta información para todos los tasqueños.
• Es necesario que la comunidad tome decisiones sobre la megaminería transnacional en su territorio y por lo tanto se propone el mecanismo de consulta y consentimiento previo, libre e informado con respecto a los nuevos proyectos mineros, especialmente aquellos de gran minería a cargo de empresas transnacionales.
Estos compromisos se proponen como conclusión de la audiencia ambiental realizada en el municipio de Tasco, Boyacá, el 13 de julio de 2012.
Representantes de los Acueductos Comunitarios de Tasco, Boyacá.
